La Fiscalía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusó al opositor José Noel Talavera Arauz, de 56 años, en Ocotal, Nueva Segovia, por «supervisar» las votaciones municipales de noviembre pasado y por realizar supuestas acciones desestabilizadoras contra la dictadura desde hace tres años.
La Fiscalía señala a Talavera de recibir instrucciones, a través de WhatsApp, para supervisar y llevar un control de las cuestionadas elecciones municipales que estuvieron marcadas por la escasa participación de votantes y en las que el régimen se abjudicó las 153 alcaldías del país.
En la acusación, el Ministerio Público indica que el acusado recibió instrucciones desde el número de teléfono +505 58280615, registrado como “ética y trasnp”, para informar si había propaganda en el Centro de Votación donde le tocaba votar.
Según la acusación, Talavera también debía reportar la cantidad de votantes, verificar quiénes eran los integrantes de las mesas de las Juntas Receptoras de Voto (JRV), la presencia de fiscales, si existía seguridad personal y otras irregularidades que es pudieran presentar.
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«Con este accionar el acusado José Noel Talavera Araúz, quedo en evidencia que utilizó este mecanismo y subterfugio, para tratar de manipular la información en un sector de la población del municipio de Dipilto, utilizando las tecnologías de información y la comunicación se trató de instar y provocar para que grupos organizados generen violencia callejera de manera artificial», indica el libelo acusatorio.
En la audiencia preliminar celebrada el 14 de noviembre, la jueza Marbellí Blandón Alfaro admitió la acusación, y decretó prisión preventiva, bajo el argumento de que el acusado podría evadir la justicia e intimidar a los testigos.
El Ministerio Público acusa a Talavera Arauz de ser autor directo de provocación para cometer menoscabo a la integridad nacional, en concurso real de propagación de noticias falsas a través de la tecnologías de la información y la comunicación.
El opositor era controlado desde el 2019
La Fiscalía también acusa a Talavera de planificar una reunión en agosto de 2019 usando las redes sociales en el municipio de Mozonte, con el fin de organizarse con otros pobladores para realizar «acciones desestabilizadores en contra del gobierno».
En la acusación, el Ministerio Público reitera que el acusado ha incurrido en acciones de menoscabo a la integridad nacional desde el 2019, tanto en el plano físico y a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
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A la vez señala que el 7 de enero de este año, Talavera junto a otras personas «planificaron realizar pintas, en diferentes partes casco urbano del municipio de Dipilto», en rechazo a las elecciones generales de noviembre de 2021 y para exigir la liberación de los presos políticos.
En su breve intervención, Talavera negó haber cometido los hechos narrados por la fiscal y al no contar con un abogado privado, la judicial le asignó un defensor público.
La judicial programó para el 23 de noviembre la audiencia inicial en la que se determinará si el opositor acusado será remitido a juicio.