CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.A cuatro años del estallido de la crisis sociopolítica de Nicaragua, varios funcionarios del régimen de Daniel Ortega continúan desertando de sus filas, sobre todo, magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que han jugado un papel represivo y violatorio de los derechos humanos durante dicho contexto, al imponer extensas condenas a opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sin pruebas y en casos fabricados.
Podría interesarle: Expertos citan las evidencias de las acciones represivas del poder judicial contra los opositores en Nicaragua
Entre el 2019 y en lo que va 2022, al menos siete trabajadores del poder judicial, desde magistrados, jueces y hasta una asistente han renunciado, mientras otros han abandonado sus cargos. Cinco de ellos han huido del régimen y buscado protección en Costa Rica y Estados Unidos.
Rafael «Payo» Solís
Rafael Solís Cerda, quien respaldó por más de diez años la permanencia de Ortega en la Presidencia y uno de sus más cercanos colaboradores desde las altas estructuras del poder judicial, renunció al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 8 de enero de 2019, a través de una carta dirigida a la pareja dictatorial.
El exmagistrado, exiliado en Costa Rica desde enero de ese mismo año, pidió su renuncia inmediata e irrevocable a Daniel Ortega, Rosario Murillo y Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Asimismo, detalló que renunció a todos los cargos políticos, incluida la militancia en el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La carta a su vez fue una denuncia sobre la represión del régimen contra las protestas civiles iniciadas en abril de 2018, que demandaban la salida de Ortega del poder y que ha dejado más de 500 muertos, según organismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.
Carlos Aguerri Hurtado
A la semana siguiente de la renuncia de Solís, el exmagistrado Carlos Aguerri Hurtado se convirtió en el segundo juez en dejar el puesto en medio de la crisis política que vive el país.
La renuncia de Aguerri como magistrado de la Corte Suprema de Justicia se oficializó el jueves 17 de enero de 2019. Aunque se conoció que él dejó su cargo desde agosto de 2018. Y el 23 de enero, los diputados en la Asamblea Nacional aceptaron por unanimidad la renuncia.
Aguerri Hurtado fue electo magistrado en abril del 2014 junto a más de cincuenta altos funcionarios, siendo propuesto entonces por la bancada orteguista, aunque siempre se declaró como representante de la empresa privada.
Aguerri Hurtado fue asesor del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en la Asamblea, y es tío del expresidente de esa cámara, José Adán Aguerri, actual preso político de Ortega. Fue miembro de la Sala Constitucional desde julio del 2014.
Arlen Escoto Cruz
El 10 de enero de 2022, mientras Ortega se preparaba para realizar el acto de autoinvestidura después de un proceso electoral declarado por la comunidad internacional como ilegítimo, la extrabajadora del poder judicial, Arlen Escoto, quien se desempeñaba como secretaria de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) salió del país para pedir asilo en Estados Unidos.
“Yo con mis principios ya no encajaba ahí, lo miraba todo mal y empecé a decirme que no debía estar ahí en ese lugar”, contó Escoto, quien también fue juez suplente, al medio Nicaragua Investiga en abril de este año.
Durante estos cuatro años de crisis, Escoto también tuvo que soportar que el régimen encarcelara a su tío Roberto Cruz, quien participó en las protestas de abril de 2018 y fue acusado luego de tres cargos criminales.
Roberto Zúñiga
El exjuez Roberto Zúñiga, del municipio de Puerto Morazán-Tonalá, Chinandega, salió de Nicaragua en julio pasado y decidió pedir asilo político en Estados Unidos, confirmó a través de sus redes el abogado Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial.
“Mientras unos inseguros tienen que mostrar su fidelidad rindiendo culto a Ortega y su proyecto familiar, en una realidad paralela el juez Roberto Zúñiga del municipio Puerto Morazán-Tonalá, Chinandega, abandona el cargo y el país para salir por veredas junto a toda su familia”, cita la publicación del abogado.
Liseth Santamaría Duarte
En septiembre pasado, también se conoció sobre el exilio de Liseth de los Ángeles Santamaría Duarte, la entonces jueza Local Penal de Nueva Guinea, de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, quien laboró durante 16 años en el poder judicial.
En entrevista con el medio digital Nicaragua Actual, la exjueza de Nueva Guinea, exiliada en EE. UU., dijo que fueron muchos los motivos y razones que la impulsaron a poner su renuncia y salir del país, una de ellas la presión a la estaba sometida en su trabajo como jueza.
Según relató, ella aprovechó las vacaciones de fin de año para salir del país, pero antes había dejado su carta de renuncia y un poder generalísimo a su mamá para que le entregara al Complejo Judicial cuando ella saliera de Nicaragua junto con sus hijos.
Agregó que en el Complejo Judicial le recibieron la renuncia, pero posteriormente supo por un compañero de trabajo que no la liquidaron, sino más bien lo que hicieron fue destituirla del cargo para no darle su liquidación de 16 años de trabajo en el poder judicial.
Ileana Pérez
El 21 de octubre pasado, la magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y de Familia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), renunció a su cargo. La renuncia de la exmagistrada fue presentada días después que se conociera que había sido llevada a un interrogatorio a las celdas del Chipote en Managua.
Según la carta de renuncia, Pérez argumentó problemas de salud “que requieren de atención”. El 25 de octubre, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la dictadura de Ortega, aprobó la “renuncia” de Pérez como magistrada de la CSJ. La dimisión fue aprobada por 88 votos a favor, de un total de 91 diputados.
Roberto Larios
En este mismo contexto fue despedido y encarcelado el vocero de la CSJ, Roberto Larios Meléndez. El pasado 18 de octubre, Larios fue acusado formalmente por el delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, el cual también es conocido como traición a la patria, acusación que es habitual contra los opositores.
María Concepción Ugarte
La jueza Sexto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria, María Concepción Ugarte, se exilió el pasado viernes en Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, quien también se encuentra exiliado en ese país.
Cuevas afirmó a este Diario que un familiar se contactó con él para pedirle asesoría sobre el exilio de Ugarte, quien supuestamente posee pruebas contra la dictadura Ortega-Murillo.
El abogado Yader Morazán la recuerda como «fanática sandinista» y protegida del magistrado Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ.
