Hubo un tiempo en que la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ileana Pérez, ostentó un poder absoluto. Llegaba a Rivas —una zona estratégica considerada una mina de oro por los conflictos de propiedad—, envuelta en el poder que le concedía Néstor Moncada Lau, el temible asistente del dictador Daniel Ortega, para poner a temblar a jueces, registradores públicos, procuradores y todo el que se interpusiera en su camino. De aquel poder ya no queda nada. La magistrada ahora solo recibe su cheque todos los meses. No firma nada, no propone nada. Y el golpe final le fue dado este martes 18 de octubre, cuando fue llevada a la cárcel el Chipote.
El traslado al Chipote de Pérez y el arresto el fin de semana de otro leal, el vocero de la CSJ, Roberto Larios, tiene nerviosos a los magistrados sandinistas. La mañana de este miércoles varios de ellos estaban reunidos en la oficina del magistrado Gerardo Arce.
“Están con miedo, están en pleitos y no saben quién más puede caer”, dijo una fuente de la CSJ a LA PRENSA.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia al servicio de la dictadura se distribuyen las zonas del país. Desde su llegada al poder judicial, luego de una meteórica carrera como juez al servicio de los intereses sandinistas, a Pérez le asignaron la zona de Rivas. Por sus playas paradisiacas, conflictos de propiedad derivados de la piñata en los años ochentas y miles de hectáreas sin dueños verificados, la zona es considerada una mina de oro.
También la familia presidencial y el FSLN tienen intereses en ese departamento a través de cooperativas, inversiones turísticas y fincas en la zona de Brito.
Luego de años ostentando el poder sin límites, llegó la desgracia para la magistrada Pérez. Una casa decomisada en un juicio a un narcotraficante fue inscrita a nombre de uno de sus hermanos, según fuentes del poder judicial. Irse por la libre le costó caro. Fue llevada al Chipote e interrogada.
Ni estar emparentada con Moncada Lau pudo mantenerla en el poder. “Ella es presidenta de la Sala Civil de la Corte, pero no tiene ninguna función. La zona de Rivas ya no la ve ella y prácticamente solo recibe sus cheques mensuales”, dijo la fuente.
La fuente judicial refirió que se hablaba que en noviembre la magistrada Pérez sería enviada a la Contraloría. “No la botan definitivamente, pero la remocionan. No es lo mismo ser magistrado con un generoso salario, beneficios y plan de retiro, además que un sueño de todo abogado retirarse como magistrado a ser contralor”, dijo la fuente.
El registrador público de Rivas, Jeiner Herrera, fue destituido de su cargo, igual que el alcalde de esa ciudad Wil López, por sus negocios con la magistrada.
“A ellos, la parte más frágil del eslabón, no los pudieron salvar. A ella la salvó el presidente Ortega, si fuera por doña Rosario ya estuviera presa. Parece que ahora sí le han hecho caso a la compañera”, dijo la fuente.