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El régimen de Daniel Ortega aumentará la asignación presupuestaria de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua en 2023, lo que para el experto en seguridad, Javier Meléndez, «responde esencialmente a un plan de subordinación total de las instancias de seguridad y defensa nacional a la familia Ortega-Murillo», que se sostiene en el poder por las armas.
El incremento está consignado en el proyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2023, que fue presentado este martes 25 de octubre por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ante la Asamblea Nacional de Nicaragua.
El documento establece que la Policía Nacional recibirá el próximo año un aumento de 6.5 por ciento, mientras que el aumento del Ejército será de 14.6 por ciento, respecto al presupuesto aprobado en 2022.
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Como una manera de justificar el aumento de recursos a estas dos instituciones, la iniciativa de Ley de Presupuesto 2023 manifiesta que es una prioridad atender «la protección y seguridad de las personas, familias y comunidades, así como de sus bienes, y la seguridad y defensa de la soberanía nacional e integridad territorial, de la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y mantener un ambiente de seguridad en las áreas productivas, contribuyendo a alcanzar una mejor calidad de vida de las familias nicaragüenses».
«En ese sentido, se asignan recursos a la Policía Nacional por el monto de 4,311.0 millones de córdobas y al Ejército de Nicaragua por 3,455.8 millones de córdobas, con incremento de 262.9 millones de córdobas (6.5 por ciento) y 440.6 millones de córdobas (14.6 por ciento), respecto al presupuesto aprobado 2022, respectivamente».
Tendencia regional, pero Nicaragua es un caso aparte
Meléndez, quien está al frente del centro de investigación Expediente Abierto, reconoció que en la región centroamericana, en los últimos años, hay una tendencia de los gobiernos a incrementar el presupuesto de las instancias de defensa y seguridad, pero en el caso particular de Nicaragua, el régimen dictatorial de Ortega y su esposa se sostiene por las armas, así que le dan más prioridad a estas dos instituciones.
«Cuando se examina la variación del gasto entre 2012 y 2021 (10 años), Nicaragua es el país que más incrementó su gasto en seguridad en Centroamérica, excluyendo Costa Rica que no lo tenemos registrado, entonces ese dato te dice de que Ortega desde siempre tuvo la vocación de cooptar a la Policía a través del Presupuesto General de la República sin contar otras muchas regalías y privilegios que da a los mandos para asegurar la lealtad perruna», explicó el investigador.
Prioridad es la represión
Meléndez explicó que la Policía y el Ejército son «instituciones que básicamente asignan casi todo su presupuesto al gasto corriente y lo poco que pueden modernizar o refaccionar, lo asignan para tecnologías y equipamiento claramente orientado a incrementar la logística de la represión y no de la seguridad ciudadana ni propiamente de la defensa nacional».
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Con base en las observaciones que han hecho después de 2018, el investigador puede afirmar que 2021 fue cuando hubo el mayor incremento de asignación presupuestaria para la Policía.
«El pico más notable que se da en el incremento del gasto en seguridad, luego del inicio de la crisis de 2018, fue la asignación y el gasto del 2021 que en relación con el 2020 incrementó en un 15 por ciento. El incremento del presupuesto 2022, en relación al 2023, es de poco más del 8 por ciento. Esto podría ser porque tienen un sentimiento que ahora sí tienen a todos dentro de Nicaragua superdomesticados. Pero también no se puede descartar que les llegue dinero por otras vías fuera del presupuesto, a través de donaciones de China y quizás de Rusia», valoró el experto en seguridad.
Policía pierde profesionalismo
Por otra parte, Meléndez valoró que el «plan de subordinación» de la Policía «tiene consecuencias que atrofian las instituciones, porque para garantizar la lealtad a la familia (Ortega Murillo) la Policía se llena de mandos que realmente son innecesarios y que a la vez limitan el desarrollo profesional de los nuevos oficiales».
También dijo que «tienen que incrementar el reclutamiento y descuidar la educación policial y militar, porque el objetivo es tener disponible y en el mayor breve plazo posible tanta gente como se puede, para reforzar los niveles de represión ciudadana que hoy en día no se ven en ningún país de las Américas».
En Nicaragua, la Policía es una institución usada por el régimen orteguista para reprimir las voces críticas y las expresiones de protesta. En 2018, el cuerpo policial y civiles armados afines a Ortega encabezaron una brutal represión contra manifestantes civiles que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por otra parte, el Ejército, encabezado por el general Julio César Avilés, siempre ha negado su participación en la represión armada de 2018, sin embargo, organismos internacionales confirmaron que se usaron armas de guerra de alto calibre.
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