Aunque el consenso casi unánime de una resolución que se aprobó la semana pasada contra el régimen de Daniel Ortega en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) fue un paso positivo, un exdiplomático señaló que se debió ser más contundente contra los abusos de la dictadura, porque esa unanimidad fue producto de una resolución con un mensaje bastante tibio.
Analistas señalan que después de este logro diplomático para la lucha por la democracia en Nicaragua, aún con las debilidades que se puedan identificar, vienen más desafíos para la comunidad internacional, especialmente con la creación de una comisión y además para la oposición nicaragüense.
En la aprobación de otras resoluciones sobre esta misma crisis que oprime a Nicaragua desde 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA), conformada por 34 países, no llegaba ni a los 30 votos. Lo máximo generalmente eran 25 votos a favor.
México, Argentina, Honduras, Belice, Bolivia, San Cristóbal y las Nieves, San Vicente y las Granadinas, El Salvador y Santa Lucía, son los países que casi siempre se abstenían a la hora de votar una declaración crítica sobre la situación de Nicaragua.
Pero este 7 de octubre en la Asamblea General de la OEA, la resolución titulada «La Crisis Política y Derechos Humanos en Nicaragua», fue aprobada por aclamación. Los 32 Estados Miembros presentes –solo Nicaragua y Venezuela no estaban–, aprobaron la liberación de los presos políticos, el cese de detenciones contra líderes religiosos, y persecución a la integridad de los periodistas, entre otros puntos.
Solo las delegaciones Honduras, El Salvador y San Vicente y las Granadinas anunciaron una nota al pie de página, indicando «la soberanía y autodeterminación» de Nicaragua. Estos tres países son del grupo que no ha condenado de manera firme la represión de Nicaragua, sin embargo, tampoco votaron en contra de esta última resolución.
El exdiplomático no duda que es «un logro importante que un grupo minoritario de países, que hasta hoy se habían abstenido o votado en contra de las numerosas resoluciones aprobadas anteriormente por la Asamblea General de la OEA o el Consejo Permanente, reconozcan finalmente la realidad de las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad en Nicaragua», pero ¿cuál fue el costo?
«Eso ha tenido un precio. En la ausencia de condena a esos hechos, los términos sumamente blandos en que está redactada la resolución y la ausencia de soluciones», manifestó el exdiplomático.
La fuente señaló además que no se sabe «hasta dónde los países serán consecuentes con ese reconocimiento de los hechos».
«Haber logrado un consenso, sin ninguna abstención ni voto en contra, es aparentemente un avance; pero nada te garantiza que estos países como Honduras o El Salvador, San Vicente y las Granadinas o México, cambien al día siguiente de posición. Han demostrado una total falta de consecuencia con los principios de la Carta de la OEA y la Carta democrática», insistió el exdiplomático.
«Cansados de condenas»
Por su parte, la opositora en el exilio, Haydeé Castillo, opinó que los organismos están cansados de condenar al régimen orteguista, por eso cree que lo que primó en esta resolución fueron las demandas de respeto a las libertades y derechos humanos.
Para Castillo, el mensaje más importante es la aprobación unánime de la declaración, porque para ella eso deja claro que todos los países consideran que en Nicaragua hay una dictadura.
«Hay un total consenso internacional que en Nicaragua hay una dictadura que cometió crímenes de lesa humanidad y que rompió el orden constitucional y que no está dispuesto a asumir ninguna recomendación de parte de la comunidad internacional», dijo Castillo.
¿Qué sigue?
Después de lograr la unidad de la comunidad internacional, alrededor de que en Nicaragua Daniel Ortega está violando los derechos humanos, lo que sigue, según Castillo, es lograr que los grupos opositores también tengan la voluntad de construir un bloque unificado y una propuesta consensuada.
«Se tiene que avanzar al tema de la unidad, de la construcción de ese bloque común de oposición, con una dirección política colegiada que goce del consenso y de la legitimidad, con las personas y las organizaciones que así lo deseen en este momento», valoró Castillo.
La opositora manifestó que se debe evitar cometer los mismos errores que se cometieron con la Coalición Nacional, una fallida plataforma de unidad opositora, que nunca logró el consenso de los grupos que la integraron, aunque todas tenían el mismo interés de sacar a Ortega del poder.
Diálogo y mediación
El politólogo Manuel Orozco, quien sigue muy de cerca los procesos sobre Nicaragua en la OEA, ve lo positivo del consenso regional en la resolución.
«El significado de la resolución de la Asamblea General es sencillo, en lo sustantivo, significa que las Américas saben muy bien la magnitud de represión que prevalece en Nicaragua y que la respuesta proporcional necesaria sigue siendo incompleta y que la cooperación regional tiene que continuar», expresó el politólogo.
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Orozco valoró la importancia de mantener abierta la puerta de diálogo y mediación para Ortega, lo que, según él, le pone presión al régimen nicaragüense.
«Saben que hay que mantener la oferta de diálogo y mediación, mientras se mantiene la presión. Esa presión la están reconsiderando en función del financiamiento externo injustificado y sin rendimiento de cuentas, en la extensión de sanciones y en la constante denuncia.
«Esa presión la están reconsiderando en función del financiamiento externo injustificado y sin rendimiento de cuentas, en la extensión de sanciones y en la constante denuncia», agregó el politólogo.
Comisión de alto nivel
El último punto de la Resolución sobre Nicaragua, «invita» a los Estados Miembros a crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al Gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos pertinentes.
En el pasado se han creado otras comisiones de alto nivel de la OEA, que no han podido llegar a Ortega para el diálogo y la mediación. El exdiplomático explicó que en esta ocasión no es la Asamblea la que decide crear la comisión, sino que se deja en manos de la iniciativa de los países.
«La Comisión no tiene plazos ni mandato de la Asamblea y, en consecuencia, no estaría vinculada jurídicamente a ella. El problema, como han señalado muchos, es que ese tipo de comisiones requieren la aceptación del gobierno de Nicaragua y ese tipo de propuestas hasta hoy han sido rechazadas», manifestó la fuente.
En ese sentido, el exdiplomático consideró que no se trata de los medios de solución, sino la falta de voluntad de Ortega.
«La Carta de la OEA y la Carta Democrática, así como la Carta de la ONU, contemplan un abanico amplio de estos medios de solución pacífica de controversias, pero todos ellos requieren la voluntad y el ánimo de las partes de llegar a un acuerdo y hasta ahora la comunidad internacional se ha topado con la negativa cerrada de Ortega», valoró la fuente.
Agregó que «esta o cualquier otra comisión mediadora o misión de buenos oficios» debe ir acompañada de «presión efectiva», «que eleven los costos de su rechazo y hagan atractivos los beneficios de aceptarla».
«Sin esa presión efectiva, toda iniciativa de negociación o salida diplomática estará condenada al fracaso. No bastan las buenas palabras», dijo el exdiplomático.
Por su parte, el politólogo Orozco manifestó que la comisión debe ser vista como un vehículo separado de la Secretaría General de la OEA y diferente a una misión.
«Es un método de los estados miembros darle discreción a ellos mismos de cómo proseguir con Nicaragua. Desde recomendar acciones concretas, incluyendo acercarse al gobierno para promover diálogo, como otro tipo de acciones», expresó Orozco.
