El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) valoró en un análisis publicado este 3 de octubre en su sitio web, que Estados Unidos debe aumentar el nivel de presión económica contra el régimen de Daniel Ortega, por lo que recomienda “sanciones a entidades de alto impacto”, entre las que menciona al Ejército de Nicaragua.
El análisis manifiesta que “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) debería congelar cualquier activo militar o del régimen de Ortega en bancos estadounidenses o invertido en el mercado de valores estadounidense”.
“Se deben promulgar sanciones adicionales contra el Ejército de Nicaragua y el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el lucrativo fondo de pensiones e inversiones del Ejército de Nicaragua, junto con otras entidades gubernamentales vinculadas a la represión patrocinada por el Estado o implicadas en abusos contra los derechos humanos”, manifiesta el escrito.
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El CSIS valora que “hay mucho camino para más sanciones, y la reciente legislación de la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer) otorga a los Estados Unidos la autoridad para hacerlo”.
Sanciones al mismo nivel de la cruenta represión de Ortega
El análisis recuerda que en los últimos años, Estados Unidos ha promulgado sanciones contra numerosas personas de alto nivel en el régimen, así como revocado los privilegios de visa estadounidense para los funcionarios del Gobierno y sus familias. Sin embargo, el CSIS valora que la “nueva etapa represiva del régimen de Ortega-Murillo, que busca sellar una dictadura dinástica”, requiere más firmeza para castigar a los violadores de derechos humanos.
El CSIS considera que “el tiempo de las sanciones individuales probablemente ya pasó”, pero se deben mantener, por eso, otra recomendación es “imponer sanciones contra miembros del poder judicial, alcaldes y policías que estén directamente bajo el control de Ortega y hayan estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos”.
“Estas sanciones incluirían a individuos en la oficina del fiscal público, que fabrican casos contra miembros de la oposición, la oficina del fiscal general y la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua”.
Además señala que “Estados Unidos también debería aumentar sus esfuerzos para hacer cumplir la Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua (NICA) de 2018, que restringe el acceso del país a préstamos de instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), hasta que el régimen demuestre que está manteniendo elecciones libres y justas”.
“Aunque la NICA ha estado en vigor durante cuatro años, la falta de aplicación ha significado que el régimen de Ortega se haya beneficiado de miles de millones de dólares de los bancos multilaterales en los últimos años”, reporta el estudio.
Aplaude el retiro de la cuota del azúcar
Otro paso alternativo que recomienda el Centro de Estudios es “la revisión de los privilegios comerciales entre Estados Unidos y Nicaragua, que Estados Unidos puede promulgar unilateralmente”.
“La administración de Biden dio un paso importante, y muy esperado, cuando revocó la cuota de azúcar de Nicaragua para 2023, ya que el azúcar es una industria clave en el país. Estados Unidos podría considerar prohibiciones similares en varias industrias importantes, como la carne, el café, los textiles y el tabaco. Estas acciones darían un gran golpe al régimen, dado que Nicaragua es el país menos diversificado de Centroamérica, con más del 60 por ciento de sus exportaciones destinadas a Estados Unidos”, manifiesta el escrito.
El análisis de la CSIS hace un repaso por la actual situación de crisis política en Nicaragua, con el encarcelamiento del obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, y al menos 10 religiosos de la Iglesia católica, persecución a periodistas, líderes de la sociedad civil, opositores políticos y aquellos que han expresado públicamente opiniones contrarias al régimen.