La cercana relación del régimen de Daniel Ortega con pastores evangélicos, no ha frenado la cancelación de ministerios y asociaciones cristianas, constituidas como Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL/ONG). Cada vez más organismos evagélicos aparecen en los listados de cancelaciones de personalidades jurídicas de ONG, ahora por medio del Ministerio de Gobernación (Migob).
Entre las 80 ONG nacionales canceladas el pasado 29 de septiemrbre, a través de un Acuerdo del Migob, aparecen al menos nueve asociaciones evangélicas afectadas: Asociación Cristiana Pasos de Nicaragua, que tenía personalidad jurídica desde el 25 de junio de 2012; Asociación Ministerio Cristiano «Juventud Nueva», con legalidad desde el 29 de junio de 1994; Asociación Nueva Visión Cristiana, con legalidad desde el 17 de noviembre de 2006; Asociación Ministerio Internacional Manantiales de Vida (Manantiales de Vida), con legalidad desde el 18 de febrero de 2013.
Tambié el Instituto Bíblico Interdenominacional «El Renuevo de Jesucristo», que tenía personalidad jurídica desde el 28 de marzo de 1990; Fundación Nacional Cristiana del Adulto Mayor (Funacam), con legalidad desde el 11 de noviembre de 2013; Fundación Cristiana para Ayuda Humanitaria Dr. Hennigston Omeir Webster in Memorian o Christian Humanitarian Help Foundation Dr. Henningston Omeir Webster in Memorian (Funchal), con legalidad desde el 17 de junio de 2011; Asociación Fraternidad de Iglesias Evangélicas Luz del Mundo (FIEL), con legalidad desde el 12 de abril de 2012; Asociación Luz y Esperanza «Un Ministerio a los más Necesitados de Nicaragua (Aleumnic)», con legalidad desde el 20 de junio de 2003.
Y en la última cancelación de 63 ONG nacionales, aparecen al menos seis asociaciones evangélicas afectadas: Asociación Concilio de Iglesias de Cristo Misionera, a la que se le otorgó su personalidad jurídica el 12 de agosto de 1991; Fundación Jesús Salvador del Mundo (FJSM), con legalidad desde el 17 de abril de 1996; Asociación de Iglesias Evangélicas «El Renuevo de Jehová», con legalidad desde el 12 de septiembre de 1990; Asociación Iglesia de Cristo en Nicaragua, Romanos: 16-16, con legalidad desde el el 1 de octubre de 1996; Asociación Ministerio Evangelístico Misionero Jehová Jireh, con legalidad desde el 24 de julio de 1996; Asociación Ministerio Pentecostal: Cristo, Amor, Avivamiento y Sanidad, con legalidad desde el 24 de octubre de 1997.
Solo seis en primer semestre 2022
Mientras que en el primer semestre de este año solo fueron canceladas seis asociaciones evangélicas, entre las 350 que se contaban hasta el 2 de junio 2022, entre estas: Asociación Ministerio Generación sin Código; Asociación Instituto Nicaragüense de Evangelismo a Fondo (INDEF); Asociación Ministerio Estudiantes Internacionales de Nicaragua (MEINIC); Fundación Fratum; Fundación Amor al Prójimo y Fundación Emanuel «Fé».
Actualmente ya suman 2,193 ONG canceladas solo este año. El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más denunció en un comunicado publicado este sábado 8 de octubre, que 2,275 ONG han sido canceladas desde 2018, entre nacionales y extranjera.
Todas los organismos canceldos son señalados por el Migob de no reportar sus estados financieros, tener juntas directivas vencidas, incumplir con la Ley general de regulación de agentes extranjeros, la Ley general de regulación y control de OSFL y la Ley de lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El auge de las ONG evangélicas
Tras el regreso al poder de Ortega en 2007, se dio un auge de aprobaciones de personalidades jurídicas a asociaciones evangélicas a través de la Asamblea Nacional. Las numerosas aprobaciones de ONG evangélicas fueron muy frecuentes en los dos primeros períodos de gobierno de Daniel Ortega (2007-2011 y 2012-2016). Algunas veces se aprobaban solo cuatro en una sesión plenaria, otras veces 10 y no una vez se aprobaron más de 20 en esos años.
El exdiputado opositor, Eliseo Núñez Morales, confirmó que fue «abundante» el número de ONG evangélicas aprobadas durante esos períodos.
En septiembre de 2016, la Asamblea Nacional aprobó en una sola sesión ordinaria 48 personalidades jurídicas, de las cuales 32 eran asociaciones evangélicas. En la actualidad, la aprobación y cancelación de ONG se hacen a través del Ministerio de Gobernación, según los establecimientos de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada en marzo 2022.
Aún así, no se puede negar la cercanía de Ortega con el sector evangélico. Este 22 de septiembre, dirigentes de diferentes congregaciones evangélicas realizaron un «Congreso de Pastores Unidos» en el centro de convenciones Olof Palme, promovido por la Secretaría de la Juventud, que es una instancia del régimen orteguista, y la Alcaldía de Managua, también controlada por el partido gobernante.
Lea además: Cónclave de pastores evangélicos en Managua patrocinado por la dictadura Ortega Murillo
Entre las organizaciones religiosas promoviendo el evento se podía ver a las Asambleas de Dios, la red más grande de iglesias evangélicas del país y la Convención Bautista de Nicaragua, dueña de la otrora Universidad Politécnica de Nicaragua, confiscada por el gobierno de Ortega hace varios meses y cuyo rector, Norberto Herrera, tuvo que irse al exilio, según constató LA PRENSA.
Títulos de propiedad para los evangélicos
Otro dato que confirma el apoyo de Ortega al sector evangélico es la entrega títulos de propiedad para la fundación de sus templos.
En marzo de 2018, los medios oficialistas divulgaron que el Gobierno entregó 109 títulos y solvencias de propiedad a pastores evangélicos, lo que en ese momento totalizó una cantidad de 853 documentos de propiedad en diferentes municipios del país.
El secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, fue el encargado en ese momento de representar al Gobierno central en la entrega de los títulos, según una nota de El 19 Digital: «Entregan títulos de propiedad a 78 iglesias evangélicas en Nicaragua».

Moreno reiteró en esa ocasión que el Gobierno seguiría trabajando para que todas las iglesias tengan seguridad jurídica en sus templos y dijo que el reto en 2018 era legalizar las aproximadamente 2 mil solicitudes existentes.