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CONTENIDO EXCLUSIVO.Han transcurrido 36 días desde que el régimen de Daniel Ortega se robó la inversión del empresario Mario Hurtado. Y 27 días desde que consumó el asalto, anunciando una acusación pública contra Hurtado de supuesto lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos, y desde entonces todo quedó en una simple conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Hasta ayer el régimen no había ni siquiera notificado a Hurtado de un proceso judicial en su contra y se desconoce el paradero o devolución de más de 20 mil prendas de garantías a los clientes de las 38 casas de empeño, tomadas de manera relámpago y sin presentar una orden judicial el pasado 15 de agosto de 2022.
“Todavía no tenemos ningún documento, ni chiquito ni grande, donde el Gobierno diga cuál es su posición sobre los supuestos delitos, que por supuesto no cometimos y que el Gobierno quiere justificar la confiscación de más de cinco millones de dólares”, respondió a LA PRENSA Hurtado, quien se encuentra en México desde hace dos años bajo tratamiento médico.
Y aunque durante la conferencia de prensa, los personeros del régimen de Ortega llamaron a la ciudadanía a interponer la denuncia contra Hurtado, el empresario dijo que hasta ahora los clientes no han podido recuperar sus bienes y la única respuesta que reciben es que denuncien al empresario.
“Hasta donde sé no le han regresado nada a los 20 mil clientes, esas garantías que estaban en Prisa son de los clientes y la Policía se llevó todas las garantías, todas las computadoras, todos los documentos y no le han regresado nada a los clientes”, manifestó Hurtado.
El empresario dijo que “muchos clientes” le han llamado informándole que en las sucursales los agentes les decían en un principio: “Vayan donde Mario Hurtado”, ahora que vayan al Chipote, lo que representa un obstáculo para los clientes que están en los departamentos porque incluso no les indican con quién deben comunicarse en el Chipote para obtener información sobre sus bienes.
Más de dos millones robados a los pobres
Estima que más de 2.5 millones de dólares en prendas, de los más de 20 mil clientes, están en poder del régimen de Daniel Ortega, que ha propiciado un entorno de terror entre los afectados y extrabajadores de Prisa, al punto que el abogado de la empresa se niega a comunicarse con Hurtado.
“Los clientes se han presentado (a las instalaciones policiales) y lo que ellos (las autoridades) querían es que me acusaran de estafa. Y me dijo una cliente que les dijo: ‘¿Mire, tengo más de ocho años de trabajar con Prisa, nunca me ha robado, yo llegué ahí de manera voluntaria, tampoco me han estafado, no tengo por qué acusar a Mario Hurtado de nada, lo que quiero es que me devuelvan mis bienes'”, relató Hurtado.
El empresario ve esto como una especie de chantaje que el régimen de Ortega quiere imponer a los clientes. Hurtado duda que el orteguismo quiera devolver esas garantías, porque se las llevaron sin actas, sin el registro que indique de quién es cada una de ellas.
“El otro día me llamó una persona de Granada y me dijo: ‘Acaban de llegar unos camiones a la sucursal en Granada y se llevaron todo lo que había en la sucursal’ y la saquearon de manera como ellos trabajan, a la zumba marumba, sin que haya un acta, sin que haya alguien quien entregue, sin alguien que reciba. No sé dónde tendrán todas esas garantías y todas las computadoras”, cuestionó.
Se llevaron miles de dólares
De la caja fuerte de Prisa central se llevaron ilegalmente 65 mil dólares en efectivo “sin recibo y sin nada. Y de todas las sucursales se llevaron todo el dinero que encontraron sin recibo, sin actas. La Policía cuando ocupa debe dar un acta de ocupación, si no lo hacen, entonces se trata de un robo”.
El empresario, que también tiene nacionalidad mexicana, explicó que está avanzando con abogados de Estados Unidos para llevar su caso ante las instancias internacionales, y asegura que no puede hacer nada en Nicaragua porque resulta que ningún abogado quiere trabajar en su caso por temor a perder las credenciales de ejercicio de la profesión que emite la Corte.
Abogados atemorizados
“En Nicaragua, ninguno de los abogados con los que me he contactado quieren llevar mi caso, porque dicen: ‘No, me van a quitar mi autorización como notario, cuidado me echan preso’. Y la verdad están totalmente atemorizados y el abogado que era de la empresa, la Policía le prohibió contactarse conmigo y ha sido imposible hablar con él porque lo amenazaron; lo echaron preso y le amenazaron de quitarle su autorización como notario si se comunicaba conmigo y lo comprendo, no tengo nada que reclamarle a él y otros abogados”, dijo Hurtado.
Para el empresario, ese clima de terror tiene atemorizada a la población en general, pero eso no significa que hay cobardía. “El pueblo de Nicaragua, al igual que el pueblo de México, no es un pueblo que se acobarda, son pueblos valientes, pero una cosa es acobardarse y otra atemorizarse. La gente está atemorizada en el sentido de que sabe que le pueden hacer cualquier cosa en cualquier momento injustificadamente”.
“No he podido conseguir un abogado que quiera arriesgarse a que lo encarcelen, lo torturen, lo desaparezcan, por eso adentro no hay posibilidad de absolutamente nada”, se lamentó Hurtado, agregando que “alguien” le confirmó que la orden de confiscarle todo su patrimonio salió de El Carmen, directamente de Daniel Ortega.
Indicó que su casa de habitación en Managua también sigue tomada, e incluso hay personas que ya están residiendo en el inmueble y sus cuentas bancarias, incluidas la de su hija y otros familiares, siguen congeladas.
Interpol no se presta a juegos políticos
Una muestra de que todo se trató de un montaje, dice Hurtado, es que hasta ahora su nombre no ha sido incluido en la lista de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), precisamente porque este órgano no se presta a señalamientos sin fundamento, sin un proceso judicial o una condena firme.
Manifestó que mantiene las gestiones a nivel diplomático para que el régimen de Ortega le pague por los daños ocasionados por la confiscación y espera obtener una respuesta por parte de las autoridades de México. “Es un proceso largo, diplomático. No se trata de poner a dos países a pelearse por un ciudadano mexicano, sino que se trata de establecer que efectivamente esto fue político y que no hay ninguna justificación para haberme confiscado”, puntualizó.
En su momento, Hurtado dijo que la confiscación se debió a que el régimen lo mira como un traidor, debido a que hace varios años se separó de las filas del Frente Sandinista porque estaba claro que Ortega iba a llevar al país por un precipicio.