El empresario nicaragüense-mexicano Mario Hurtado rechazó este miércoles el rosario de delitos que el régimen de Daniel Ortega le atribuye, que van desde el lavado de dinero hasta la usura y el despojo de bienes a los clientes, para lo cual revivió empresas familiares que están infuncionales, como son Decores y Apícolas de Nicaragua.
Hurtado también acusó a la Corte Suprema de Justicia de mentir respecto al pago de multas e impuestos, los que en realidad están en apelación en el despacho del mismo magistrado Marvin Aguilar, quien desde el 2016 no ha dado respuesta a las mismas y que ahora apareció acusando al dueño de las 38 casas de empeño confiscadas por el orteguismo el pasado 15 de agosto de 2022.
“Esta acusación contra mí es política, no hay delitos, porque ellos dicen, según me han dicho amigos que están en el orteguismo, que me consideran un traidor y no puede ser que en Nicaragua exista alguien que fue sandinista y que ahora le vaya bien en los negocios y vive en Nicaragua, que eso no puede ser, que todos los traidores tienen que estar muertos, presos o exiliados. Eso es lo que me han dicho amigos que trabajan en el gobierno de Daniel Ortega, de que esa es la verdadera causa, ellos no entienden, no aceptan que yo pueda tener éxitos en los negocios, porque soy un traidor, no puedo vivir en Nicaragua”, dijo Hurtado, quien durante 12 años también colaboró con LA PRENSA.
El régimen de Ortega anunció las supuestas investigaciones de lavado de dinero contra Hurtado y el despojo de sus bienes, un día después de que concretó el robo de las instalaciones de LA PRENSA, una inversión de 10 millones de dólares y cuya propiedad, así como sus equipos de trabajo y administrativo, estaban en poder de la dictadura desde hace más de un año.
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Cuatro argumentos desmentidos
Hurtado desnudó cuatro mentiras que la dictadura argumentó ayer durante una inusual conferencia de prensa que se realizó en la Corte Suprema de Justicia, donde estaban presentes autoridades de la Unidad de Análisis Financiero, Policía orteguista, Procuraduría General de la República y el Ministerio Público, así como el vicepresidente de la Corte, Marvin Aguilar.
En el comunicado, el régimen menciona, sin presentar pruebas, que Hurtado utilizó a Prisa, Decores, Joya Alicia SA y Apícolas de Nicaragua SA para cometer múltiples delitos e “identificó reiteradas violaciones a las leyes y normas que regulan a los sujetos obligados, cometidas a través de las sociedades mercantiles” antes mencionadas.
Al respecto, Hurtado dice que Decores fue una microfinanciera que fundó en 1998 y que estaba pensada para generar financiamiento a las microempresas y que operó hasta el 1 de mayo del 2007, cuando Daniel Ortega, en el acto del Día Internacional de los Trabajadores, dijo que en Nicaragua no volvería a haber embargos de propiedades por deudas.
Entonces decidió suspender todos los créditos hipotecarios que esa microfinanciera daba, pues ese era el mercado en el que se enfocaba, que entregaba préstamos hipotecarios a microempresas. Hurtado dijo que los únicos 10 casos de embargos de propiedades que Decores ejecutó fueron con el aval de la Corte Suprema de Justicia.
Los préstamos —según explica Hurtado—, eran notariados, cuyos abogados son autorizados por la Corte. Los testimonios que se derivaban de la firma de cada préstamo se inscribían ante el Registro Público de la Propiedad, que pertenece a la Corte Suprema de Justicia. Cuando un cliente no pagaba y se agotaban todas las instancias, se entablaban juicios civiles en los juzgados, donde se obtenían sentencias a favor de Decores.
Los clientes, explica Hurtado, iban hasta la Corte, de donde salían resoluciones favorables a la empresa Decores y se ejecutaba el embargo hasta que se agotaba todo el procedimiento en las instancias judiciales.
Hurtado aclaró, no obstante, que Decores, si bien no estaba liquidada mercantilmente, la misma dejó de operar en el mercado financiero desde el 1 de mayo del 2007. Dice que no la cerró porque tenía la esperanza de que algún día cuando se restableciera el espíritu de la ley en Nicaragua pudiera retomar el negocio de microfinanzas. “La mayor parte de la gente siempre pagó”, enfatizó.
Pero la Corte dice que Hurtado “mediante préstamos usureros… también despojaba de sus bienes a las personas víctimas de su actuar delincuencial”, cuando realmente estos pasaban por un proceso judicial avalado por jueces.
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Revivieron empresa fracasada
Otra inconsistencia que Hurtado menciona en la acusación del orteguismo es que citan a Apícolas de Nicaragua, que se trata de un emprendimiento que su esposa comenzó en la producción de miel y que fracasó, y que nunca pudo ni siquiera registrar una marca de miel y cuyo patrimonio no superaba los 100 mil córdobas.
“Un señor se robó la mayor parte de las colmenas y quebró mi esposa, es una microempresa. Como no tienen ninguna prueba de lavado de dinero, entonces andan investigando todo”, señala el empresario, quien se encuentra en México tratándose una enfermedad.
En el comunicado, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, dijo que Hurtado no pagó multas impuestas por la Unidad de Análisis Financiera (UAF) en el 2016 a favor del Fisco, “por las distintas irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades”.
Al respecto, Hurtado aclaró que apeló la decisión de la UAF por una multa de 10 mil dólares ante la Corte Suprema y que hasta ahora no ha obtenido una resolución. “Para información del magistrado Marvin Aguilar, yo apelé esa decisión y mi apelación está en la Corte Suprema de Justicia y son ellos los que no han resuelto a mi apelación, me acusa de que no la pagué y la tiene en sus oficinas, ahí está mi apelación y nunca se pronunciaron y sabés por qué nunca se pronunciaron, porque los argumentos que yo le di demuestran que la multa que me puso la UAF de 10 mil dólares es ilegal, por eso nunca se pronunciaron, porque al pronunciarse tenían que aceptar la ilegalidad de la UAF. Me acusan de que no la he pagado, pero ellos no se han pronunciado ese recurso que está ahí desde hace años y nunca lo han sacado”.
Sobre el pago de impuestos, Hurtado manifestó que en la Corte también tiene otro recurso contra una multa que le impuso la Dirección General de Ingresos y antes de interponer ese recurso el Tribunal Tributario ya le había reducido a la mitad la multa, porque ese mismo tribunal consideró de ilegal la misma. Por eso, como empresario recurrió ante la Corte para ampararse contra la otra mitad que lo querían obligar a pagar, pero hasta ahora tampoco ha obtenido una respuesta.
“Ahí la tienen, no la he pagado porque ellos no se han pronunciado. La tienen ellos en sus oficinas y no la han sacado. Que hagan su trabajo si me van a condenar por esa multa, pero ni siquiera han sacado la resolución por esa multa”, dice Hurtado.
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Sobre la condena en 2014
En el comunicado, el orteguismo acusa al empresario de reincidente en la comisión de delitos, pues en el 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura, a la pena de 2 años de prisión, al pago de una multa y compensación a las víctimas por el bien inmueble despojado.
En ese sentido, Hurtado recordó que fue procesado en ese año a través de un juicio amañado, donde la juez Irma Laguna a través del Tribunal de Apelaciones lo condenó a dos años de cárcel con solo tener como prueba dos hojas de papel, donde se decía que había dado dos préstamos a una mujer vinculada al orteguismo. “Esos dos papeles no tienen la firma ni de la señora que dice que recibió el dinero ni la firma mía donde se demuestre que yo le entregué préstamo”, enfatizó.
Hurtado dijo que una vez más en ese año fue condenado por razones políticas y por eso salió en libertad seis meses después de esa pena, pues “la misma Corte Suprema de Justicia, del magistrado Marvin Aguilar, por buena conducta, por no tener antecedentes penales, por ser un delito menor, me dieron libertad condicional”.
“Ellos mismos fueron los que me sacaron, no me salí yo… me sacaron porque sabían que había sido una condena ilegal, inconstitucional, injusta e inmoral, por eso me sacaron de la cárcel, porque alguien de los orteguistas dijo: ‘Ténganlo seis meses castigado y después sáquenlo’. Esa es la justicia de la que habla Marvin Aguilar”, afirmó el empresario.
El pasado sandinista de Hurtado
Y es que Hurtado combatió a la dictadura de Somoza en comandos del Frente Sandinista, luego luchó contra la Contra en el batallón 50-13. Después ayudó económicamente al Frente Sandinista después de 1990, pero luego se salió de las filas sandinistas, cuando se dio cuenta “que era un partido conducido por el actual secretario político del Frente, Daniel Ortega, y que lo que iba a traer era pobreza para Nicaragua”.
“Yo me metí a pelear contra Somoza y la Contra para que hubiese prosperidad para todos los nicaragüenses, luego me salí de la política, me hice empresario y me dediqué a mis negocios y cuando me echaron preso me salí de la política totalmente”, dijo Hurtado. En 1998 fue expulsado por el Frente Sandinista de sus filas, por oponerse a cómo estaba siendo dirigido el partido y por eso se quedó sin empleo y fue cuando empezó a prosperar en los negocios, hasta sus confiscaciones este año.
El empresario dijo que Ortega lo mira como traidor porque colaboró en LA PRENSA en el semanario humorístico El Azote durante 12 años.
Hurtado solo recuerda la amenaza textual que el exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia y también padrino de boda de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Rafael Solís, le dijo varios años atrás: “Mario Hurtado, la gente del Frente Sandinista no te quiere en política, si seguís en política la próxima vez te va a parar la Policía, te van a poner un kilo de cocaína y te van a meter 12 años de cárcel y te vas a pudrir en la cárcel. Salite de la política, no sigás en eso y le hice caso y tengo ocho años de que no participo en absolutamente nada en la política”.
Incomunicado con el abogado
Sobre la decisión de la dictadura de procurar su captura a través de la Interpol, Hurtado dijo que no está claro qué va a ocurrir porque nunca había tenido esa experiencia, pero en todo caso no ha sido notificado por las autoridades sobre alguna investigación en su contra, además le prohibieron a su abogado establecer comunicación con él y además la Policía se llevó todos los documentos de su empresa y casa y no tendría cómo defenderse.
“Cuando uno escucha todas las declaraciones que acaban de salir de la Corte, es obvio que es político porque no tienen nada específico” y aún así no le dieron ni siquiera el beneficio de la duda, tal como lo establece la Constitución Política, de que uno es inocente mientras no se demuestre lo contrario. El empresario dice que va a insistir antes las autoridades mexicanas para que se le devuelva su patrimonio de cinco millones de dólares o se le pague por todos los daños económicos, morales y económicos sufridos.
Hurtado dice que tal es la desesperación del Gobierno por conseguir pruebas, que han llamado a los dueños de las propiedades donde operaban las 38 casas de empeño para acusarlos de ser testaferros y estos han tenido que demostrar que son propiedades heredadas o bienes familiares y que Prisa alquilaba las mismas.
Los únicos locales que son propiedades de Prisa son una que está en Matagalpa y otra en Managua, en la cercanía del mercado Roberto Huembes. De ahí todas son alquiladas y eso está soportado con contratos de alquiler y facturas de pagos mensuales a sus dueños.