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Régimen de Ortega concreta el robo de la empresa Prisa y busca capturar a su dueño utilizando la Interpol

En una sorpresiva e inusual conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y donde participaron autoridades de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), la dictadura ahora llama a la gente a denunciar al empresario, señalado de lavado de dinero

Después de más de una semana de guardar silencio y tomarse 38 casas de empeño, el régimen de Daniel Ortega volvió a retomar el caso y ahora acusa al empresario Mario Hurtado de lavado de dinero, así como de despojar a los clientes de sus bienes, gran cantidad de oro y plata, entre otros delitos.

En una sorpresiva e inusual conferencia de prensa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y donde participaron autoridades de la Unidad de Análisis Financiera (UAF), la dictadura en una movida turbia señaló a Hurtado “por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos, cometidos a través de las empresas Prisa, Decores, Joya Alicia SA y Apícolas de Nicaragua SA.

“Como parte de la intervención oportuna de las autoridades competentes se cancelaron las cuatro sociedades mercantiles, utilizadas para el lavado de dinero y evasión de impuestos. Mediante préstamos usureros, con los que el acusado Mario Hurtado Jiménez también despojaba de sus bienes a las personas víctimas de su actuar delincuencial”, dijo en el comunicado el régimen de Ortega.

Según la dictadura, Hurtado exportaba de forma irregular grandes cantidades de oro y plata, esto a pesar que las mismas autoridades le extendían los permisos de envíos de los metales hacia Estados Unidos a través del Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex) y otras constancias tributarias que debía presentar.

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Pese a ello, los operadores del orteguismo instaron “a la ciudadanía que se siente agraviada por despojo de centenares de viviendas y propiedades rurales así como de grandes cantidades de oro y plata valorados en varios miles de millones de dólares que Mario Hurtado Jiménez exportaba de forma irregular a interponer formal denuncia ante la autoridad competente”.

El régimen recordó que Hurtado “es reincidente en la comisión de estos delitos, en el año 2014 fue condenado mediante sentencia firme por el delito de usura, a la pena de 2 años de prisión, al pago de una multa y compensación a las víctimas por el bien inmueble despojado, asimismo la Unidad de Análisis Financiero en el año 2016 aplicó multa a favor del Fisco por las distintas irregularidades encontradas en las supervisiones de las sociedades, multas que nunca pagó”.

El empresario, que también tiene nacionalidad mexicana, ha señalado que hasta el 2021 la UAF le había avalado las operaciones financieras de Prisa, lo que certifica que estaba cumpliendo con las regulaciones antilavado y otras obligaciones.

Cuando la dictadura se tomó las 38 casas de empeño de manera relámpago e irregular, Hurtado señaló al régimen de haber confiscado a los más pobres, debido a que en el allanamiento se llevó joyas, electrodomésticos y otros bienes, que los clientes habían entregado en garantía por los préstamos pequeños que recibían.

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En ese sentido, el régimen dictó: “Las personas que fueron afectadas por los hechos delictivos del acusado, Mario Hurtado Jiménez, pueden acudir ante la autoridad correspondiente para denunciar o acusar por dichos delitos, asimismo gestionar la restitución de sus bienes ocupados, previa presentación de los documentos que demuestren que son dueños de los mismos”.

El comunicado fue leído por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Marvin Aguilar, donde también estuvieron el inspector general de la Policía, el comisionado general Jaime Vanegas; autoridades de la Procuraduría General de la República, entre otros.

Los funcionarios no explicaron cómo funcionaba la red de lavado de dinero de Hurtado, pero aseguraron que tienen pruebas suficientes para acusarlo del delito antes mencionado.

“Con fundamento en estos hallazgos, la autoridades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público iniciaron un proceso de investigación mediante el cual se obtuvieron elementos de convicción suficientes para acusar, en fecha 17 de agosto del presente año a Mario Hurtado Jiménez, por los delitos de lavado de dinero, defraudación tributaria y otros delitos, cometidos al amparo de dichas entidades mercantiles”, dijeron los funcionarios.

Estos son los funcionarios encargados de ejecutar la confiscación de Prisa.

El anuncio ocurre un día después que la dictadura también concretara el robo de las instalaciones de LA PRENSA, valoradas por el monto de 10 millones de dólares, utilizando el mismo delito sin pruebas de lavado de dinero contra el gerente general de la empresa, para quedarse con la propiedad.

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