En una propuesta de Resolución común, este miércoles el Parlamento Europeo, “condena en los términos más enérgicos la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua, en particular la detención del obispo Rolando Álvarez” e insta al régimen nicaragüense a que ponga fin inmediatamente a la represión. El documento está sujeto a aprobación en la sesión de este jueves.
El documento reitera su petición de que se incluya rápidamente a los jueces y fiscales nicaragüenses en la lista de personas sancionadas por la Unión y que se amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano.
Pide a los Estados miembros de la Unión Europea y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, inicien una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Demandan además que se restablezca el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias a la vez que pide la liberación inmediata e incondicional de todas las víctimas de detención arbitraria, “incluidos el obispo Álvarez y los detenidos junto con él, y que se anulen todos los procedimientos judiciales contra ellos y las sentencias impuestas”.
Durante el debate sobre la Resolución, el eurodiputado José Ramón Bauzá, dijo que “hoy defendemos a la iglesia católica de Nicaragua, hoy defendemos al obispo Rolando Álvarez…”, para agregar que “Daniel Ortega y Rosario Murillo han perseguido, han expulsado, han encarcelado a toda disidencia política de Nicaragua y ahora quieren subyugar a la iglesia católica ante esto es a lo que hoy nos pronunciamos”.
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En el documento los eurodiputados expresan su preocupación por el empeoramiento de la situación de los más de 206 presos políticos detenidos en Nicaragua desde abril de 2018 según el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y pide su liberación inmediata, la anulación de los procedimientos judiciales contra ellos y que se permita a todos los refugiados y exiliados regresar con seguridad a sus hogares.
También insta al régimen nicaragüense a que ponga fin al recurso a tratos crueles e inhumanos y a que respete la integridad física, la dignidad, la libertad y el derecho a acceder a atención médica de las personas encarceladas, así como de sus familias; considera al régimen responsable de garantizar que las condiciones de detención cumplan las obligaciones y normas jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, como las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos.
“Nos pronunciamos ante el verano más negro de la historia de la iglesia en Nicaragua. Lamentablemente hoy una vez más por segunda vez en menos de seis meses, denunciamos un hecho ruin y mezquino que solo los dictadores del tipo de Ortega son capaces de superar, acabar con el último resquicio de libertad de los seres humanos, acabar con nuestra dignidad”, agregó Bauzá, miembro de la bancada Renew Europa en el europarlamento.
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“La iglesia de Nicaragua es la única institución en pie y con legitimidad para oponerse al proyecto totalitario de los dictadores como es el caso de Ortega y Murillo… la Resolución que el pleno debe aprobar no puede quedarse exclusivamente en una denuncia contra la represión a la iglesia, no solo es eso, el obispo Álvarez representa mucho más, representa a un pueblo sometido a los designios de un dictador y por eso mismo, todos aquellos a quienes Daniel Ortega ha quitado la voz hablarán hoy mediante esta resolución”, aseveró Bauzá.
Sobre la cancelación de los ONG
El europarlamento en la propuesta conjunta, lamenta que el 7 de septiembre de 2022 se cerraran otras 100 ONG, lo que elevó a 1,850 el total de ONG clausuradas en Nicaragua este año, razón por la que pide al régimen de Ortega que ponga fin al cierre arbitrario de ONG y organizaciones de la sociedad civil y “que restablezca el estatuto de legalidad a todas las organizaciones, partidos políticos, organizaciones religiosas, medios de comunicación y sus asociaciones, universidades y organizaciones de derechos humanos que han sido cerrados de forma arbitraria, y que devuelva todos los bienes, activos, documentos y equipos que hayan sido incautados indebidamente y que restablezca su estatuto jurídico legítimo”.
Esta sería la sexta resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua en la presente legislatura, la más reciente en junio en la que demanda sancionar a magistrados del Tribunal de Apelaciones Managua (TAM) y a 14 jueces orteguistas, aprobada con 524 votos.
Demanda ingreso de organismos en Nicaragua
La resolución destaca el papel clave que desempeñan la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los miembros de la Iglesia católica en Nicaragua y pide al régimen nicaragüense que permita urgentemente el retorno de las organizaciones internacionales al país, en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de supervisar la situación de los derechos humanos en el país.
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Asimismo pide a Nicaragua que inicie un diálogo nacional inclusivo para garantizar una solución pacífica y democrática a la crisis política, social y de derechos humanos.
La cláusula del AdA
Recuerda que, a la luz del Acuerdo de Asociación (AdA)entre la Unión Europea y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, en particular en lo que respecta a las disposiciones recogidas en el título I a la vez que reitera su petición de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.
La activación de esta cláusula provocaría la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial, y tal decisión corresponde a la instancia del Ejecutivo del bloque europeo.
La Resolución pide a su Conferencia de Presidentes que autorice el envío de una misión de investigación para supervisar la situación en Nicaragua y encarga al a presidenta del parlamento que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima, al Vaticano y al Gobierno y al Parlamento de la República de Nicaragua.