Con votos 524 de un total de 704 miembros, el Parlamento Europeo (PE) aprobó este jueves una nueva resolución común sobre la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua en la que demanda a la Unión Europea (UE) sancionar a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís, y a 14 jueces orteguistas, quienes han condenado en los últimos meses a opositores en el país, incluidos aspirantes presidenciales.
Esta sería la séptima resolución aprobada sobre la crisis sociopolítica del país después de las aprobadas el 31 de mayo de 2018, 14 y 19 de diciembre de 2019, 7 de octubre de 2020, 8 de julio y 16 de diciembre de 2021. En la penúltima, el europarlamento solicita que se incorpore “sin demora” a Ortega en la lista de los sancionados.
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Los europarlamentarios en la resolución común argumentan que al proponer el escrito consideraron que la falta de separación de poderes y el control total de las instituciones por parte del régimen nicaragüense “ha resultado en el sometimiento del poder judicial y de la Fiscalía General a la voluntad del régimen, anulando el estado de derecho, la independencia judicial, como pues las organizaciones de la sociedad civil y por ende la democracia para poder construir una dictadura en Nicaragua”.
En esta resolución solo hubo 17 en contra y 29 abstenciones. “Denunciamos la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en Nicaragua”, refirió el eurodiputado Leopoldo López Gil, del Partido Popular Europeo, en su cuenta de Twitter.
Además agregan que los tribunales nicaragüenses han dictado veredictos de culpabilidad y sentencias severas a cualquier voz disidente, tras juicios a puerta cerrada y sin respetar las garantías básicas de un juicio justo; y que los jueces y fiscales en estos juicios han violado constantemente el debido proceso; que la presunción de inocencia fue violada por la Fiscalía en una nota pública.
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Por ello el europarlamento “condena los fallos judiciales ilegítimos que solo confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en el brazo de la represión y responsables de violaciones a los derechos humanos”.
La eurodiputada Alicia Homs, del grupo de los Socialistas y Demócratas, celebró la aprobación de la resolución y dijo que hoy el Parlamento Europeo “se ha comprometido una vez más con Nicaragua y ha condenado la represión a actores de la sociedad nicaragüense”. Sobre la votación indicó que “por una mayoría indiscutible, la Eurocámara ha votado a favor de la libertad, de la justicia y de los derechos humanos”.
Tres magistrados y 14 jueces, candidatos a ser sancionados
De acuerdo con el punto octavo de la resolución aprobada, el europarlamento insta a la Unión Europea a que haga rendir cuentas al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, por la represión en el país y los procedimientos judiciales iniciados contra figuras de la oposición y otros críticos.
Por ello pide al Consejo que inicie de inmediato los procedimientos para incluir a los siguientes jueces en la lista de personas sancionadas por la UE a: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martín Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia, entre otros.
También a los jueces de apelación de Managua que también han participado en la privación de derechos procesales y sustantivos de los ilegalmente condenados: Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Rosa Argentina Solís.
La UE ha sancionado a 21 funcionarios del régimen orteguista incluidos a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo y tres hijos de la pareja presidencial, Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo.
Los 17 puntos de la resolución
Por lo anterior y otros argumentos que incluyen, por ejemplo, la cancelación de la personería jurídica de más de 400 organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, el asalto y la confiscación de la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la condición inhumana de los 182 presos políticos por quienes demanda la “liberación inmediata” el Parlamento a través de la resolución le propone a la UE realizar 17 acciones.
- 1. Condena en los términos más enérgicos la represión sistemática de los partidos políticos de oposición, la represión de los actores de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación, otros trabajadores de los medios, periodistas y sus familiares, estudiantes y miembros de la Iglesia católica, entre otros y la persistente corrupción practicada por funcionarios del régimen nicaragüense.
- 2. Condena enérgicamente la muerte del señor Hugo Torres durante su detención.
- 3. Condena la detención del padre Manuel Salvador García el 1 de junio de 2022 que permanece en prisión preventiva y pide su liberación inmediata.
- 4. Reitera su pedido de extradición inmediata de Alessio Casimirri a Italia.
- 5. Condena las detenciones abusivas, la falta de garantías en los juicios y las condenas ilegales de presos políticos que se han venido produciendo en Nicaragua; insta a las autoridades nicaragüenses a restablecer las garantías para el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los nicaragüenses, cesar la persecución a la oposición democrática, la prensa y la sociedad civil y liberar de manera inmediata e incondicional a los detenidos desde abril de 2018 y anular la procedimientos judiciales contra ellos y permitir un retorno seguro de todos los refugiados y exiliados a sus hogares.
- 6. Pide el restablecimiento del Estado de derecho, la separación de poderes y la independencia e imparcialidad del poder judicial y que las autoridades públicas respeten el Código Penal, la presunción de inocencia y el cese de la criminalización de la oposición;
- 7. Condena los fallos judiciales ilegítimos que solo confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense y que los jueces se han convertido en el brazo de la represión y responsables de violaciones a los derechos humanos.
- 8. Insta a la Unión Europea a que haga rendir cuentas al régimen nicaragüense, en particular a sus jueces, por la represión en el país y los procedimientos judiciales iniciados contra figuras de la oposición y otros críticos; pide al Consejo que inicie de inmediato los procedimientos para incluir a los siguientes jueces en la lista de personas sancionadas por la UE: Nadia Camila Tardencilla, Angel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Veronica Fiallos Moncada, Luden Martin Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno, Nancy Aguirre Gudiel, William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia, entre otros, así como los jueces de apelación de Managua que también han participado en la privación de derechos procesales y sustantivos de los ilegalmente condenados: Octavio Rothschuh Andino; Ángela Dávila y Rosa Argentina Solís.
- 9. Llama a los Estados miembros y al Consejo de Seguridad de la ONU, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, a abrir una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.
- 10. Expresa su apoyo a los ciudadanos nicaragüenses que protestan pacíficamente contra el régimen Ortega-Murillo; lamenta profundamente que no se hayan emprendido acciones judiciales para garantizar justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos desde la represión de 2018
- 11. Insta a Nicaragua a derogar la legislación aprobada desde 2018 que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático, en particular la Ley Especial sobre Delitos Cibernéticos (Ley 1042); Ley 1040 sobre Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 1055 sobre la Defensa de los Derechos de los Pueblos a la Independencia, la Soberanía y la Libre Determinación para la Paz, así como la reforma del Código Procesal Penal. Recuerda que a la luz del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica, Nicaragua debe respetar y consolidar los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos; reitera su exigencia de que, a la luz de las circunstancias actuales, se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación.
- 12. Destaca que los organismos internacionales de derechos humanos deben estar autorizados para regresar a Nicaragua, incluida la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Oacnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); lamenta la falta de cooperación que han mostrado las autoridades nicaragüenses con los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos; pide a la UE que apoye el mandato de los tres miembros independientes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua creado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que colabore estrechamente con ellos con miras a promover la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos de los derechos humanos en Nicaragua .
- 13. Condena que más de casi 400 ONG se hayan visto obligadas a dejar de trabajar en Nicaragua, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua; hace un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de cerrar indebidamente ONG y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos, universidades y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente, así como para que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos incautados indebidamente.
- 14. Expresa su profunda preocupación por las represiones a los medios de comunicación libres e independientes en el país, que han obligado a más de 100 periodistas a exiliarse.
- 15. Pide a la UE y a sus Estados miembros que sigan de cerca la situación sobre el terreno a través de sus representantes locales y embajadas en Nicaragua. Pide a la Delegación de la UE y a los Estados miembros con misiones diplomáticas sobre el terreno que apliquen plenamente las Directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos y que brinden todo el apoyo adecuado a los defensores de los derechos humanos que estén detenidos, incluidas visitas a prisiones y supervisión de juicios, y que denuncien públicamente abusos contra los defensores de los derechos humanos y los medios de comunicación independientes y para apoyar su trabajo y pide a la Delegación de la UE y a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos disponibles para aumentar su apoyo al trabajo de los defensores de los derechos humanos y, cuando proceda, para facilitar la emisión de avisos de emergencia, visados y proporcionar refugio temporal en los Estados miembros de la UE por razones humanitarias.
- 16. Lamenta profundamente que los representantes de Nicaragua votaran en contra de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las atrocidades cometidas por sus fuerzas durante la guerra en Ucrania y que Nicaragua se abstuviera en la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas ES 11/1 del 2 de marzo de 2022 que deplora la invasión de Ucrania y exigiendo la retirada total de las fuerzas rusas.
- 17. Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, a la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, al Parlamento Centroamericano, al Grupo de Lima, y el Gobierno y Parlamento de la República de Nicaragua.
La resolución que fue aprobada este jueves fue debatida un día antes cuando seis grupos políticos del PE presentaron su proyecto de resolución, pero la unificaron en la resolución en común.
La eurodiputada Homs destacó que “en los últimos meses hemos sido testigos de la clara instrumentalización de la justicia represiva en Nicaragua”.
“Los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos, en procesos a todas luces corruptos y que ofrecían nulas garantías de transparencia a las personas acusadas. Por ello, esta resolución, y es en lo que nos tenemos que centrar, pide sanciones para los jueces, ya que están ayudando a Ortega a ejecutar esa represión”, indicó Homs.
Por su parte, el eurodiputado Hermann Tertsch, del grupo de los Conservadores y Reformistas, manifestó que “los nicaragüenses viven una pesadilla permanente y terrible, en la cual la represión de los últimos años ha alcanzado unos niveles inauditos. Los ha alcanzado porque el régimen se siente capaz de hacerlo, y esa impunidad es porque se siente protegido”.
“Sus jueces cometen unas barbaridades y unas iniquidades inmensas contra todos los opositores, contra todos los increpantes, y lo hacen porque cuentan con esa impunidad”, añadió.
Precisó que esa impunidad se debe porque tiene la protección de Rusia, del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla, como Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, en Venezuela y Cuba, respectivamente, por lo que solicitó “un bloqueo total”.
El europarlamentario López Gil señaló que “los jueces y fiscales, sumisos a los Ortega Murillo, han vulnerado sistemáticamente las garantías procesales, convirtiéndose en cómplices de la dictadura y violadores de los derechos humanos”.
“Hoy pedimos que se incluyan sus nombres en la lista de los sancionados por la Unión Europea, se lo merecen las víctimas de ese régimen”, sostuvo.
¿Qué es el Parlamento Europeo?
El PE es el ramal legislativo de la UE y una de sus siete instituciones. Está compuesto por 704 miembros (eurodiputados) en representación de todos los países de la UE. Desde 2018, los europarlamentarios han aprobado seis resoluciones, la primera en mayo de 2018; la segunda en marzo de 2019 —después de la visita de una delegación de eurodiputados al Nicaragua—; la tercera en diciembre de 2019; la cuarta en octubre de 2020; la quinta en julio pasado; y la última este 16 de diciembre.
En el europarlamento existen siete grupos políticos, cada uno conformado por al menos 23 eurodiputados. Las bancadas con más integrantes son el Partido Popular Europeo con 178, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo con 144 miembros, y Renew Europe Group (Renovadores), con 101 miembros.