El asesinato atroz y la violación contra las hermanitas de 10 y 7 años, ocurrido en Ciudad Belén, Managua, rememora el caso de las dos niñas de 10 y 12 años, que el 12 septiembre de 2020 también fueron asesinadas y violadas en Mulukukú, Costa Caribe Norte de Nicaragua. El repudio ante ese cruel crimen llevó en ese momento a que la vicepresidenta designada de Nicaragua, Rosario Murillo, promoviera inmediatamente la cadena perpetua para los autores de «crímenes atroces, crueles, denigrantes, violaciones que promuevan el odio».
La cadena perpetua entró en vigor en enero de 2021, pero 19 meses después, la pena sigue sin surtir un efecto aleccionador en la sociedad. «Vemos que la cadena perpetua no es la solución porque estamos en un país en el que cada día la seguridad y la protección de las niñas y mujeres están tan inalcanzables como la justicia», manifiesta, bajo anonimato, una delegada de la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Lea además: Ortega enfrenta con propaganda incremento de violencia contra la mujer
Entre enero y agosto de este año, 42 mujeres y niñas nicaragüenses han sido asesinadas, víctimas de la violencia machista, según el Observatorio Voces. Este conteo no incluye el caso de las hermanitas de Managua, quienes fueron reportadas como desaparecidas desde el 2 de septiembre, pero tres días después fueron encontradas en un predio baldío en el barrio Ciudad Belén. Su agresor fue un vecino, quien antes de asesinarlas, las violó.
«Es una monstruosidad que no tiene nombre», dice indignada la representante de CDD.
«Crueldad y desprecio» por la vida
A criterio de la socióloga y activista feminista María Teresa Blandón, el reciente femicidio de las niñas refleja un acto realizado con «un alto nivel de crueldad y desprecio por la vida de las niñas», y que dicho acto debe tener el repudio de toda la sociedad, porque «lamentablemente no será el último».
Católicas por el Derecho a Decidir registra de enero hasta este 7 de septiembre nueve asesinatos de menores edad.
Según datos del Anuario 2021 de Medicina Legal, en todo ese año se contabilizó 4,803 casos de violencia sexual, donde el 82 % de los casos (3,943) corresponden a menores de 17 años, mayormente niñas y adolescentes mujeres. Los agresores son principalmente conocidos y familiares. Para Blandón, estos son números limitados porque la institución estatal tiene un subregistro.
Puede interesarle: Hermanitas asesinadas en Managua también fueron violadas, revela tío de las víctimas
«¿Qué nos está diciendo la violencia machista? Que se reproduce en todos los espacios y niveles (…) Hay una reproducción de la violencia que está arrastrando a niños y adolescentes que ya los vemos como perpetradores de actos, abuso sexual e incluso de femicidios. Esto es grave y la sociedad se debe preguntar qué estamos haciendo con los niños, a quienes les estamos enseñando la violencia, y qué estamos haciendo con las niñas, a quienes estamos condenando a la indefensión y a un nivel extremo de vulnerabilidad», plantea Blandón.
Mujeres en abandono estatal
Por su parte, la directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, señala que estos crímenes son parte de una «espiral de violencia contra las mujeres que se ha instalado en Nicaragua», particularmente desde el 2018, derivado de la crisis sociopolítica del país.
«Las mujeres están en una condición de desprotección general, no hay instituciones que respondan protegiéndola y defendiéndola frente a esta violencia, menos en el caso de las niñas», declara Cuadra.
Tanto Blandón como Cuadra, y la organización CDD, coinciden en que la agudización de esta problemática recae en el Estado, que tiene responsabilidades principales para tutelar los derechos de las niñas y mujeres, y evitar las distintas violencias a las que son sometidas.
«Debemos preguntarnos qué está haciendo el Estado (…) Tenemos una institución policial cuyas prioridades no han sido proteger a las víctimas de la violencia en general y a las víctimas de machista particular. Otro tema que debemos relevar es el hecho de un Estado omiso, e incluso de un Estado que ha sido cómplice de los agresores, y cuando decimos Estado hablamos del poder ejecutivo, incluyendo la Policía», expresa Blandón.
Lea también: La violencia machista ya deja 42 femicidios en lo que va del año
Blandón, así como la organización, señalan que la Policía desatiende las denuncias de las víctimas, la revictimiza, modifica la tipificación de los femicidios; mientras que los jueces y Asamblea Nacional otorgan la libertad, a través de indultos, a agresores y femicidas.
Ortega Murillo cerraron los espacios seguros de las mujeres
La especialista Cuadra asegura que esta situación, más el cierre de decenas de organizaciones civiles que atendían a mujeres, por parte del régimen de Daniel Ortega, dejan en total desprotección a niñas, adolescentes y mujeres, lo que es aprovechado por los «perpetradores». «Da lugar a una situación de impunidad que lo que hace es incentivar estos femicidios y estas formas de violencia».
Católicas por el Derecho a Decidir también destaca que la situación de las mujeres que ya son vulnerables a la violencia, queda en una situación peor ante el cierre masivo de las organizaciones, que si bien todas siguen en pie, trabajando, hay muchas limitantes por el mismo cerco impuesto por el régimen.
Actualmente las organizaciones trabajan con cautela y en la «clandestinidad», y en el caso de CDD, cuando ocurren casos de violencia o femicidio, tardan más tiempo en llegar a la víctima y familia, por el asedio y vigilancia que mantienen los simpatizantes del régimen. Antes de 2020, las atenciones se daban casi simultáneamente al hecho, pero ahora, dice la representante de CDD, deben dejar correr el proceso judicial del agresor para poder acercarse a la víctima, ya que la Policía prohibió que actores sociales acompañaran a la familia en los juicios.
«Tenemos conciencia de la situación, y hoy en día las crisis son más duras (…) pero estamos y continuamos trabajando, no nos van a callar», alienta la miembro de CDD.
