«El Comisionado» fue acusado por «desacato» contra la administración pública por el gobierno de Nayib Bukele. Se trata de Luis Alexander Rivas Samayoa, un tuitero que publicó acerca del despliegue de seguridad para la familia del presidente salvadoreño. El mismo día fue detenido.
Los agencia de noticias EFE informó este martes que el proceso penal pasó a la etapa de instrucción. El Juzgado Segundo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial contra Rivas y según los medios locales que citan fuentes judiciales, se le decretó libertad condicional y una fianza de 10,000 dólares.
La prensa escrita y de televisión hicieron eco de una publicación de la cuenta de los tribunales en redes sociales, que posteriormente fue borrada, en la que se señaló que el cargo que enfrenta Rivas es desacato “en perjuicio de la Administración pública y del presidente de la República“, cita la agencia noticiosa.
Rivas fue detenido el 21 de agosto y fue llevado a los juzgados este lunes 5 de septiembre.
El mismo día, la Fiscalía de la República presentó requerimiento contra otro tuitero, Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, «por hechos que este cometiere haciendo uso de medios tecnológicos», señala en un video publicado en Twitter la entidad, en voz de un fiscal sin identificar.
En el video donde no muestran el rostro del fiscal, este refiere de un supuesto «video que se hizo viral en la red social Twitter donde el sujeto ahora imputado hace un llamamiento hacia irrespetar el orden constitucional establecido en este país».
Ambos, Rivas y Orellana, son opositores y críticos de la Administración de Bukele.
Tras la detención de Rivas, Juan Pappier, investigador para las Américas de organismo Human Rights Watch (HRW), demandó su liberación.
Ortega y la Ley Mordaza
El régimen de Ortega aprobó en octubre de 2020 la Ley de Ciberdelitos, conocida como Ley Mordazam que criminaliza las publicaciones en las redes sociales y medios de comunicación. Ortega mantiene presos a una decena de reos políticos bajo este argumento.
Para algunos analistas, la actitud del presidente de El Salvador se acerca al autoritarismo y la concentración de poder del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
«Bukele controla todos los poderes del Estado, un elemento que caracteriza a las dictaduras. Su estilo de gobernar es claramente populista y su autoritarismo le ha llevado a cometer violaciones de los derechos humanos», consideró un exdiplomático nicaragüense, quien habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato.
Elecciones 2024 serán una «prueba de fuego»
Según el exdiplomático, la prueba de fuego para Bukele será un resultado negativo en las próximas elecciones presidenciales en 2024.
«El test clave de las dictaduras es la entrega o no del poder tras unas elecciones. Si Bukele pierde la próximas elecciones y no entrega el poder, estaríamos definitivamente ante una nueva dictadura en América Latina», valoró la fuente.
Por su parte, el sociólogo y analista político nicaragüense, Oscar René Vargas, valoró que es evidente el deterioro en materia de derechos humanos en El Salvador «por la represión selectiva para los medios independientes». «El panorama no es muy alentador», expresó Vargas.
Uno de los principales cuestionamientos contra Bukele es el tratamiento a los pandilleros presos, a quienes según varios organismos defensores de derechos humanos se les violenta sus derechos básicos.
Desde finales de marzo, Bukele instaló en El Salvador el régimen de excepción como medida para enfrentar la violencia generada por las pandillas. Lo ha prorrogado, a través del Legislativo, en cinco ocasiones, la última el 16 de agosto, para un plazo que concluye a mediados de septiembre.
El exdiplomático manifestó que esta situación puede ir escalando a otros niveles y con el tiempo Bukele caerá en la tentación de querer controlar todos los ámbitos sociales, principalmente donde haya oposición.
«Las violaciones de derechos humanos entre las maras son una realidad y han sido comprobadas por organismos internacionales especializados. Cuando esas violaciones se convierten en algo cotidiano el riesgo de que se extiendan a otros sectores de la sociedad es muy grande. La conducta de las fuerzas del orden va degenerando irremediablemente, al tiempo que son penetradas por la corrupción. Pronto toda la sociedad será presa de los abusos y los agentes de la autoridad se sienten en la impunidad», aseveró.
Bukele, de 41 años, asumió la Presidencia el 1 de junio de 2019. Antes fue alcalde de San Salvador y de Nuevo Cuscatlán por el partido FMLN.
Ortega no tiene comparación en América Latina
Sin embargo, el exdiplomático nicaragüense no se atreve a comparar a Bukele con Ortega, porque considera que el mandatario salvadoreño tiene aspectos positivos.
«La dictadura de Daniel Ortega no tiene parangón en América Latina. Ni siquiera es comparable con la dictadura de los Somoza, que en muchos aspectos al lado de la siniestra pareja presidencial se ven como niños. El poder político y económico de Ortega posiblemente no lo haya alcanzado ningún dictador en la historia de América Latina. Bukele es más coherente, más racional; no tiene a su lado a una mujer como Rosario Murillo, de características únicas y su infinito rencor y crueldad», dijo la fuente.
Daniel Ortega regresó al gobierno en 2007 y desde entonces ha logrado retener el poder a través de cuestionados procesos electorales, manipulación de las leyes, sometimiento de los otros poderes del Estado y concentración del poder en el Ejecutivo que él ejerce.
En los últimos cuatro años, el régimen Ortega Murillo ha mantenido una sistemática represión contra todo tipo de crítica y oposición, que ha significado el encarcelamiento de destacados opositores, universitarios, líderes campesinos, jóvenes, periodistas, dueños de medios, empresarios, exdiplomáticos, entre otros.
En 2018, cuando Ortega y su esposa ordenaron una brutal represión armada contra las protestas civiles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó más de 300 muertos por esa causa.
