El Ministerio de la Familia (Mifam) del régimen de Daniel Ortega, condenó al obispo de la Diócesis de Granada, Jorge Solórzano, por haberse pronunciado sobre el proceso judicial en contra del padre José Leonardo Urbina, condenado por el poder judicial orteguista a 30 años de prisión por el supuesto delito de violación a una menor.
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Cabe señalar que aún no hay sentencia firme contra monseñor Urbina, debido a que primero se otorga la apelación y posteriormente la casación (oportunidad de nulación de una sentencia), sin embargo, como ha sido una constante, los procedimientos del poder judicial son cuestionados por juristas independientes ante la irregularidad y la violación de los derechos de los acusados por causas políticas.
Mifam respondió a un breve comunicado de la Diócesis de Granada, encabezada por monseñor Jorge Solórzano, que expresa «su profundo dolor y sufrimiento» al conocer la sentencia contra monseñor Urbina y pidió a los feligreses seguir orando por los sacerdotes encarcelados.
«El Ministerio de la Familia del Gobierno de Nicaragua, condena enfáticamente las declaraciones que desde la Iglesia Católica de Granada defienden, inconcebiblemente, a un sacerdote violador, cuando hemos conocido las reiteradas denuncias del Papa Francisco sobre la no impunidad a estos personajes que cometen crímenes contra la decencia, contra la dignidad humana y contra sus propias normas de vida, supuestamente sacerdotales.», manifestó la institución orteguista en un comunicado.
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Mifam, que tiene como ministra a Johana Flores, agrega en el escrito que reclaman «por estas expresiones inauditas del Obispo y de la Diócesis de Granada, que consideramos en rebeldía ante la guía pastoral del Papa Francisco».
«El Santo Padre exige denunciar a los miles de supuestos sacerdotes y hasta obispos, que han cometido o cometan crímenes contra la dignidad de niños y niñas, en actos terribles de pederastia, mereciendo el repudio y condena absolutos de las instituciones y familias en todas partes», manifiesta otra parte del comunicado.
El padre Urbina es el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica que el régimen de Ortega condena por delitos comunes, en un contexto de hostigamiento, amenazas y persecución a los líderes y sacerdotes de la Iglesia católica, que han demandado democracia y justicia en Nicaragua.
Diferentes abogados penalistas han coincidido en que no se ha complido el debido proceso al momento de juzgar al padre Urbina, a quien ni siquiera le han permitido ver a su familia.
En julio pasado, se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso. Fue el caso del padre Manuel Salvador Martínez, condenado a casi 5 años de cárcel, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles, y lesiones psicológicas y físicas a una mujer.
El padre Martínez también pertenece a la Diócesis de Granada, conformada por los departamentos de Granada, Boaco y Rivas.
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Además, el régimen de Ortega también tiene bajo condición de casa por cárcel en Managua al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, desde el pasado 19 de agosto que fue sacado por la fuerza de la Curia Episcopal de esa ciudad, junto a cuatro sacerdotes más, dos seminaristas y un camarógrafo.
El parroco de Mulukukú (Caribe Norte), Óscar Danilo Benavides Tinoco, es otro sacerdote de la Iglesia católica que fue detenido el pasado 14 de agosto sin que hasta ahora se conozcan las razones. El padre Benavides fue declarado bajo 90 días de investigación que están corriendo en este momento.
