La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha encarcelado en menos de tres meses, a siete sacerdotes de la Iglesia Católica, incluyendo al Obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien está bajo arresto domiciliar, medida que el régimen pretende disfrazar como “resguardo domiciliar”, en Managua, desde el pasado19 de agosto.
Además de los sacerdotes, detenidos en diferentes cárceles, el régimen mantienen encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote, a dos seminaristas y un diácono.
Padre Manuel Salvador García, fue arrestado el pasado 1 de junio por la Policía orteguista y condenado 23 de junio a dos años de prisión por el presunto delito de amenazas con arma blanca a cinco personas, y una multa de 14,116 córdobas o 200 días multa, así lo determinó el juez Local Único de Nandaime, Jaime Aguilar.
El sacerdote de la iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime fue acusado por ese delito luego de que el pasado 30 de mayo a eso de las 10 de la noche, habría tomado un machete cuando un grupo de jóvenes acecharon la casa cural.
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El pasado 1 de julio, la jueza distrito penal especializada en violencia de Granada, Ana Xochilt Fonseca, también declaró culpable al sacerdote de los delitos de lesiones psicológicas y físicas contra Martha Candelaria Rivas Hernández. La Fiscalía solicitó la pena de dos años y ocho meses por ambas causas.
El padre García tiene 57 años, padece diabetes y toma medicamentos para una neuropatía crónica.
Monseñor José Leonardo Urbina, encargado de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, fue detenido el pasado 13 de julio, por la Policía y presentado por la tarde en los Juzgados de Managua, acusado por la supuesta violación de una adolescente.
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Tras su detención un grupo de feligreses protestaron por la liberación del sacerdote.
Padre Óscar Danilo Benavídez, fue secuestrado el domingo 14 de agosto a las 5:50 de la tarde, casi dos horas después de terminar su última misa en la capilla Inmaculada Concepción en Mulukukú, jurisdicción eclesiástica de la Diócesis de Siuna, en el Caribe Norte de Nicaragua.
“Desconocemos las causas o motivos de su detención y esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, señaló ese día la Diócesis de Siuna en un comunicado, donde alientan a orar por el sacerdote, cuya “única misión es y ha sido la de anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra de vida y salvación para todos”.
El padre Benavídez, que tomó posesión de la parroquia Espíritu Santo el 25 de mayo pasado, está siendo investigado durante noventa días por la Fiscalía, sin especificar el supuesto delito por el que se le investiga, pero del cual el Estado de Nicaragua se reconoce como “víctima y ofendido”.
Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, está bajo arresto domiciliario en la casa de su familia en Managua.
Al obispo se le dejó bajo régimen domiciliar, luego de permanecer 15 días retenido en la sede episcopal de Matagalpa, junto a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico. Todos fueron secuestrados en la madrugada del viernes 19 de agosto. Los sacerdotes, los seminaristas y el colaborador de TV Merced, fueron trasladados a la DAJ.
Quienes acompañaban a monseñor Álvarez son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Diaz, Sadiel Eugarrios y Raúl Vega; los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira; y el camarógrafo de TV Merced, Sergio Cárdenas.
Monseñor Rolando Álvarez, de 55 años, fue nombrado por el papa Francisco, en julio de 2021, administrador apostólico de la “sede vacante” de la Diócesis de Estelí, tras la aceptación de la renuncia por edad de monseñor Juan Abelardo Mata, en el cargo de obispo.
Con el nombramiento como administrador apostólico fungirá en esa sede hasta el nombramiento del nuevo obispo, según oficializó una nota de prensa del 6 de julio de 2021, firmada por el nuncio apostólico Waldemar Sommertag, expulsado por el régimen de Ortega el 6 de marzo, informó el Vaticano.
Álvarez fue nombrado Obispo de Matagalpa el 8 de Marzo de 2011, convirtiéndose así en el noveno y actual Obispo de esta diócesis.
Detenidos en la DAJ
Sacerdote Ramiro Tijerino: es el rector de la Universidad Católica Juan Pablo II, sede Matagalpa y encargado de la parroquia San Juan Bautista. Desde 2020 es el nuevo juez en la causa de canonización de Fray Odorico D’Andrea, cuya labor pastoral es recordada en el norte del país, principalmente, en San Rafael del Norte, Jinotega.
El sacerdote, de 50 años, respaldó a monseñor Álvarez cuando se refugió en una iglesia en Managua, en mayo pasado, por el incremento de la persecución policial en su contra. “Mi solidaridad con él en todo momento”, refirió el padre en ese momento a Confidencial.
El padre Ramiro tiene 20 años de ejercer el sacerdocio, durante la detención en el Obispado su salud se vio afectada debido a la hipertensión y diabetes que padece.
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Sacerdote José Luis Díaz: es el primer vicario de la catedral de Matagalpa y responsable del Santuario del Divino Niño. Fue ordenado sacerdote el 23 de noviembre de 2019 y es originario de la comunidad “Ocote Sur”, en Matagalpa.
Sacerdote Sadiel Eugarrios: es el segundo vicario de la catedral San Pedro de Matagalpa. Tiene 35 años y es originario de Matiguás, Matagalpa.
El padre Eugarrios fue ordenado el 24 de noviembre de 2018 por monseñor Álvarez, quien lo señaló como “un profeta en formación”, “un alma caritativa incansable” y “un amante de la libertad hasta las últimas consecuencias”.
En el nuevo Chipote también se encuentran el diacono Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, además del camarógrafo Sergio Cárdenas.
En la iglesia católica, la ordenación diaconal es previa a la ordenación sacerdotal.
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Desde el 2018, en el contexto de represión armada contra las protestas civiles, los sacerdotes y obispos de la Iglesia católica han sido blanco de ataques verbales y agresiones físicas de parte del régimen de Daniel Ortega, por demandar el respeto a los derechos humanos.
Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, en reiteradas ocasiones han descalificado a los sacerdotes llamándolos «terroristas» y «demonios».
El 4 de mayo pasado, la Asamblea Nacional, bajo el control total del régimen Ortega-Murillo, aprobó un informe que propone enjuiciar a sacerdotes porque civiles consultados por la Comisión de Justicia del Legislativo declararon que los sacerdotes cometieron delitos «no como pastores representantes de Cristo, tampoco como proteger y defender los derechos humanos, sino de manera personal, con saña y odio hacia la militancia sandinista y personas relacionadas con el GRUN (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional)».
