La abogada y defensora de derechos humanos, Yonarqui Martínez, confirmó a LA PRENSA que el sistema judicial, bajo el control del régimen dictatorial de Daniel Ortega, le prohibió al sacerdote Leonardo Urbina el derecho a un defensor privado que sus familiares solicitaron de manera formal.
«Niegan defensa privada a monseñor Leonardo Urbina. Está programado el juicio sin su abogado de confianza. Dónde está el respeto al debido proceso y los derechos de un acusado», manifestó Martínez en su cuenta de Twitter, este martes 23 de agosto.
Según la abogada, los familiares del acusado han presentado cinco escritos ante el juez Edén Aguilar, para asegurarle al sacerdote una defensa justa, pero estas comunicaciones no han sido contestadas.
«El familiar designó un abogado defensor desde el 12 de agosto, más de diez días y el juez no se ha pronunciado cuando eso se provee en 24 horas, más cuando hay juicio», explicó Martínez.
La defensora de derechos humanos valoró que la falta de una defensa justa y los cambios constantes de abogados dejan al sacerdote en total indefensión.
«El juez Aguilar no provee, no se pronuncia. Esto causa indefensión, porque el nuevo abogado tiene que tener tiempo para hablar con el acusado, tiene que tener su teoría de defensa, tiene que haber un contacto directo entre el acusado y el nuevo abogado defensor. Es una indefensión y una violación al debido proceso, es una violación a los derechos humanos de monseñor y es una prueba evidente de que se le está juzgando de una manera anómala, ese proceso debe ser decretado nulo desde el principio. A este señor se le han violentado los derechos constitucionales», manifestó la abogada y defensora de derechos humanos.
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El padre Urbina era administrador de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Boaco. Fue detenido el pasado 13 de julio, bajo acusación de los supuestos delitos de abuso sexual en concurso real de violación a una menor de 14 años, y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S., de 12 años. Desde el inicio de su proceso, el juez Edén Aguilar, titular del Juzgado Tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, ha rechazado las peticiones del procesado.
Fanático sandinista se quiso disfrazar de abogado defensor
En julio pasado, el militante sandinista Harry Antonio Valle Palacios se ofreció para ser abogado privado de Urbina, hasta que quedó en evidencia su afinidad política a favor del régimen de Daniel Ortega, lo que fue denunciado en las redes sociales.
El padre Urbina es el segundo caso de un sacerdote de la Iglesia católica que el régimen tiene en proceso para ser condenado por delitos comunes, en un contexto de hostigamiento, amenazas y persecución a los líderes y sacerdotes de la Iglesia católica.
En julio pasado se concretó el primer caso de un sacerdote condenado sin seguir el debido proceso. Fue el caso del padre Manuel Salvador Martínez, condenado a 2 años de cárcel y 200 días multa, por supuestamente haber amenazado a un grupo de civiles.
Este mes se ejecutaron dos detenciones más de religiosos: el sacerdote Oscar Danilo Benavídez, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna; y el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo arresto domiciliario Managua, tras haber sido acusado de «estar intentando organizar grupos violentos».
La Policía del régimen de Daniel Ortega mediante un comunicado señaló el 19 de agosto, tras el allanamiento a la Curia Episcopal donde mantuvo al obispo y sus acompañantes retenidos durante 15 días, que mantiene al obispo en “resguardo domiciliar” en Managua, mientras que el resto de los secuestrados fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote.
Monseñor Álvarez junto con los sacerdotes Ramiro Tijerino, Sadiel Eugarrios, José Luis Díaz y Raúl Vega, y los seminaristas Darwin Leiva y Melvin Centeno y un trabajador de TV Merced fueron detenidos en la madrugada del viernes 19 de agosto.
