La Policía del régimen de Daniel Ortega ha logrado callar a los ciudadanos de Matagalpa que inicialmente protestaron en contra del asedio policial impuesto a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de ese departamento. ubicado al norte país.
A la par del estado de sitio en la ciudad de Matagalpa, las oficinas departamentales de Auxilio Judicial han estado repartiendo citatorias a los ciudadanos que protestaron frente a la sede episcopal la semana pasada, donde mantienen retenido bajo arresto domiciliario a monseñor Álvarez y a un grupo de laicos y sacerdotes. Pero luego de haber asistido a la cita, los ciudadanos se quedaron en silencio.
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El caso más destacado ha sido el de la doctora Magda Alonso, quien a mediados de la semana pasada encaró a los policías que obstaculizan el paso a la sede episcopal de Matagalpa.
La doctora Alonso intentó convencer a los policías antidisturbios de que lo que hacen no es correcto y les recordó que ellos son parte del pueblo. Días después, el 5 de agosto, la doctora recibió una citatoria de la Policía, al igual que otros ciudadanos que apoyaron al obispo Álvarez.
LA PRENSA confirmó que Alonso y otros ciudadanos asistieron a la cita el 6 de agosto, pero desde entonces ni ella ni los demás han querido hablar públicamente después de la entrevista policial.
Particularmente la doctora Alonso borró las publicaciones que había hecho en Twitter, relacionadas con la citatoria.
LA PRENSA confirmó que en dicha cita, la Policía amenazó a los ciudadanos con “aplicarles la ley”, lo que en las prácticas del régimen orteguista significa encarcelamiento.
Según contó uno de los citados, que no será identificado por motivos de seguridad, la Policía los acusa de ser “colaboradores” del obispo Álvarez, de “incitar a la violencia” y “promover la desestabilización del gobierno”, mismos cargos que le imputaron a Álvarez el pasado 5 de agosto también.
Los requeridos firmaron su acta de declaración, pero la fuente aseguró que él se negó a firmar otro documento con aseveraciones que él no dijo, aunque no detalló de qué se trataba.
“Cambiaron de acta y yo hasta que la leí firmé y (nos dijeron) que nos abstuviéramos de seguir presentándonos en las manifestaciones, en la iglesia, ir a apoyar a Álvarez en casa cural”, dijo la fuente.
También reveló que les tomaron diferentes fotos de su vestimenta, de su calzado y de su rostro.
Los ataques del régimen contra la Iglesia católica y sus líderes iniciaron con mayor intensidad en 2018, en el contexto de represión contra las protestas civiles. La mayoría de los sacerdotes y obispos apoyaron a los protestantes que originalmente habían salido a las calles para rechazar una reforma al Seguro Social, pero luego se juntaron diversas inconformidades, entre estas, la permanencia de Ortega y su esposa Murillo en el poder, quienes ya cumplieron 15 años al frente del Ejecutivo.