Desde que se dio a conocer que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores aprobó la candidatura presentada por Nicaragua para ocupar el cargo de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana, del nicaragüense Werner Vargas, opiniones aisladas de exmandatarios, de organizaciones de la sociedad civil y opiniones de carácter individual han expresado su rechazo al nombramiento de este importante funcionario que por derecho le corresponde proponer al Estado de Nicaragua.
Han sido opiniones sin fundamentos jurídicos ni políticos serios y responsables que no contribuyen a la democracia, ni a la paz ni al estado de bienestar de la región. Lo que han hecho es mezclar las coyunturas políticas de dos realidades separadas. Ubicando por encima del SICA a la crisis política que atraviesa el Estado de Nicaragua, argumento político sin fundamento que trata de deslegitimizar al derecho comunitario de Centroamérica, contenido en el Protocolo de Tegucigalpa como norma originaria y en las normas derivadas y complementarias de dicho ordenamiento jurídico comunitario regional.
El hecho de que un Estado presente una terna para que un candidato sea electo para ocupar un puesto de alto rango en el SICA, como en derecho corresponde, no significa que vaya a representar a ese Estado en particular, el candidato una vez investido ostenta la representación legal del SICA, se convierte en un funcionario comunitario, estará exclusivamente al servicio del Sistema y no solicitará ni recibirá ninguna instrucción, ni influencia de gobierno alguno. Por lo que cada Estado está obligado a respetar la institucionalidad del Sistema, el carácter y el espíritu integracionista del secretario general para el desempeño de las funciones.
Desde hace muchos años está más que demostrado que el SICA es un sistema frágil, vulnerable, desintegrado internamente, con una crisis de institucionalidad y de representatividad profunda. Sus órganos principales como el Parlacen, la Corte Centroamericana de Justicia, así como el Comité Consultivo, no están integrados completamente por todos los ocho Estados miembros que lo componen y no han sido capaces de aglutinar a las fuerzas políticas y sociales democráticas representativas de la región.
El comportamiento de la misma institucionalidad del SICA es de desconocer a sus propia instancias, al mismo derecho comunitario y sus normas derivadas y complementarias, de irrespetar el principio de subsidiariedad que garantiza el grado de autoridad de las instancias superiores y en particular con los poderes locales ante el poder central, desconocer la supranacional de sus principales órganos, las opiniones consultivas y fallos emitidos por la Corte Centroamericana de Justicia, por mencionar algunas.
Si la Reunión de Presidentes acepta los argumentos que unos cuantos carentes de una opinión educada y adecuada a coadyuvar en fortalecer al Sistema de la Integración, estaría acrecentando aún más la crisis institucional que ha venido arrastrando el Sistema desde hace varios años.
El argumento de violación de los derechos humanos, de la falta de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, de celebración de elecciones libres y transparentes es un argumento político que verdaderamente pesa más en un Estado que en los otros. Aun así, no solo se le debe de señalar a un Estado. ¿Qué Estado de Centroamérica es verdaderamente democrático, que no violente lo derechos humanos, que no presenta crisis de legitimidad, de legalidad y de trasparencia en sus instancias internas?
Si toda la región está plagada de incertidumbre política, de presidentes y expresidentes y de funcionarios políticos, prófugos, perseguidos por la justicia, de dictadores y pseudodictadores amparados bajo las acciones de democracias , incapaces de solucionar y brindar respuesta ante los retos de alcanzar intereses comunes como: la unión aduanera, frenar el fenómeno migratorio, los altos índices de inseguridad ciudadana, el accionar de la narcoactividad, los problemas de salubridad, sanidad y educación, la falta de acceso a la justicia.
Por ello la postura de los que se han pronunciado de forma irresponsable atenta contra la existencia y la continuidad de ese foro regional integrado por ocho países que apuestan por la democracia y su desarrollo, por un espíritu integracionista que está luchando por sobrevivir ante la realidad desproporcionada de las acciones nacionales que estancan y hacen retrocede al Sistema.
No es tratando de deslegitimar un derecho que le fue atribuido a un Estado, no a un Gobierno, que se va a solucionar la crisis del SICA. El mezclar acciones colectivas que se dan en un espacio de diálogo regional frente a la crisis interna de un gobierno en particular, va en contra del sentido de la integración, violenta las normas de carácter regional que fueron creadas bajo la tutela, respeto y promoción del derecho, la paz la democracia y los derechos humanos.
Si la Reunión de Presidentes no nombra al secretario general tratando de deslegitimar lo legítimo, abonará un elemento más de desestabilización al criticado y cuestionado Sistema de la Integración, opacará el diálogo y el consenso político colectivo de la región, incurrirían en una flagrante violación al Protocolo de Tegucigalpa.
Permitan que el SICA siga viviendo, no elegir a un secretario general no es la solución a los problemas del Sistema, ni la solución de la crisis política de Nicaragua. No le nieguen la oportunidad a la región de fortalecer el diálogo político, de crear espacios de consenso que busquen una ruta para que la región avance en beneficio de los intereses comunes de cada una de las políticas exteriores de los capítulos nacionales.
El funcionamiento del SICA, la continuidad de la cooperación internacional, el desarrollo y la ejecución de programas de desarrollo emanados de los cinco pilares de la integración dependen de la conducción de un secretario general.
La autora es abogada, master en Integración Regional.
