El régimen de Daniel Ortega ordenó este miércoles al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) firmar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un préstamo por 200 millones de dólares para cubrir el subsidio a los combustibles, que este 19 de junio arribaron a su semana número 11 congelados.
Ortega ha manejado con suma discreción el programa de subsidio a los combustibles, desde que lo anunció en abril pasado. En un principio no explicó cómo se iba a financiar su política, tampoco el costo para el Estado ni cómo se va a repartir el alivio entre los distribuidores de combustibles, un mercado donde también participan estaciones que en su momento pertenecieron a la familia presidencial y que, tras las sanciones de Estados Unidos, fueron traspasadas a testaferros y se convirtieron en bandera blanca, según han denunciado opositores.
Fue hasta que el BCIE anunció que aprobó un fondo por 800 millones de dólares para ayudar a los gobiernos de la región a afrontar la crisis de precio de los combustibles que Ortega reveló que el subsidio le costaba al Estado cada semana cuatro millones de dólares, lo que implicaría un acumulado de deuda con los distribuidores del producto de un poco más de 44 millones de dólares.
En medio de esa opacidad, este miércoles Ortega firmó un decreto presidencial en el que ordena a Hacienda que firme dicho préstamo por 200 millones de dólares, el máximo permitido por el BCIE para cada país a través de su programa. El crédito que suscribirá Hacienda está denominado “Programa Temporal de Apoyo ante la crisis de los combustibles en Nicaragua”, según el acuerdo presidencial número 98-2022.
“La certificación de este acuerdo acreditará la representación del viceministro en la firma del contrato de
préstamo referido en el artículo anterior, cuyos términos y condiciones han sido previamente acordados entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco Centroamericano de Integración Económica”, se lee en el artículo 2 de dicho decreto.
No está claro cuál es la condicionalidad del préstamo, porque hasta ahora el BCIE no ha indicado en qué condiciones entregará el crédito a cada uno de los gobiernos que lo solicite.
La crisis de los combustibles comenzó desde el año pasado, pero el régimen actuó hasta octubre, muy cerca de que se realizaran los comicios presidenciales, que resultaron un fiasco para la comunidad internacional. Luego retomó su programa hasta abril de este año y se ha mantenido vigente a la expectativa de que se consiguieran esos recursos del BCIE.
Por años Nicaragua ha sufrido por los elevados precios de los combustibles, uno de los más caros de Centroamérica, detrás de Costa Rica, una queja que no había sido escuchada por este gobierno. Su política ha permitido que los precios se coloquen ahora entre los más baratos, pero los analistas han advertido que el reto será que los mismos se mantengan así una vez que finalice el programa de subvención.
El pasado 3 de junio, cuando el BCIE concretó el programa regional, informó que en el marco de este programa la entidad está tomando “las medidas correspondientes para asegurar la debida diligencia en todas las etapas de sus proyectos y programas. En este sentido los desembolsos se realizarán de conformidad a lo establecido en las actividades de supervisión, seguimiento y control para el adecuado uso de los recursos, así como de las políticas de adquisiciones del Banco que incluye la contratación de una auditoría independiente, permitiendo un seguimiento cercano y continuo por instancias de control internas y externas”.
Y además indicó que “el BCIE adoptó como principio básico la cero tolerancia a las prácticas prohibidas, situaciones contrarias a la ética o incumplimiento normativo, por lo que mantiene a disposición medios de denuncias, donde las personas naturales o jurídicas pueden realizar las mismas”.