Los senadores republicanos Marco Rubio (Florida) y Bill Cassidy (Louisiana) enviaron una carta al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que solicitan a la administración de Joe Biden «aumentar» las sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a nivel diplomático y económico por las constantes violaciones a los derechos humanos, en particular contra los presos políticos.
En la misiva los legisladores expusieron el deterioro de la democracia en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo debido a «su creciente violación de los derechos humanos y el trato brutal de disidentes políticos y candidatos».
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«Solicitamos que los Departamentos de Estado y del Tesoro de los EE. UU. utilicen la autoridad otorgada por el Congreso a través de la Ley Nicaragüense de Derechos Humanos y Anticorrupción (NICA) de 2018 y la Ley de Reforzamiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer) de 2021 para sancionar a los régimen Ortega-Murillo en lo diplomático y económico», señala la misiva.
Plantea «reconsiderar»membresía de Nicaragua en el DR-Cafta
Debido al historial del régimen de socavar las estructuras y normas democráticas dentro de su patria es incompatible con los principios de la Organización de los Estados Americanos y las Naciones Unidas, los senadores plantean «reconsiderar» la membresía de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica (Cafta-DR) «para que Ortega, Murillo y su red no puedan cosechar los beneficios comerciales con los Estados Unidos y los otros estados miembros».
“Instamos a la Administración a hacer cumplir todas las herramientas diplomáticas para negar el acceso del régimen de Ortega al mercado estadounidense. Lo alentamos a tomar estas medidas rápidamente para ejercer la máxima presión sobre un régimen casi totalitario que representa la antítesis del espíritu estadounidense, contradice los derechos humanos universales e inalienables básicos y perturba a las demás naciones del hemisferio occidental”, agregan los senadores.
Violación a los DD. HH. persiste
En el texto, los senadores también exponen los hechos de violaciones a los derechos humanos que cometió el régimen tras el inicio de las protestas antigubernamentales en abril de 2018 y que siguen cometiendo con los presos políticos.
“En abril de 2018, los nicaragüenses salieron pacíficamente a las calles para protestar por la falta de democracia y Estado de derecho bajo el gobierno del régimen Ortega-Murillo. Desde entonces, este dúo autocrático ha respondido con una represión sistemática y violenta que mató, hirió o exilió a cientos de nicaragüenses. El régimen Ortega-Murillo extiende el control sobre la mayoría, sino todas, las palancas del poder y como tal encarcela a los opositores políticos con impunidad a nivel nacional, regional e internacional”, señalan.
Los senadores continuaron visibilizando la situación de los líderes opositores detenidos. «En junio de 2021, el régimen de Nicaragua arrestó a todos los líderes de la oposición que declararon su intención de oponerse a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales, incluidos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga», quienes cumplieron hoy un año presos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo Chipote.
«Sus familias, que viven aquí en los Estados Unidos, han tenido poca comunicación con ellos mientras están en prisión en la infame prisión el Chipote», añaden.
Piden sanciones para juez y fiscal que condenó y acusó a Chamorro y Maradiaga
Señalan que el Departamento del Tesoro de EE. UU. ya ha sancionado a 31 personas y ocho entidades nicaragüenses, incluidos Rosario Murillo, algunos de sus hijos, asesores cercanos a Daniel Ortega y líderes de la Policía Nacional de Nicaragua, la Asamblea Nacional y del poder judicial.
Sin embargo, agrega que «es hora de ampliar estas sanciones económicas al propio Ortega y a los funcionarios judiciales responsables de la detención de los señores Chamorro y Maradiaga, para incluir al juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, a la fiscal adjunta Heydi Estela Ramírez, a la procuradora general Ana Julia Guido Ochoa, y al fondo de pensiones del nicaragüense militar Instituto de Previsión Social Militar, que también es cómplice en la detención y tortura de disidentes políticos».
Mencionan también que el Departamento de Estado de EE. UU. ha tomado medidas para implementar restricciones de visa a más de 150 personas que han ayudado al régimen en su asalto a la democracia, incluidos miembros de la Asamblea Nacional, jueces, fiscales, funcionarios electorales, funcionarios de partidos políticos y algunos de sus familiares.
Pero «se deben implementar más restricciones de visa a otros en la red del presidente Ortega para evitar que viajen a los Estados Unidos, incluida Yadira Leets, la exnuera de Daniel Ortega, quien visitó Estados Unidos en mayo«.
