El régimen de Daniel Ortega continua sin esforzarse por expandir el acceso público a la información del Presupuesto General de la República, según la más reciente Encuesta de Presupuesto Abierto 2021 (OBS, por sus siglas en inglés), promovida por International Budget Partnership (IBP).
La encuesta, presentada en un foro realizado por Expediente Abierto, es un instrumento que se aplica cada dos años (desde 2006) a nivel internacional para evaluar el grado de transparencia, apertura a la participación ciudadana y supervisión de los presupuestos públicos de los Gobiernos. En esta edición se contó con la participación de 120 países.
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Por ejemplo, los resultados del Índice de Presupuesto Abierto muestran que Nicaragua no registró importantes avances en el tema, pues su puntuación pasó de 46 puntos de 100 en 2015 a 43 en 2017, luego a 41 puntos en 2019 y en 2021 esta cifra se ubicó en 42.
De hecho, entre 2006 y 2015 se observa un aumento de la información presupuestaria de Nicaragua, sin embargo, a partir de 2015 estos niveles retroceden. En 2021 el país prácticamente volvió a los niveles de transparencia presupuestaria que tenía en 2012, cuando también en ese año obtuvo la calificación de 42 sobre 100. (Vea infografía)
Al respecto, el economista e investigador Leonardo Labarca, quien presentó el resultado de la encuesta, explicó que ese resultado obedece a que “a partir del 2005, cuando la Ley de Régimen Presupuestario se aprobó, esto permitió las pautas para que haya un control sobre la transparencia, la información y como se debe de estar publicando los datos sobre el presupuesto nacional”.
Siguiendo esta línea, agregó: “Para el 2021 hay un ligero aumento, muy pequeño respecto al 2019, y esto se debe un poco a que a veces el Ministerio de Hacienda deja de publicar una información, pero, por otro lado, publica otra, entonces es como un ´tira y escoge´”.
Labarca recordó que Nicaragua participa desde el 2006 evaluando su sistema de rendición de cuentas presupuestario “y esta encuesta considera el estado de la transparencia y cómo ha cambiado con el tiempo el grado de participación ciudadana en el proceso presupuestario y las fortalezas de las dos instituciones formales de vigilancia, que para el caso de Nicaragua sería la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República”.
Nicaragua proporciona información “limitada” sobre su presupuesto
La encuesta presenta tres indicadores, uno es el de la transparencia, (el Open Budget Index – OBI) que se basa en la publicación de 8 diferentes documentos presupuestarios que los Gobiernos deberían de publicar en línea y en tiempos considerablemente aceptables.
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Cada país recibe, a partir de esa información que presenta, una graduatoria de 0 a 100 que determina su lugar en el Indicador de Presupuesto Abierto. Se toma en cuenta si el país divulga cada uno de los 8 documentos claves, en los cuatro momentos del proceso presupuestario. También se analiza el contenido que se publica en estos.
Actualmente, Nicaragua publica 5 de esos 8 documentos, lo cual hace que sea catalogada como una de las naciones que brinda información “limitada” sobre las finanzas del Gobierno.
El Gobierno tendría que publicar los siguientes escritos: el documento preliminar, el proyecto de presupuesto, el presupuesto aprobado, el presupuesto ciudadano, los informes de ejecución, el informe de medio término, el informe de fin de año y el informe de auditoría.
Pero hay tres de estos que no se divulgan: el documento preliminar, el presupuesto ciudadano y la revisión de mitad de año. Al no conocerse reciben un puntaje de cero, lo que incide considerablemente en la nota general.
Por lo tanto, Nicaragua ni siquiera llegó al mínimo aceptable de transparencia en la elaboración y ejecución del Presupuesto General, ya que obtuvo una calificación de 46 (sobre 100), cuando el mínimo es 61.
“Las buenas practicas del Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proponen que se publiquen esos 8 documentos, sin embargo, en Nicaragua se divulgan solamente 5, que son los que por ley mandata que se publiquen”, sostuvo el economista.
Nicaragua y El Salvador al final del ranking
En la región centroamericana, solo El Salvador (42) se encuentra por debajo de Nicaragua, pues los superan Honduras (61), Costa Rica (63) y Guatemala (64).
En cambio, en Latinoamérica y el Caribe, el país que más presenta información presupuestaria es México (82), seguido por Brasil (80) y República Dominicana (77). En tanto, después de Nicaragua y El Salvador, los últimos países en el ranking son Trinidad y Tobago (41), Bolivia (34) y Venezuela (0), que básicamente no presenta información sobre el presupuesto nacional.
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“Solamente Nicaragua se ha quedado estancada y esto tiene que ver con la Ley de Régimen Presupuestario, ahí se indica cuáles son los documentos que se deben de publicar, y si Nicaragua no publica los otros tres documentos que no se producen no va a poder aumentar en esta graduatoria”, alertó Labarca.
El especialista también manifestó que se ha observado que “dado que Nicaragua no tiene una adecuada transparencia en el uso de los recursos públicos, esto ha provocado que las instituciones financieras internacionales tengan más cautela al momento de brindar el apoyo económico que había en años anteriores”.
“Sobre todo lo vemos reflejado en las donaciones, en cuanto a los préstamos, hemos visto que esto se mantiene debido a que a fin de cuentas a las instituciones internacionales lo que les importa es que puedan cumplir con los pagos, y Nicaragua hasta el momento ha cumplido con el pago de todas estas deudas que se han adquirido”, recordó.
Sin embargo, aclaró que “si Nicaragua no avanza en la transparencia, también hay desconfianza en la población y los sectores económicos del país sobre el manejo de estos recursos. Pero no podemos decir que en Nicaragua no hay transparencia del todo, la puntuación que se le da en esta etapa es suficiente para decir que la información es limitada”.
Participación ciudadana
Además de la transparencia, la encuesta también mide las oportunidades que tiene la ciudadanía para participar en el proceso presupuestario, desde la etapa de formulación, hasta la ejecución y la auditoría. Esta evaluación se hace a partir de los principios de participación ciudadana de la Iniciativa Global para la Transparencia Fiscal (GIFT).
En ese caso, los resultados arrojan que Nicaragua brinda muy pocas oportunidades al público para participar en el proceso presupuestario.
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“En cuanto a la participación ciudadana, Nicaragua sigue estando en la cola, no hay suficientes mecanismos, no hay forma en que la sociedad civil pueda hacer evaluación sobre el presupuesto nacional”, señaló Labarca.
Asimismo, expresó que “sabemos el contexto en el que estamos viviendo, pero no solo es una cuestión desde 2018 para acá, sino que desde que se evalúa este índice a partir del 2012, tienen estos problemas. Y no es una cuestión que tiene que ver solamente con Nicaragua sino también con los demás países de la región latinoamericana”.
En detalle, el nivel de participación de la ciudadanía en el Presupuesto de Nicaragua está con una puntuación de 7 sobre 100, solo por encima de Paraguay (6) y Venezuela (0).
Mientras, sus pares centroamericanos se ubicaron de la siguiente manera: El Salvador (20); Guatemala (19); Honduras (17) y Costa Rica (9).
Nicaragua había obtenido una mejor calificación en la encuesta de 2017, cuando obtuvo 11 puntos, lo que significa que en los últimos años la situación ha venido empeorando. En la encuesta de 2019 fue el mismo resultado que la del año pasado (7).
“La población debería de estar participando en cada una de las cuatro etapas del proceso presupuestario. El Poder Ejecutivo debe crear los mecanismos para que haya comunicación con la sociedad civil para que puedan saber cuáles son las necesidades de la población”, afirmó el economista.
Vigilancia presupuestaria
El tercer pilar de la encuesta tiene que ver con las instituciones formales de vigilancia, que son fundamentales para el manejo correcto de las finanzas públicas y el ejercicio de la democracia.
“Tiene que haber una vigilancia adecuada no solamente en la teoría, sino también en la práctica, a pesar de que en algunos países hay una vigilancia adecuada en la teoría, pero en la práctica no se hace, como en el caso de Nicaragua”, sostuvo Labarca.
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En la vigilancia total, Nicaragua se ubicó con una puntuación de 59 sobre 100, y aunque no alcanza el nivel mínimo, es el pilar en que mejor sale graduada en la medición de toda la encuesta.
En el ranking, Nicaragua ocupa el octavo lugar, y es solo superada por El Salvador, México, República Dominicana, Colombia, Perú, Costa Rica, y situándose en el primer lugar, se encuentra Brasil.
En detalle, la vigilancia de la Asamblea Nacional obtuvo 64 puntos sobre 100, es decir “que cuenta con una adecuada vigilancia, en teoría”, expresó el economista. En el caso de la Contraloría General de la República, fue calificada con 50 sobre 100, es decir que su fiscalización es limitada.
“Esto es en teoría, porque sabemos que hay una adecuada vigilancia por todas las facultades que les da las leyes. Tanto la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, como la de la Contraloría, proveen de instrumentos para que los presupuestos puedan ser vigilados en Nicaragua”, aseguró el especialista.
Manifestó que la razón por la que no tienen mayores puntajes es “debido a las prácticas que verdaderamente se hacen, a pesar que tienen todas estas potestades, es indudable que el trabajo que hacen no lo están publicando a como se debería publicar y no están vigilando como deberían hacerlo”.
Es decir, existe una adecuada vigilancia por parte de la legislatura por lo que manda la ley, “porque en teoría la Asamblea Nacional tiene la potestad de revisar que es lo que se está ejecutando y también tiene la potestad de aprobar o no las reformas presupuestarias”.
“Entonces en un país ideal la Asamblea debería de hacer contrapeso a lo que está haciendo el Poder Ejecutivo con la gestión del presupuesto nacional, pero sabemos que en Nicaragua hay una situación muy particular”, indicó.
Resultados a nivel mundial
El documento también reveló que desde 2008 los puntajes de transparencia han aumentado más del 20 por ciento en los países en que se ha venido aplicando la encuesta.
“Se pensaría que por la pandemia y por el apuro de las políticas fiscales que hubieron, podría haber reducido la transparencia en ese tiempo, sin embargo, los esfuerzos que hicieron los Gobiernos en años anteriores para digitalizar la información presupuestaria, la institucionalización de estas prácticas de rendición de cuentas hizo que no afectara estos niveles de transparencia”, sostuvo Labarca.
No obstante, el economista reconoció que no se ha observado un progreso significativo desde la última medición en 2019. Compartió que el promedio mundial de la transparencia presupuestaria es de 45 sobre 100 y cerca del 70 por ciento de los países encuestados no cuentan con suficientes niveles de transparencia.
En cuanto a la participación ciudadana, considerada como el eslabón más débil de todos, el promedio mundial fue de 14 sobre 100. Solo cuatro países (Corea del Sur, Reino Unido, Nueva Zelanda y Georgia) ofrecen oportunidades moderadas para la participación pública.
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“El pilar de la participación pública es la más débil, es una situación que a nivel mundial es una problemática que no se ha podido resolver a pesar de que hay países que han tratado de mejorar”, añadió.
Por otro lado, en el caso de la vigilancia presupuestaria, “aquí hay dos calificaciones, una para el Poder Legislativo y otra para la Contraloría. Lo que se encuentra es que la vigilancia del Presupuesto por parte de los legisladores y los auditores nacionales es limitada y existen brechas graves en los controles y equilibrios”.
“La vigilancia proporcionada por la legislatura es generalmente más débil que las Contralorías: solamente 29 de los 120 países encuestados tienen legislaturas con adecuada supervisión, mientras que 76 cuentan con instituciones de auditorías con prácticas adecuadas”, concluyó.
