La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la suspensión de la emisión del Canal Católico de Nicaragua (Canal 51) en la señal de televisión por cable y el hostigamiento permanente contra la Iglesia católica, por parte del régimen orteguista y llamó al Estado a poner fin a la “represión y garantizar el pluralismo de voces y contenidos de comunicación”.
“Si bien la eliminación del canal fue anunciada públicamente por una de las principales empresas de telecomunicaciones del país (Claro) el pasado 20 de mayo se habría notificado a al menos otras cuatro grandes operadoras de cable y a un número indeterminado de operadoras locales por lo que, conforme a la regulación vigente, se vieron forzadas a eliminar el mencionado canal”, reaccionó la CIDH_RELE en un comunicado de prensa este viernes.
El Canal Católico, que fue fundado en 2011, pertenece a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y fue interrumpido mientras transmitía actividades religiosas. El Canal 51 era administrado por monseñor Rolando Álvarez, quien denunció la semana pasada persecución y hostigamiento policial que lo llevaron a refugiarse en la parroquia Santo Cristo de Las Colinas, en Managua, donde permaneció en ayuno y oración hasta el lunes 23 de mayo, tras su regreso a Matagalpa.
“La orden de Telcor se dio al día siguiente de que el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí (monseñor Álvarez) denunciara en sus redes sociales el incremento de acoso y hostigamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. Además, según la información recibida, habría miedo y hermetismo en las operadoras de cable para dar información adicional sobre la situación”, añade la CIDH.
Así ha venido incrementando el asedio
El organismo internacional señala que “estos hechos ocurren en un contexto de persecución, acoso, hostigamiento, asedio policial y declaraciones estigmatizantes por parte de las más altas autoridades del Estado y agentes policiales en contra de integrantes de la Iglesia católica”.
A la vez recuerdan que este año “la Asamblea Nacional canceló arbitrariamente la personería jurídica de organizaciones vinculadas con la Iglesia católica, como la Universidad Católica del Trópico Seco y colegios de la Diócesis de Estelí”.
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Además, en marzo, el Estado ordenó la salida del nuncio apostólico del país, quien fue mediador en la mesa de diálogo de 2019. Asimismo, desde 2018 otros religiosos han denunciado vigilancia y cercos policiales que no permiten el paso de personas para acceder a los templos.
De acuerdo con el informe Nicaragua: una Iglesia perseguida, elaborado por la investigadora Martha Patricia Molina, desde 2018, tras el estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua hasta mayo de 2022, se han documentado 190 ataques contra la Iglesia católica.
Represalia contra la Iglesia por su rol de mediadora en la crisis
La CIDH_RELE recuerda que el artículo 12.3 de la Convención Americana prevé “la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado” y establece que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás”.
Por tanto, la orden de excluir al Canal Católico de la grilla de programación podría constituir una limitación arbitraria a la difusión de religión y creencias y, considerando el contexto actual, podría representar además una represalia contra la Iglesia por su rol de mediador y acompañante de las víctimas de la crisis de derechos humanos, indica el organismo.
Asimismo destacan que de acuerdo con lo establecido en el Marco Jurídico Interamericano sobre el Derecho a la Libertad de Expresión, el discurso religioso goza de un nivel de protección especial bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ya que expresan elementos constitutivos de la identidad y dignidad personales. “Esto tiene particular importancia en un país con una mayoría de población que profesa la religión católica”, aseveran.
Exigen reestablecer permiso del Canal 51
La CIDH_RELE hace un llamado al Estado para que cesen los constantes ataques contra la Iglesia católica. Asimismo, instan al Estado a abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida indirecta para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones.
Lo anterior implica el deber de “reestablecer el permiso de transmisión del Canal Católico y de garantizar de esta forma la diversidad y pluralidad de voces”. Asimismo, en concordancia con estándares interamericanos, la Comisión y su Relatoría Especial llaman a las empresas operadoras de televisión a tomar “todas las medidas posibles para asegurar el pleno respeto del derecho a la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia.