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Fundación del Río fue una de las ONG víctimas del régimen orteguista. LA PRENSA/ ARCHIVO/ CORTESÍA

El otro drama tras el cierre de organizaciones: desempleo, extrabajadores en el exilio y víctimas de discriminación

Desde el 2018 la dictadura Ortega Murillo ha cancelado más de 140 ONG. Además de dejar en el desamparo a miles de nicaragüenses que se beneficiaban con sus proyectos, cientos de profesionales enfrentan el desempleo, buscan refugio al acoso o trabajo en el exilio. Estas son algunas historias

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Fleder, Carlos y “Esmeralda” —nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente— no se conocen entre sí, pero a estos tres nicaragüenses los enlaza una realidad: están desempleados tras el cierre de las organizaciones donde laboraban.

La historia que comparten estos tres nicaragüenses inicia al perder sus trabajos y empezar el calvario que los ha llevado a salir fuera del país en busca de un puesto laboral. Han depuesto su profesión y preparación de años para aplicar a cualquier trabajo para mantener a sus familias, pero tampoco les ha dado el resultado que quisieran.

Llevan cuatro años de desempleo, o de inestabilidad laboral, luego que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó, a través de la Asamblea Nacional, en diciembre de 2018 la cancelación de la personería jurídica de varias organizaciones civiles, entre esas, Fundación del Río e Instituto de Liderazgo en Las Segovias donde trabajaban.

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Los casos de Fleder, Carlos y Esmeralda solo son un reflejo de lo que están pasando miles de nicaragüenses que han quedado desempleado desde el 2018, cuando el régimen orteguista comenzó a cerrar las organizaciones civiles. Hasta la fecha van más de 140 ONG a las que se le han despojado su personalidad jurídica.

“He tocado hasta las puertas del infierno”

Fleder tiene 39 años y ha tocado las puertas de empresas privadas y regionales, zonas francas y tabacaleras. Ninguna lo ha aceptado.

En su currículo aún pone que trabajó en el área de derechos humanos del Instituto de Liderazgo en Las Segovias. Reconoce que como defensor de derechos humanos es muy difícil conseguir trabajo pero aún así mantiene sus antecedentes laborales. Estudiaba los últimos años de la carrera de Derecho cuando la organización fue cerrada.

“Hasta el momento, volver a encontrar un trabajo para mí es un problema y para todos los que somos defensores de derechos humanos opositores al régimen, es un caos cada día”, comparte Fleder.

El antes y el después de las instalaciones del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, que se encuentra en manos del régimen. LAPRENSA/CORTESÍA/ARCHIVO

Recuerda que cuando se enteró que el régimen orteguista canceló la personería jurídica al Instituto de Liderazgo en Las Segovias no sintió miedo, pese al acoso de la Policía orteguista, pero tampoco imaginó las penurias que pasaría en los siguientes años.

En enero de 2019 Fleder fue a probar suerte a Costa Rica pero no duró un mes cuando enfermó de gravedad y se vio obligado a volver a Nicaragua. Desde entonces no ha conseguido un solo trabajo. Su primera preocupación es su hijo, quien pronto cumplirá cuatro años.

“Yo he tocado hasta las puertas del infierno para poder encontrar un trabajo pero no lo he encontrado”, dice metafóricamente Fleder, quien por ahora ayuda a su mamá a comprar, criar y vender cerdos. “Yo lo que desquito solo es para la comida”, dice.

“Me he sentido inútil”

Esmeralda es una muchacha de 34 años que ya va sobre los cuatros años de haber salido de Nicaragua. Vendió todas sus pertenencias de valor, suspendió sus estudios universitarios de Comunicación y dejó a su niña de cuatro años. “Esa es la parte más difícil de todo”, comenta la nicaragüense.

Llevaba ocho años trabajando en Fundación del Río cuando la dictadura Ortega Murillo decidió cerrar la organización por las denuncias que venía haciendo sobre el Canal Interoceánico e incendio de la Reserva Indio Maíz.

Escuchar la noticia del cierre de la Fundación detonó la histeria en Esmeralda: “Yo escuchaba la palabra Policía y sentía pavor, al final yo me fui más por el miedo que sentía que por el trabajo”, se sincera.

Esmeralda —quien tenía un técnico agropecuario— vivía sola con su hija y solo de pensar que la Policía o adeptos al régimen llegaban a buscarla a su casa, la descontrolaba. La ciudadana comenta que este miedo no nació en el 2018, sino en el 2014 con el anuncio de la construcción del Canal Interoceánico y ante denuncias que realizaba la Fundación.

Fachada de la radio Voz Juvenil también pertenecía a la Fundación del Río. LAPRENSA/CORTESÍA

Cuando salió de Nicaragua solo llevó consigo el miedo, no pudo llevarse a su niña por seguridad y supervivencia. Durante este tiempo en el exilio, Esmeralda ha tenido trabajos temporales que van desde palmear tortillas y limpiar casas, hasta atender en un restaurante japonés.

Esmeralda nuevamente está desempleada y ahora con una bebé de siete meses. Muchas veces se deprime porque no sabe qué hacer: su permiso de trabajo está vencido y aún no le resuelven su solicitud de refugiado. Sin embargo, lo que más le duele es no ver a su hija mayor, quien ahora tiene ocho años.

“Me he sentido inútil, mala madre, eso ha sido la parte más difícil. Ha sido bastante complicado, noches de desvelo, pensamientos, estrés (…) Un embarazo a estas alturas y la culpabilidad que uno carga, además ha sido duro por la carga social que uno lleva”, confiesa Esmeralda.

“Hemos trabajado de lo que salga”

Carlos se graduó en Administración de Empresas y actualmente tiene 33 años. Se desempeñaba como contador en el Instituto Liderazgo en Las Segovias y luego de su cierre se vio obligado a buscar una casa de seguridad porque personas desconocidas llegaban seguido a su hogar a preguntar por él.

Salió del país con su pareja y su bebé de apenas ocho meses pero luego de seis meses regresó a Nicaragua. “La vida de un migrante es duro y costoso”, afirma. Una vez en suelo pinolero, Carlos empezó a trabajar por cuenta propia pero tampoco le resultó. Hasta la fecha solo le han salido trabajos temporales de auxiliar de bodega, en control de patio, y actualmente está de recepcionista de café.

“Hemos trabajado de lo que salga, porque hasta los que no tienen voz ni voto en las tomas de decisiones te recomiendan mal”, expone Carlos.

El ciudadano recomienda a quienes fueron trabajadores de organizaciones cerradas o confiscadas que omitan hacer referencia política y su antiguo puesto porque eso ya es un impedimento para contratarlos.

“Con el cierre de ONG no solo se afecta al trabajador de la oficina, se afecta a cada persona que hacía uso de una institución, persona de los lugares más alejados donde el Estado no llega y hay tantas dificultades”, reflexiona.

El impacto real detrás del cierre de organizaciones

Los testimonios de estos nicaragüenses solo es un indicio del impacto que tiene el cierre de una organización, que va más allá del cese de sus operaciones. Un ejemplo claro de esto es la American Nicaraguan Foundation (ANF), que si bien su cierre no fue por órdenes del régimen, la suspensión de sus labores fue debido a la falta de fondos para los diferentes programas de desarrollo y asistencia humanitaria que brindaban.

A criterio de una politóloga, quien pidió anonimato por seguridad, el impacto del cierre de dichas organizaciones —cualquiera que sea las razones— es grave porque además de que se produce altos casos de desempleo, “deja un vacío que el Estado no tiene la capacidad de cubrir”, como son los programas de salud, alimentación o educación, entre otros.

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“El impacto directo es en las tasas de desempleo a nivel nacional, hemos visto en los últimos años un gran crecimiento de la informalidad laboral que en parte se debe a la poca oferta laboral que existe y sobre todo, empleos dignos con salarios competitivos. Tomando en cuenta la cantidad de organizaciones que han cerrado, están enviando al desempleo a todas las personas que trabajaban con estas organizaciones, y no solamente las personas que trabajan directamente en estas sino otras organizaciones más pequeñas que eran beneficiarias de los proyectos de estas, que parte de sus salarios o financiamientos dependían de estas organizaciones y, por lo tanto, también tienen que recurrir a reducir a su personal”, expuso la analista política.

Pero el efecto negativo no queda hasta ahí. La fuente también expuso que tras el cierre o confiscaciones de organizaciones, muchas empresas y organizaciones tienen miedo de contratar a alguna persona que trabajó en estas organizaciones confiscadas, ya que pueden ser víctimas de persecución o acusadas de algún delito.

“Otra cosa es que usualmente, una persona que se ha dedicado a trabajar en el campo de organizaciones sin fines de lucro, suele volcarse a buscar un puesto en algo similar, pero todas las organizaciones de este tipo corren el mismo riesgo de ser cerradas, confiscadas y muy probablemente tampoco están buscando contratar más personal ni ampliar sus proyectos por el miedo y riesgo que corren de ser confiscados”, advirtió la politóloga.

Situaciones que marcan la vida

La fuente planteó que una sociedad se sostiene por tres pilares que son: el Estado, el sector privado y la sociedad civil, esta última, atacada por la dictadura de Ortega, que está empeñada a acabar con la participación de los civiles.

“Ortega está tratando de acabar con la sociedad civil para no tener un contra peso a su poder, quiere acabar con cualquier espacio de opinión y organización y sobre todo con espacios que se encuentren cerca del ciudadano de a pie. También quiere demostrar el poder absoluto que tiene de hacer y deshacer en Nicaragua a su antojo. Para Ortega la prioridad es solamente sostenerse en el poder a toda costa”, declaró la politóloga.

“Félix”, otro extrabajador del Instituto Liderazgo en Las Segovias, comparte —bajo anonimato— que quedar desempleado bajo un contexto de represión e ilegalidades, “marca para toda la vida”.

“El desempleo provocado por los genocidas de El Carmen (donde viven Ortega y Murillo), son consecuencias que marcan para toda la vida. ¡Cómo cambia tu vida en cuestión de segundos! Desde dormir tranquilamente a despertar con noticia de ser buscado y acusado por cosas que inventan para perjudicarnos”, comparte el ciudadano, quien se encuentra en el exilio.

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