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Rosario Murillo y Daniel Ortega, los que gobiernan Nicaragua bajo su dictadura familiar. LA PRENSA/AFP

Nicaragua ha retrocedido 62 puestos en el índice de democracia desde 2008, según The Economist Intelligence Unit

Nicaragua ocupa el último puesto en Centroamérica señala EIU. El organismo especializado que pronostica que Ortega podría "restaurar selectivamente los derechos legales a ciertos candidatos o partidos de la oposición" previo a las elecciones municipales

Nicaragua sigue siendo uno de los países con peor desempeño en el Índice de Democracia, que elabora anualmente la revista The Economist Intelligence Unit (EIU), ubicándose en el puesto 140, de los 167 países encuestados en el índice. Es decir, Nicaragua retrocedió 62 lugares desde 2008, un año después de que el dictador Daniel Ortega volvió al poder y “sigue siendo el país centroamericano con el ranking más bajo”, revela el informe generado en marzo pasado.

EIU agrega además que Nicaragua en 2021 “cayó bruscamente” en los puntajes de democracia, tiene una puntuación de 2.69, de un máximo de 10, lo que ubica al país en categoría de “régimen autoritario”, convirtiéndose en una de las cuatro naciones con esta característica, junto con Haití, Cuba y Venezuela.

“El desempeño de Nicaragua en el Índice de Democracia de EIU ha sido de deterioro constante desde 2014. Sin embargo, la severa crisis política de 2018 empujó a Nicaragua a la categoría de “régimen autoritario”—uno de solo cuatro en la región (los otros tres son Cuba, Haití y Venezuela)”, indica el informe.

La EIU es una unidad de negocios independiente en el grupo The Economist, fundada en 1946. Es referida como la división de investigación y análisis de The Economist Group y la empresa hermana del periódico The Economist.

El informe, publicado en marzo de 2022, precisa que la puntuación anterior (2020) de Nicaragua era de 3.60, ubicando al país en la categoría de “régimen híbrido”. Dicha caída “refleja una nueva ola de gobierno de represión en el período previo a las elecciones generales de noviembre de 2021”, indican.

Vigilancia electoral

EIU señala también que “con la autoridad electoral bajo su completo control, la pareja presidencial (Daniel Ortega y Rosario Murillo) aseguró la reelección en noviembre de 2021, ganando con el 76 % del voto popular”.

Asimismo, añade que el gobernante del FSLN mantiene la fuerza dominante en la Asamblea Nacional, con 75 de los 91 escaños en la legislatura unicameral. Mientras que los resultados oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) otorgaron al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) una participación del 14 % del voto y diez escaños. Esto deja al PLC, que tiene un largo historial de colaboración con el FSLN, como principal “oposición” en la legislatura.

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En cuanto a las próximas elecciones municipales en el país, previstas para noviembre de este año, “Ortega puede colgar la posibilidad de restaurar selectivamente los derechos legales a ciertos candidatos o partidos de la oposición en el período previo a la elecciones locales, posiblemente durante las negociaciones con la comunidad empresarial, o partes de ella, siguen siendo muy escépticos sobre las perspectivas de una votación verdaderamente competitiva”.

EIU se dedica a analizar los entornos políticos y económicos, pronosticar tendencias económicas y comprender las regulaciones y prácticas comerciales específicas de cada país. Cuenta con uno de los equipos de analistas más grandes y experimentados del mundo, con más de cien economistas y expertos de países a tiempo completo

Relaciones internacionales: ojos en China

En diciembre de 2021, el régimen de Ortega rompió los lazos oficiales con Taiwán y cambió diplomático reconocimiento a China. “El cambio de política tiene como objetivo atraer financiación e inversiones chinas”, según EIU.

El informe asevera que “la adopción por parte de Nicaragua de una política de ‘Una China’ será crucial para ayudarla a sobrevivir a su aislamiento internacional cada vez más profundo. En represalia contra la persistente amenaza de expulsión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el régimen de Ortega inició unilateralmente un proceso de dos años para dejar la organización”.

Estima que las posibilidades de continuar recibiendo un importante respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI (que están sujetos a presión estadounidense) será escasa.

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Al mismo tiempo, consideran que Ortega “probablemente ha calculado que el conflicto con el resto del hemisferio posiblemente podría poner en peligro la financiación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que actualmente es el principal acreedor de Nicaragua”.

En este contexto, “los Ortega apuestan fuerte a la diplomacia de chequera china para proporcionar nuevas fuentes de financiación e inversión. Bajo nuestro pronóstico de línea de base creemos que el país se beneficiará de al menos suficiente cooperación china para compensar las deficiencias dejadas por otras fuentes multilaterales y bilaterales. A favor de los Ortega, el financiamiento de Nicaragua como requisito, parece minúsculo desde la perspectiva de China y es probablemente un costo que los funcionarios chinos están dispuestos a cubrir con el fin de ganar un aliado estratégico en el patio trasero de los EE. UU.”, añaden.

La crisis de 2018

La progresiva consolidación del poder por parte de Ortega y su familia, que ha implicado hacer reformas constitucionales y legales —incluida la reelección indefinida y un control presidencial más fuerte sobre las fuerzas del orden— ha contribuido a los puntajes extremadamente bajos de Nicaragua en procesos y pluralismo y funcionamiento del Gobierno, expresa.

Y “aunque los Ortega entregaron expansión económica sostenida en 2010-17, que condujo a un crecimiento modesto de la clase media, la expansión enmascaró la considerable tensión que se acumulaba bajo la superficie”, agregan.

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Asimismo, el informe sostiene que la incompatibilidad entre el carácter autoritario del régimen orteguista y el apoyo popular a la democracia finalmente se manifestó en la revuelta de 2018. “La crisis política comenzó en abril de ese año, cuando protestas separadas de estudiantes universitarios, campesinos y grupos cívicos se convirtieron en un movimiento social más amplio contra lo que los grupos percibían como un régimen anacrónico basado en clientelismo”. Sin embargo, “el movimiento de resistencia fue sofocado violentamente por las fuerzas progubernamentales en enfrentamientos que provocaron la muerte de más de 300 manifestantes pacíficos. La disidencia política en las secuelas de la crisis, ha sido reprimida por amenazas de enjuiciamiento, censura de los medios y otras”.

Sobre la metodología aplicada

The Economist explica en su informe que “no hay consenso sobre cómo medir la democracia. Sin embargo, nuestro índice se basa en la opinión de que las medidas de democracia reflejan el estado de la libertad política y las libertades civiles”.

Por lo tanto, “nuestro índice también incluye medidas de participación política, la cultura política y el funcionamiento del Gobierno, que son, en el mejor de los casos, marginados por otras medidas. Nuestro índice de democracia cubre 167 países y territorios. El índice, en una escala de 0 a 10, se basa sobre las calificaciones (0, 0,5 o 1) de 60 indicadores agrupados en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo; libertades civiles; funcionamiento del Gobierno; participación política; y cultura política”.

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Cada categoría tiene una calificación en una escala de 0 a 10, y el índice general de democracia es el simple promedio de los cinco índices de categoría.

Los valores del índice se utilizan para ubicar a los países dentro de uno de los cuatro tipos de régimen: democracias plenas: puntuaciones superiores a 8; democracias defectuosas: puntuaciones superiores a 6 y menores o iguales a 8; regímenes híbridos: puntuaciones superiores a 4 y menores o iguales a 6; y regímenes autoritarios, puntajes menores o iguales a 4.

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