Para muchos nicaragüenses –todos los que no son partidarios del régimen–, la situación de los presos de conciencia es un grave problema político y/o humanitario.
Por las declaraciones de sus familiares después de la precaria visita que les permitieron a fines de abril, al cabo de varias semanas sin que les permitieran verlos, se ha sabido que la salud física y mental de prácticamente todos los presos políticos de ambos sexos, se ha deteriorado peligrosamente.
Lo peor es que ni siquiera les permiten la atención médica adecuada, ni el ingreso de los medicamentos que necesitan. La asistencia sanitaria en la cárcel es superficial, pareciera más bien parte de los suplicios que sufren los presos políticos, ya sea por iniciativa de las mismas autoridades penitenciarias o por órdenes “bajadas desde arriba”.
Todos los presos políticos, no solo los de mayor edad, están en esa grave situación. Sus familiares temen incluso que algunos corran la misma suerte desdichada del excomandante sandinista Hugo Torres, quien murió en prisión estando bajo custodia de las autoridades en condición de preso político.
Decimos que este grave problema es político y humanitario a la vez, porque para los activistas opositores la libertad de estos prisioneros es un motivo de lucha. En cambio, para sus familiares y amistades, y para muchas personas ajenas a la lucha por el poder, pero humanistas, la libertad de los presos políticos es un imperativo moral.
El Maestro en Derechos Humanos Uriel Pineda Quinteros, publicó en LA PRENSA de este miércoles 4 de mayo un artículo de opinión sobre este problema. Señala que para el régimen ellos los presos políticos no son personas privadas de libertad, sino prisioneros de guerra. Por eso –dice– son tratados de manera cruel, despiadada e inhumana.
El experto en derechos humanos reflexiona que una alternativa posible para que los presos políticos salgan de la cárcel y no se sigan muriendo allí, paulatinamente, podría ser que el régimen los deje en libertad y les permita irse al extranjero.
El destierro está expresamente prohibido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 9. Y la Convención Americana sobre
Derechos Humanos establece en el inciso 5 de su artículo 22, que “Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional…”
Pineda reconoce que el destierro es “abiertamente violatorio al Derecho Internacional de los Derechos Humanos” y no tiene asidero legal en Nicaragua. Sin embargo, explica que vista “con un enfoque pragmático”, esta salida permitiría a los presos políticos recuperar su libertad, su condición de salud, reencontrarse con sus familias y retomar en el exilio su lucha opositora”. “¿Acaso –se pregunta el doctor Pineda Quinteros– existe otra forma de hacer oposición en este momento en Nicaragua, si no es desde el exilio?”
Por supuesto que los presos políticos tendrían que estar de acuerdo, dice
Pineda, y sus familiares demandarlo públicamente.
La idea es controversial, pero a falta de otras salidas esta propuesta podría ser una alternativa viable para que los presos políticos puedan salir de la cárcel. Y que termine el doloroso sufrimiento de sus familiares.
