Tras el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007 se volvieron parte de su agenda las tensiones con organismos internacionales, hasta llegar al punto de expulsar a sus representantes o cerrar las sedes, como fue el caso reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en cuyo edificio también se instaló presencia policial permanente.
«Nosotros ya tomamos una decisión, ya la expresamos claramente, expulsamos a la OEA, si la OEA está expulsada de Nicaragua, qué tiene que hablar el secretario general (Luis Almagro) o el aparato precisamente que son los lacayos, los súbditos y los servidores del imperio, ya la decisión de nuestro gobierno, la decisión tomada por el presidente Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo, está dicha ayer con mucha claridad, hemos expulsado a la OEA», dijo este lunes el canciller Denis Moncada durante una entrevista en un canal de televisión oficialista.
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Tras le decisión del régimen de Ortega de retirar las credenciales de sus representantes ante la OEA, oficializadas este domingo, el secretario general del organismo, Luis Almagro, a través de un comunicado advirtió el mismo día que «sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias».
Pero esta no es una práctica nueva. Este es solo un recuento de las veces que Ortega ha arremetido contra organismos internacionales.
La expulsión de representante del PNUD
Uno de los precedentes de la radicalización contra las entidades internacionales data de 2015, cuando la representante residente del Sistema de las Naciones Unidas en Nicaragua y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Silvia Rucks, abandonó el país por discrepancias con la forma de administrar la cooperación internacional. Esto provocó el cierre de siete proyectos del PNUD y la reducción de sus operaciones en el país.
En febrero de 2016, el Gobierno dio a conocer las razones por las cuales decretó el cierre de los proyectos del PNUD a través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que acusó a esta agencia de Naciones Unidas de desarrollar una labor de «injerencia política» para «financiar a agrupaciones políticas» y la señala de «tergiversar los datos de desarrollo» del país. También expresó que la sede del PNUD era usada por los partidos opositores.
Sin embargo, la sede oficial del PNUD en Managua no fue cerrada, confirmaron exdiplomáticos.
Expulsiones de 2018
En 2018, la represión contra las protestas civiles abrió otra faceta más radical del régimen de Ortega, que ha incluido expulsión de delegaciones de organismos internacionales de defensa de derechos humanos, para evitar que siguieran recabando información de las muertes y agresiones ocurridos desde abril de ese año.
En agosto de 2018, en medio de la represión armada contra las protestas civiles, Ortega ordenó la salida de Nicaragua de la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), bajo el argumento de que “han cesado las razones, causas y condiciones” por las que la misión permanecía en el país.
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Cuatro meses después, el régimen expulsó a los equipos de Investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI). Este último grupo determinó que en Nicaragua se cometieron «crímenes de lesa» humanidad durante los actos represivos que dejaron más de 300 muertos, según los informes de la CIDH.
Estos equipos fueron expulsados bajo el argumento oficial de que el trabajo del GIEI y del Meseni se caracterizó por una actitud injerencista, intervencionista y también se les acusó de constituir “una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país (…)”.
Expulsión de representante de Cruz Roja Internacional
En marzo de este año, Ortega expulsó de Nicaragua al delegado residente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Thomas Ess.
La CICR era el único organismo internacional que había podido entrar a los diferentes centros penitenciarios y constatar la situación en que se encuentran los presos políticos de Nicaragua, que según un conteo de una organización civil ya suman 181.
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Sin embargo, la vocería de la CICR confirmó que las oficinas de este organismo en Managua continúan sus operaciones con normalidad y reafirmó que, pese a la expulsión de su jefe de Misión, la institución continuará su labor humanitaria en el país.
Lo mismo había pasado con la ONU y la CIDH, aunque los delegados fueron expulsados, el régimen no afectó sus sedes diplomáticas en el país en ese momento, hasta ahora que lo hizo con la OEA, organismo que integra a la CIDH.
Otros expulsados
Desde los eventos de 2018, Ortega ha expulsado a periodistas y sacerdotes extranjeros y en las últimas semanas expulsó a músicos nicaragüenses con otras nacionalidades.
Un exfuncionario diplomático, que pidió no ser identificado por temor a represalias, manifestó que «nunca se había visto una cosa así», en alusión a lo que está ocurriendo en este momento con la OEA y consideró que debería haber una reunión de emergencia del Consejo Permanente para examinar la situación.
«No recuerdo que haya habido cierre de oficinas y expulsión de organismos. La última situación se dio con la representante del PNUD, que a su vez coordina todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta es la primera vez que se da un cierre de oficinas», expresó la fuente.
