Un total de 38 eurodiputados suscribieron una carta dirigida al dictador Daniel Ortega, en la que le demandan conceder el régimen de «arresto domiciliario» a todos las personas presas políticas, mayores de 60 años, para —según se lee en la carta— «evitar una segunda muerte», teniendo como precedente el deceso del exguerrillero sandinista, Hugo Torres Jiménez.
«Nosotros, miembros del Parlamento Europeo, le escribimos para expresarle nuestra preocupación por el deterioro e inaceptable situación de los derechos humanos en Nicaragua. En particular, estamos sumamente preocupados por las condiciones de detención de los presos políticos en Nicaragua, con denuncias de detenciones arbitrarias, hostigamientos, tratos inhumanos y degradantes y condiciones que en algunos casos equivalen a tortura, en violación del derecho internacional de los derechos humanos», le manifiestan los eurodiputados a Ortega.
Los eurodiputados esperan que Ortega libere a los presos políticos, pues aseguran que «estamos muy preocupados por la vida y la integridad física y psicológica de las condiciones de detención de varias de las personas arrestadas desde mayo de 2021» y de manera particular añaden que «estamos profundamente conmocionados por la muerte el 12 de febrero de 2022 de Jorge Hugo Torres Jiménez, detenido en el Chipote. Su familia había suplicado su liberación por motivos humanitarios, pero esta solicitud fue ignorada».
Evitar una muerte más en prisión
La iniciativa fue presentada por la eurodiputada Tilly Metz, del grupo político Los Verdes y fue firmada por otros 37 europarlamentarios de diferentes países y bloques políticos. Entre los firmantes están: Javier Nart, de Renovar Europa y exguerrillero sandinista; Leopoldo López Gil, del Partido Popular; Nikolaj Villumsen, de la Izquierda Unitaria Europea; Soraya Rodríguez Ramos, del grupo Renovar Europa; Giuliano Pisapia, de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas; Ladislav Ilčić, de los Conservadores y Reformistas Europeos, y María Manuel Leitão Marques, de los socialistas.
Por lo expuesto, primeramente en su carta los europarlamentarios insisten en su demanda a Ortega para «evitar una segunda muerte» en prisión, por lo que le exigen «acción inmediata y atención médica en los casos de los presos políticos particularmente vulnerables».
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Subrayan particularmente que las condiciones de detención deben respetar las reglas mínimas estándares de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el tratamiento de los presos mejor conocidas como las Reglas Nelson Mandela.
En la misiva los firmantes exponen la condición de salud del exguerrillero sandinista Víctor Hugo Tinoco, recluido en el nuevo Chipote. Sobre él dicen que su situación es «alarmante», debido a que «corre riesgo de muerte en el penal del Chipote como consecuencia de su hipertensión arterial, trastorno del ritmo cardíaco y bajo nivel de glóbulos blancos».
También mencionan que similares problemas graves de salud han sido reportados por los presos políticos Violeta Granera, de 70 años; Eveling Pinto, de 63 años y Eliseo de Jesús Castro Baltodano, de 57 años.
«Exigimos atención médica inmediata e instamos a la acción humanitaria para todos los presos con condiciones graves de salud», indican los eurodiputados.
Preocupados por la salud de los presos políticos «ancianos»
A los europarlamentarios también les preocupa la situación de salud de los «ancianos presos políticos» de quienes aseveran las familias han denunciado públicamente su deterioro físico y la falta de atención médica adecuada.
Entre ellos resaltan el caso del hijo mayor del Mártir de las Libertades Públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, de 70 años; asimismo Bernardo Ramos, de 67 años; Nidia Barbosa, de 66 años; la excomandante guerrillera Dora María Téllez, de 66 años; Harry Chávez, de 65 años; Baltazar Dávila, de 65 años; Irving Larios, de 63 años, y José Adán Aguerri, de 60 años.
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Ante dicha situación demandan que como se hizo el 19 de marzo, en los casos de Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa y José Bernard Pallais Arana y el 25 de febrero con Edgar Parrales y Mauricio Díaz, «exigimos la concesión de la prisión domiciliaria a todas las personas mayores de 60 años de edad».
Rechazan los juicios «arbitrarios» y las condenas «ilegales»
Los firmantes de la misma manera expresan su rechazo a lo que ellos llaman «juicios arbitrarios» y «condenas ilegales», que se han venido realizando en Nicaragua en contra de los presos políticos y por tanto piden «la nulidad de todos los procesos judiciales en su contra, incluyendo sus sentencias».
De la misma manera hacen un llamado a garantizar condiciones dignas de detención y, en particular, «abogamos por la liberación de la defensora de derechos humanos Tamara Dávila, de 41 años, de la celda de aislamiento en la que se encuentra detenida desde hace más de nueve meses, sin ningún contacto con nadie, excepto con los guardias de la prisión».
También reconocen que las familias denuncian que hay varios presos políticos, tanto en el nuevo Chipote como en otros penales, que «están presentando síntomas relacionados con el covid-19 y no reciben el tratamiento médico adecuado. Esto debe garantizarse de inmediato», manifiestan.
Finalmente, hacen un llamado a permitir el «acceso regular y programado de los representantes legales y las visitas familiares», pero especialmente en el caso de los niños a los presos políticos, tal como lo establece la ley nicaragüense.
«Escuchamos que a los hijos e hijas menores de edad se les ha restringido cualquier contacto con sus padres y madres, lo cual no es aceptable y es una seria amenaza para su desarrollo. Como Estado signatario, Nicaragua está obligada a cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, por todas las razones subrayadas anteriormente, es claro que su régimen está ignorando al Consejo de Derechos Humanos y su resolución 46/2 que pide al Estado de Nicaragua que aborde las violaciones de derechos humanos. En aras de la dignidad humana y por un futuro próspero para Nicaragua y su pueblo, le exhortamos a cumplir con las obligaciones de derechos humanos que su país ha suscrito», finalizan.
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado 16 de diciembre de 2021, con 619 votos, de un total de 704 miembros, una nueva resolución sobre Nicaragua que demanda a la Unión Europea (EU) activar la cláusula democrática de Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, lo cual provocaría la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial, y además solicitan tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de restricciones individuales en las que se incorpore «sin demora» a Daniel Ortega en la lista de los sancionados.
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En la resolución el bloque de europarlamentarios sostiene que la UE debe considerar «todos los instrumentos a disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que pueden ir más allá de las restricciones individuales, mientras que al mismo tiempo apunta a evitar cualquier medida que pueda potencialmente agravar las dificultades del pueblo nicaragüense; acoge con satisfacción la inclusión de Rosario Murillo, junto con varias otras, en la lista de sancionados renovada hasta octubre de 2022; pide que se incorpore sin demora a Daniel Ortega a la lista de sancionados».
A la vez, rechazaron el resultado electoral de las polémicas elecciones celebradas en noviembre de ese año, y demandaron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de oposición, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y periodistas detenidos arbitrariamente.
