La señora Elba Castrillo de Balmaceda, madre del preso político Wilfredo José Balmaceda Castrillo, se sumó a la lista de madres que han muerto sin poder ver a sus hijos fuera de la cárcel.
La información fue confirmada por la organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). No obstante, la familia no ha querido pronunciarse sobre el tema por temor a más represalias.
Balmaceda es uno de los nueve presos políticos del caso conocido como «los tirapiedra» o “la masacre del 19 de julio del 2014”, quienes fueron encerrados en esa fecha por una acusación que nunca se ha comprobado, según su defensa, y solo destacan sus vínculos políticos con organizaciones opositoras.
Según la Policía orteguista, el 19 de julio de 2014 los nueve acusados ejecutaron dos ataques a una caravana proveniente de Managua, que regresaba de celebrar el 35 aniversario de la revolución sandinista. Los hechos se dieron en el kilómetro 76 de la carretera Managua-Matagalpa (sector de Puertas Viejas) y el otro entre el poblado de San Ramón y la comunidad El Jobo. Murieron cinco personas y por lo menos 18 resultaron heridas. Una de las acusaciones es por tirar piedras a la caravana, por eso se les conoce como el caso de los «tirapiedra».
Balmaceda y otros fueron acusados por asesinato, lesiones graves, crimen organizado y tenencia ilegal de arma de fuego en perjuicio de cinco personas y el Estado de Nicaragua.
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Este grupo de nueve presos políticos desde 2014 es reconocido como uno de los primeros casos de opositores que fueron encarcelados por su oposición a Ortega. Balmaceda era el secretario municipal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Otros casos de presos que no vieron por última vez a sus madres
Bryan Francisco Pérez Ampié, Chéster Membreño y Alfonso Morazán Castillo fueron los primeros casos de presos políticos que perdieron a sus madres, mientras estaban en prisión por participar en las protestas de 2018. Sus defensas legales solicitaron que los reos pudieran asistir al entierro de sus progenitoras, pero el sistema judicial no contestó la petición.
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La misma situación ocurrió el año pasado con los presos políticos José Adán Aguerri y Max Jerez.
Más de 170 personas están presas por manifestarse o expresar su oposición al régimen de Daniel Ortega, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
