La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional continúan realizando consultas para «fortalecer» el marco jurídico penal en Nicaragua, lo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) calificó como «maniobras» que buscan «dar apariencia de legalidad a las leyes arbitrarias y represivas» del régimen de Daniel Ortega.
A través de su cuenta en Twitter y medios oficialistas, la Asamblea Nacional informó que este jueves «las autoridades y estudiantes universitarios de la UNAN-Managua, UNAN-León y la Universidad Nacional Agraria (UNA) plantearon sus aportes sobre las normas de carácter penal que están siendo revisadas por las comisiones parlamentarias de la Asamblea Nacional».
Lea además: Otra institución del régimen avala marco jurídico penal utilizado para enjuiciar a los presos políticos
«Esta (las consultas) es una burda maniobra de la Asamblea en vista del desconocimiento general y la crítica, no solamente que ha habido a nivel nacional, sino a nivel internacional, sobre todo por los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como son los pronunciamientos al respecto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los mismos pronunciamientos que ha tenido la Corte IDH, cuando ha emitido medidas provisionales; así como los pronunciamientos de críticas sobre las leyes represivas que ha emitido la Oficina de las Naciones Unidas», expresó la directora del Cenidh, Vilma Núñez.
Desde el pasado 11 de febrero, las comisiones de Justicia y Gobernación se han reunido con los representantes del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía, con delegados del Ministerio Público y representantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lea también: Reuniones del Legislativo para “fortalecer” el sistema penal son una amenaza para opositores, consideran analistas
Para Núñez, estas consultas no tiene ningún valor, pues las instituciones participantes «han sido señaladas de ser instrumento de la represión gubernamental» por organismos internacionales como la CIDH, así como organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y ciudadanos opositores.
«Lo que deja en evidencia es que ellos están conscientes que han actuado al margen de cualquier procedimiento legal y que todo lo que han hecho se les va a caer tarde o temprano. Son maniobras con el fin de dar apariencia de legalidad a la farsa judicial amparada a esas leyes que son mecanismos de represión», agregó la defensora de derechos humanos.
El bloque de leyes represivas
Entre octubre de 2020 e inicios de 2021, el régimen de Ortega a través de la Asamblea Nacional creó y aprobó una serie de leyes y normativas para criminalizar a opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y críticos de su administración.
La primera ley aprobada fue la Ley Especial de Agentes Extranjeros (octubre 2020), que cierra el acceso al financiamiento internacional de las organizaciones no gubernamentales. Si reciben fondos del exterior deben registrarse como agentes extranjeros. Bajo esta ley, el régimen ha cancelado más de 60 oenegés en lo que va del año.
En la lista se incluye también la Ley Especial de Ciberdelitos, una enmienda constitucional que permite la cadena perpetua por «delitos de odio», definidos en términos generales. La Constitución de Nicaragua contemplaba penas máximas de 30 años de cárcel. Además de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que inhibe a quienes cometan «traición a la patria” de presentar candidaturas electorales.
«Pretenden darle fuerza a su narrativa de golpe de Estado»
En su comunicado, la Asamblea Nacional dijo que las autoridades y estudiantes universitarios participaron en dicha consulta, en representación de las «víctimas del fallido golpe de Estado», quienes «dieron testimonios de la violencia y el terror que vivió la comunidad universitaria hace 4 años», en alusión a las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018.
Para el abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Juan Carlos Arce, «ellos (el régimen) pretenden consolidar o darle fuerza a su narrativa. El gobierno nicaragüense tiene una narrativa que lo que pasó en el 2018 fue un golpe de Estado, donde si hubo muertos fue del lado de ellos, en donde si hay que reparar es del lado de ellos, en donde si hay que escuchar a alguien es del lado de ellos».
Podría interesarle: Asamblea Nacional aprueba cancelación de personerías jurídicas de 25 oenegés
La Asamblea Nacional publicó también que el martes 16 de marzo las comisiones de Justicia y Gobernación se reunieron con familiares de fallecidos y víctimas de los hechos acontecidos en 2018.
Al respecto, Arce cuestionó que «por qué no invitan a AMA (Asociación de Madres de Abril), por qué no invitan a la Unión de Presas y Presos Políticos, o a aquellas instancias de víctimas que son voces legítimas, que algunas están en Nicaragua y otras se han tenido que ir por la represión brutal contra las víctimas y contra aquellas personas que demandan justicia».
«Lo que hace (el régimen) es rodearse de su grupo, de sus socios para intentar legitimar su narrativa oficial y darle legitimidad a leyes que son arbitrarias, abusivas, eso es lo que pretenden», agregó el abogado del Colectivo de DD. HH. Nicaragua Nunca +.
Nicaragua vive una crisis social y política desde abril de 2018, que dejó al menos 355 víctimas mortales, según datos de la CIDH. Actualmente, el régimen de Daniel Ortega mantiene a más de 170 personas privadas de libertad, detenidas en su mayoría durante la represión de las protestas y un grupo de casi 40 presos políticos en el contexto de las elecciones generales del año pasado.
