La Procuraduría General de la República (PGR) fue otra de las instituciones públicas consultadas por las comisiones de Justicia y Gobernación de la Asamblea Nacional, como parte del proceso de consulta para «fortalecer» el marco jurídico penal, lo que para los críticos se trata de una amenaza del régimen de Daniel Ortega de endurecer la criminalización a los opositores.
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La Asamblea Nacional informó a través de su sitio web que este miércoles 2 de marzo siguió «el proceso de análisis de las leyes de carácter penal».
Según la nota, «la PGR destacó el esfuerzo de la Asamblea Nacional por mantener la modernización de la legislación al realizar el análisis y revisión de las leyes que se aplican a aquellas personas que menoscaban la soberanía nacional, cometen delitos de terrorismo, lavado de dinero, crimen organizado, entre otros».
Asimismo señala que el procurador penal «consideró que el marco jurídico en esa materia está completo».
El régimen de Ortega, a través del sistema judicial, está en proceso de condenar a más de 40 opositores precisamente acusados de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», con base en la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley 1055).
En ocasión anterior, el abogado en el exilio, Yader Morazán, dijo que “los mismos que aprueban las leyes, las aplican, investigan, acusan y condenan, están revisando sus propias leyes para legalizar sus arbitrariedades”, dice, y agrega que esto obedece más a una política de persecución a opositores y no a una intención de fortalecer el sistema penal.
La anterior consulta sobre este tema fue a una delegación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes, según la información oficial, «hicieron una exposición de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (Ley 977) y un análisis acerca de la Ley 1055».
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Según la información oficial del Legislativo, este es el octavo encuentro con los diputados de las comisiones de Justicia y Asuntos Jurídicos y de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos es presidida por la diputada oficialista María Auxiliadora Martínez Corrales de la mano del vicepresidente Edwin Castro, quien a la vez es el jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que encabeza Ortega.
Y la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos es presidida por el también diputado oficialista Filiberto Jacinto Rodríguez López, quien en los últimos meses ha saltado a la palestra señalado como el «verdugo» de universidades y ONG, debido a que él firma los proyectos de decretos para cancelar las personalidades jurídicas de organizaciones no gubernamentales (ONG).
El pasado 15 de febrero los diputados también se reunieron con representantes del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía, y los días 16 y 17 con delegados del Ministerio Público.
Las comisiones de la Asamblea Nacional comúnmente no informan a través de sus comunicados sobre sus actividades, sin embargo, en este proceso de consultas ya se han emitido varios comunicados.
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La Asamblea Nacional de Nicaragua es controlada por los 75 diputados del FSLN, que son mayoría entre los 91 parlamentarios.
