Los diputados de las comisiones de justicia y gobernación de la Asamblea Nacional, continuaron el jueves 24 de febrero con las consultas para «fortalecer» el marco jurídico penal, lo que para los críticos se trata de una amenaza de endurecer la criminalización de los opositores.
En la última nota de prensa publicada en la cuenta de Twitter del Legislativo, se informa que «las Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos conjuntamente con la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, dieron seguimiento este 24 de febrero a la consulta con el Poder Judicial para continuar con la revisión de las últimas leyes aprobadas de carácter penal y que serán aplicadas a quienes cometen delitos de odio y menoscabo de la soberanía y dignidad nacional».
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La Comisión de Justicia es presidida por la diputada oficialista María Auxiliadora Martinez Corrales, pero quien tiene el control de lo que se hace en ese órgano es el vicepresidente Edwin Castro, quien a la vez es el jefe de la bancada del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Según los críticos, Castro fue el arquitecto de la reforma constitucional de 2014, que, entre otras cosas, eliminó la prohibición a la reelección presidencial consecutiva, con el claro objetivo de mantener a Daniel Ortega en el poder hasta el día de hoy.
La Comisión de Gobernación es presidida por el también diputado oficialista Filiberto Jacinto Rodríguez López, quien en los últimos meses se ha ganado la fama de «verdugo» de universidades y ONG, debido a que él firma los Decretos para cancelar las personalidades jurídicas de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Las reunión de estas comisiones contó este jueves con la presencia de los representantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes, según la nota de prensa, «hicieron una exposición de la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva Ley 977) y un análisis a cerca de la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz (Ley 1055)».
La Ley 977 es la que supuestamente han incumplido las ONG canceladas y, por otra parte, de financiamiento al terrorismo y lavado de dinero es de lo que han sido acusados varios opositores que están presos por manifestarse contra el régimen orteguista.
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Lo mismo ocurre con la Ley 1055, aprobada en diciembre de 2020, y la que ha sido usada para acusar a los opositores políticos de «traición a la patria» y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Las consulta de las comisiones también hizo una revisión de la Ley Especial de Ciberdelito, pero la nota de prensa indica en las últimas líneas que la consideraron completa «ya que no han encontrado vacíos al momento de la aplicación de la Ley en los procedimientos».
En general, la Asamblea Nacional de Nicaragua es controlada por el régimen de Daniel Ortega, a través de los 75 diputados del FSLN, que son mayoría en una parlamento de 91 legisladores totales; así que los sandinistas pueden aprobar todas las leyes y decretos que ellos mismos presenten.
El poder judicial es una de las instituciones acusadas de reprimir a la población y criminalizar las acciones de manifestación de los opositores.
En otro comunicado publicado el pasado 23 de febrero, la Asamblea Nacional también informó que “representantes” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se reunieron con las comisiones encargadas de la revisión de las últimas leyes aprobadas de carácter penal y expresaron que “la modernización de estas normativas ha fortalecido el trabajo del poder judicial”.
La revisión de estas normas se lleva a cabo desde el pasado 11 de febrero, cuando en un comunicado el parlamento informó sobre esta tarea a cargo de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, en conjunto con la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos.
Desde esa fecha, además de la CSJ, el pasado 15 de febrero los diputados también se reunieron con representantes del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía, y los días 16 y 17 con delegados del Ministerio Público.
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Todas estas instituciones han sido señaladas de ser instrumento de la represión gubernamental por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como organizaciones nacionales defensoras de derechos humanos y ciudadanos opositores.
Opositores del interior del país en la mira, señala Núñez
Analistas consultados por LA PRENSA consideran que el régimen planea incrementar la persecución en contra de opositores a través del sistema judicial del país, y advierten que los líderes departamentales están en la mira de la dictadura.
“Lo que estamos viendo es que está diseñando una nueva etapa para la captura de líderes departamentales. Hay que advertírselo a los líderes departamentales porque lo que está diciendo es que los van a traer a Managua a juzgarlos”, valora el analista político Eliseo Núñez.
Núñez hace referencia al comunicado del pasado 23 de febrero de la Asamblea Nacional en el que indica que los miembros del poder judicial “explicaron que se logra una mayor agilidad en las audiencias por delitos sucedidos en el interior del país, dado que las leyes permiten que los juicios se puedan realizar en Managua”.
“Es muy peligroso. Esto aumenta el control social y (Daniel Ortega) va por muy mal camino”, considera Núñez, y advierte que el dictador está adoptando una postura más radical, por lo cual prevé que “no va a terminar de buena manera”.
Un abogado, que solicita el anonimato, explica que las leyes están siendo “manipuladas y utilizadas”, según los intereses políticos del régimen. “El interés en este momento es perseguir a opositores, callar a las voces críticas. El interés no es fortalecer el sistema”, comenta.
Por su parte, el exfuncionario del poder judicial, Yader Morazán, comenta que además de profundizar la represión, el régimen de Ortega busca legalizar la manera en que actúan las autoridades en contra de los opositores.
Morazán indica que “los mismos que aprueban las leyes, las aplican, investigan, acusan y condenan, están revisando sus propias leyes para legalizar sus arbitrariedades”, dice, y agrega que esto obedece más a una política de persecución a opositores y no a una intención de fortalecer el sistema penal.
En el comunicado reciente, la Asamblea también informó que los miembros del poder judicial consideraron que la ampliación de los plazos de investigación de 48 horas a 90 días, “refuerza el trabajo del poder judicial”.
A criterio del abogado que solicita el anonimato, aumentar el plazo de investigación “es una acción errónea que, en lugar de fortalecer, como dicen ellos, el sistema judicial, lo hace más represivo y más violatorio del derecho humano”.
En febrero de 2021, el Legislativo aprobó reformas al Código Penal en las que se amplió hasta en 90 días el período de detención de una persona que se vincula a un delito, aun sin haber sido acusada formalmente.
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Comunicados frecuentes
Las comisiones de la Asamblea Nacional comúnmente no informan a través de sus comunicados sobre sus actividades, contrario a esta ocasión en que la Asamblea ya ha hecho cuatro comunicaciones sobre las reuniones sostenidas con otras instituciones.
A criterio del analista político Núñez, esto se da porque lo que busca el régimen es intimidar a la población, sobre todo a opositores, de manera que califica de “una amenaza” cada una de las comunicaciones.
A pesar de que todavía no se sabe cuándo serán implementadas estas reformas al sistema penal, estas revisiones se llevan a cabo mientras se están celebrando juicios políticos contra opositores del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los presos políticos están siendo sentenciados a penas que oscilan entre los 8 y 13 años de cárcel.
Por su parte, la Asamblea Nacional detalló en uno de sus comunicados que “las normas que serán analizadas son aquellas que se aplican a personas que cometen crímenes de odio, que incitan a organismos y gobiernos extranjeros a sanciones e invasiones militares al país, así como los que utilizan financiamiento extranjero para menoscabar la soberanía nacional”. Estos son los delitos por los cuales suelen ser acusados los opositores.
