Tras dos meses de haber iniciado el nuevo período legislativo 2022-2026, los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua siguen siendo capacitados sobre el sistema de votación y otros procesos y funciones del poder legislativo.
Aunque los nuevos diputados suman alrededor de 36, según un conteo independiente de LA PRENSA, casi todos (91) son convocados a participar en las capacitaciones, algunas dirigidas por el diputado oficialista Wilfredo Navarro, quien tiene 25 años en el cargo de legislador y sumará 30 años cuando termine este nuevo período.
La mayoría de las veces es el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, quien se encarga de orientar a sus colegas a dirigirse al Salón Rubén Darío para continuar las capacitaciones sobre el sistema de votación —que consiste en apretar un botón— y otros temas administrativos y del proceso de ley.
La primera vez que se anunciaron las capacitaciones fue el 1 de febrero pasado, por parte de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Arling Patricia Alonso Gómez, quien en este período estrenó ese cargo de directiva, pero es diputada oficialista desde 2012.
En esa ocasión, Alonso dijo lo siguiente:
«Por un acuerdo de Junta Directiva, a partir del día de hoy, posterior a la sesión plenaria, vamos a quedarnos en unas sesiones de capacitación por un período de una hora. En este momento vamos a permanecer en el hemiciclo, porque vamos a compartir con ustedes el uso del sistema de votación, entonces les pedimos permanecer en sus lugares y posteriormente nos vamos a trasladar al salón Rubén Darío, en el tercer piso, donde vamos a abordar aspectos que tienen que ver con el área administrativa y que deben de ser del conocimiento y el manejo básico de las diputadas y diputados. Todo esto con la finalidad de que podamos nosotros fortalecer cada días más nuestro desempeño legislativo y poder asegurar precisamente: leyes, decretos y una producción que esté acorde con las aspiraciones, anhelos, las expectativas de nuestro pueblo», dijo Alonso.
Diputados no producen leyes
Contrario a lo que dijo en esa ocasión la diputada Alonso, en la Asamblea Nacional nicaragüense los diputados no tienen independencia para hacer propuestas de ley elaboradas por ellos mismos, sino que deben esperar que lleguen las iniciativas de parte del poder ejecutivo, que encabeza Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Ambos tienen total control del Legislativo y de todos los poderes del Estado e instituciones públicas.
El partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que lidera Ortega, tiene una bancada de 75 diputados, de los 91 escaños que conforman la Asamblea, con lo que pueden aprobar las leyes y decretos que quieran sin ningún problema. El resto de diputados son 10 de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cinco de la Bancada Independiente Democrática (BID) y el diputado indígena independiente Brooklyn Rivera Bryan.
Un opositor que le da seguimiento al trabajo legislativo y que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que este papel de los diputados de esperar las leyes que envíe Ortega ha sido una dinámica presente en los períodos anteriores.
«Es casi una rutina que las leyes sean pasadas con carácter de ‘urgencia’ con la colaboración y sin el menor rubor de los diputados de las otras bancadas que se unen al coro de oficialistas», expresó el opositor.
Asamblea es el «brazo legalizador»
La fuente valoró que desde que Ortega regresó al gobierno en 2007, «la Asamblea Nacional fue capturada completamente por el Ejecutivo, con una oposición que fue debilitándose cada vez más a medida de las reelecciones del presidente Ortega, hasta terminar en este cuarto período con una sola masa de diputados donde no se distingue ningún diputado de la oposición de los oficialistas».
«Se podría decir que el ciento por ciento de los diputados están de antemano de acuerdo para que la Asamblea sea el brazo ‘legalizador’ del Gobierno», agregó el opositor.
Hasta ahora, las leyes enviadas por el régimen Ortega-Murillo a la Asamblea Nacional, han sido para continuar castigando a las organizaciones opositoras, limitar la libertad de expresión y criminalizar las acciones de los adversarios de Ortega. Más de 170 opositores están presos por manifestarse en contra del régimen orteguista y a la vez están siendo procesados o ya fueron condenados por «traición a la patria» o «propagación de noticias falsas», bajo leyes aprobadas justamente en los últimos años para criminalizar a los adversarios de Ortega.
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En estos primeros meses del año año, la Asamblea Nacional se ha dedicado a cancelar las personalidades jurídicas de al menos 38 asociaciones y fundaciones, muchas de estas vinculadas a universidades, a través de decretos enviados con solicitud de trámite de urgencia por Ortega o con dispensa de procedimiento por parte del diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, quien es el encargado de estas cancelaciones.
Pero si no hay leyes que aprobar, los diputados se quedan esperando nuevas orientaciones de la Presidencia.
Mientras tanto, se han extendido las capacitaciones, según anuncia el presidente de la Asamblea tras terminar las breves sesiones plenarias, que algunas veces se hacen solo para esperar si entra una nueva iniciativa de ley con «trámite de urgencia» de parte del Ejecutivo. Si no llega, Porras termina la sesión a los 15 minutos.
Las reuniones de inducción para los nuevos legisladores también se realizan en las comisiones legislativas. Este jueves 10 de marzo, la Asamblea Nacional informó que la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, encabezada por la diputada sandinista Jenny Martínez —quien lleva 15 en el cargo—, «continuó en el proceso de inducción sobre el trabajo legislativo relacionado a la formación de leyes, dirigido a sus nuevos integrantes».
Según la información oficial, la diputada Martínez dijo que casi el 90 por ciento de los miembros de la Comisión de Infraestructura son nuevos integrantes, «por lo que se ha venido desarrollando el proceso de inducción en la que se abordan toda la temática de las competencias de la Comisión».
También se realizó la presentación de la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, agrega la nota.
Una iniciativa de ley reforma pendiente
Hasta este domingo 13 de marzo, solo se mantenía pendiente una iniciativa de reforma a la Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense (Ley 963), para seguir con el proceso administrativo de ordenamiento jurídico, que es otra función que ha estado ocupando a los diputados.
Esta reforma a la Ley 963 fue presentada con solicitud de hacer el trámite correspondiente del proceso de formación de Ley, es decir, debe pasar por la consulta a través de la comisión correspondiente.
Los digestos jurídicos son los registros de diferentes temáticas jurídicas, ordenados en un archivo donde se encuentran clasificados por normativas vigentes, no vigentes, consolidadas e internacionales. La Ley Orgánica del poder legislativo en su artículo 190 dispone que el Digesto Jurídico Nicaragüense recopila, compila, ordena, analiza, depura, consolida, sistematiza y actualiza por materia el ordenamiento jurídico de la Nación, con el objetivo de establecer con certeza el marco jurídico vigente para fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de los nicaragüenses.
Con la reforma se pretende asignar a cada una de las comisiones permanentes el trabajo correspondiente de cada materia legal.
