Los críticos del régimen de Daniel Ortega valoraron que la circular de Albanisa que anuncia a sus trabajadores el cierre de las plantas de Ernesto «Che» Guevara, afirman que Ortega no acepta su responsabilidad por la crisis que producen sus propias acciones que violan los derechos humanos en Nicaragua.
La circular, con fecha del jueves 17 de febrero, culpa de entrada a las «agresiones externas» por la falta de funcionamiento de las plantas eléctricas Che Guevara.
«Debido a las agresiones externas por todos conocidas, las cuales han llegado a situaciones extremas, tales como, que todas las plantas Che Guevara ya no seguirán formando parte del mercado de contratos del mercado eléctrico nacional, lo cual en términos reales las deja sin ingresos para cubrir sus costos fijos», expresa la circular.
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El opositor en el exilio y presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley, valoró que desde que los sandinistas llegaron al poder en 1979, no han cambiado la «manía» de culpar a «extranjeros» de los problemas internos del país.
«Desde los años ochenta esta dictadura siempre le ha achacado a fuerzas externas o a organizaciones externas o a otros países sus fracasos. Así fue en los años ochenta: el fracaso de la economía, la guerra que ‘le impusieron’, nunca han asumido la responsabilidad de la mala administración, de la mala conducción del país», dijo Fley.
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El opositor insistió en que las sanciones y el aislamiento internacional son consecuencia de las violaciones de derechos humanos que comete el régimen de Ortega en el país.
«Los actos que hacen ellos tienen consecuencias y lo que han hecho es violar los derechos humanos, asesinar, encarcelar, enjuiciar injustamente y no quieren pagar ningún costo, quieren hacer lo que les da la gana: reprimiendo, asesinando y no pagar ningún costo», agregó Fley.
La activista por los derechos humanos y opositora también en el exilio, Haydée Castillo, manifestó que el régimen orteguista no solo engaña a estos trabajadores porque les dice que el cierre de estas plantas es culpa de «factores externos», sino porque las mismas fueron constituidas de forma irregular.
«Todo el pueblo de Nicaragua sabe de que todos esos negocios los hicieron malversando los fondos de la cooperación venezolana», manifestó Castillo.
«Intentan justificar la corrupción»
La opositora valoró que detrás de las mentiras del régimen orteguista está la corrupción e ilegalidad de esos negocios que ahora están fracasando por la red de corrupción detrás de Albanisa.
«Son estos hechos más bien los que puedan explicar por qué engañan a la población, engañan a los empleados, queriendo justificar todos sus malos manejos, su lavado de dinero, todos los negocios ilícitos, acusando a la comunidad internacional de responsabilidades que únicamente les competen a ellos y son por las que algún día probablemente tendrán que rendir cuenta», expresó Castillo.
La primera planta generadora de energía denominada Ernesto «Che» Guevara fue inaugurada tras el regreso al poder de Ortega en 2007, como parte del acuerdo suscrito con su aliado, el expresidente venezolano, Hugo Chávez, en el marco de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba). Son al menos nueve plantas Che Guevara que fueron instaladas en el país, que según la circular de Albanisa dejarán de funcionar.
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Estas plantas vinieron a responder a una crisis energética que existía en el país y que ocasionaba apagones con regularidad a nivel nacional.
Sin embargo, la crítica del momento se centró en la mezcla de lo privado con lo público que supuso el contrato firmado entre Ortega y Chávez, ya que la empresa subsidiaria Alba de Nicaragua SA (Albanisa) fue creada por personeros del régimen de Ortega en 2007, para controlar discrecionalmente los fondos generados por el acuerdo petrolero con Venezuela.
Según el contrato, Albanisa es una empresa constituida de una sociedad entre Petróleos de Nicaragua (Petronic) y la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA). El acuerdo estipuló que el 51 por ciento de las acciones de Albanisa son de PDVSA y el 49 por ciento de Petronic. Además, este acuerdo no pasó por los cauces legales del país, sino que se firmó como un acuerdo privado con el Estado de Venezuela, pero que involucraba a las instituciones estatales nicaragüenses.
Tras 12 años de Ortega en el poder, ejerciendo un gobierno dictatorial, a finales de enero de 2019, llegaron las sanciones de Estados Unidos al conglomerado de Albanisa. El Gobierno de Estados Unidos ordenó a las instituciones financieras suspender cualquier negocio con la compañía nicaragüense, como parte de sanciones contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
