El dictador nicaragüense Daniel Ortega ordenó condenar a al menos ocho presos políticos durante los primeros juicios políticos, a los que amenaza con imponer condenas hasta 15 años de prisión, con los que busca enviar un mensaje de terror al pueblo nicaragüense, coincidieron analistas y juristas consultados por LA PRENSA.
Los juicios que arrancaron la semana pasada se están celebrando en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote, donde se encuentran detenidos más de 40 opositores desde el 28 mayo de 2021. Hasta ahí han sido llevados incluso los reos políticos que se encuentran bajo el régimen de casa por cárcel, como fue el caso de la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán.
A través de estos juicios políticos y altas condenas calificados como “ilegales” por defensores de derechos humanos, abogados y especialistas en Derecho Penal, el dictador está enviando un mensaje a dos audiencias: al pueblo nicaragüense y a la comunidad internacional, señalan especialistas consultados por LA PRENSA.
Un mensaje: intimidatorio y provocador
Para Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Américas del organismos internacional Human Rights Watch (HRW), el mensaje de Ortega dirigido al pueblo nicaragüense «deja en claro que el costo de criticar al régimen es altísimo: se paga con prisión. Es una táctica intimidatoria que busca mostrar el extenso control que el régimen tiene sobre todos los poderes del Estado«.
Por otro lado, señala que el mensaje para la comunidad internacional, a casi un mes de la asunción de Ortega como presidente después de «la farsa electoral de noviembre», «muestra a un Ortega dispuesto a profundizar la represión. Es un Ortega dispuesto a todo con tal de aferrarse al poder«, sin importarle las acciones internacionales.
Acto de venganza
El exdiputado Enrique Sáenz opina que para varios prisioneros políticos estos juicios se traducen en un acto de venganza, de crueldad, de ensañamiento e inhumanidad. «Él (Ortega) y los sirvientes que le han sido instrumentos de esta acción están absolutamente convencidos, primero que no hay delito, segundo que no hay juicio y que simplemente se trata de un mamotreto», manifestó.
En segundo lugar » el objetivo es mantener esa estrategia de terror frente a la población, porque piensa que por la vía del miedo, del terror, puede mantener inmovilizada a la población y en consecuencia disponer de condiciones para permanecer en el poder. Entonces, es un acto de un dictador aferrado al poder a sangre y fuego, y un acto demás, no solo de injusticia, sino de crueldad, de ensañamiento, de venganza», añadió.
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Intenta sembrar terror
Un sociólogo y analista político, que demandó el anonimato, señaló que estos no son juicios políticos, sino procesos sumarios o juicios sumarios, porque el juez ya tiene el veredicto. «No llegás a discutir o a demostrar nada, ya tiene el veredicto y su veredicto es condenatorio», explicó.
A la vez señaló que a través de este proceso, Ortega quiere demostrar que el poder lo tiene él y «lo está haciendo bien». «Creo que la gente necesita interpretar eso, que el poder ‘por sus pistolas’ lo tiene él y puede hacer y deshacer. A mí no me extrañaría que dentro de algún tiempo diga, bueno, que se vayan a sus casas. Se acabó. Tiene el poder, los condenó, los maltrató y los puede mandar a sus casas», manifestó.
Asimismo considera que Ortega «está tratando de demostrar por todos los medios que aquí hay legalidad, que hay procesos, que hay juicios, que estas personas son delincuentes y él pone orden y justicia».
Los condenados
Hasta este viernes 4 de febrero, el régimen orteguista ha condenado a siete presos políticos en la DAJ: Yader Parajón, Yaser Vado, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Lesther Alemán, Miguel Mora y María Fernanda Flores.
Aunque cabe mencionar, que en días pasados, la justicia orteguista también declaró culpables a Donald Alvarenga y Douglas Cerros, por «propagar noticias falsas» y «menoscabo a la integridad nacional». Uno de ellos fue condenado a 12 años de prisión, lo que muestra la severidad de la dictadura contra los que se atreven a criticar su actuar.
Ortega cerró la posibilidad de un diálogo
Una semana antes de la reactivación de «los juicios políticos» por órdenes de Ortega, los familiares de los presos políticos habían pedido “un proceso de unificación ciudadana» para encontrar una salida a la liberación de los opositores encarcelados.
La propuesta fue respaldada incluso por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro y por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Esto a través de un diálogo con el régimen.
No obstante, Ortega respondió reactivando los juicios y condenando a los opositores, pese a que también, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, expresó que Estados Unidos está dispuesto a apoyar un proceso de negociación con el Gobierno de Nicaragua para buscar una salida a la actual crisis política del país.
“No hemos visto ningún tipo de indicación de que el régimen esté interesado en algún tipo de negociación (…) si llegáramos a verla, sería algo bueno y lo apoyaremos”, aseguró Price en rueda de prensa, desde Washington, el pasado 27 de enero.
«Lo que pasa es que Ortega aspira, sueña y ha querido siempre ver que los Estados Unidos se siente con él a negociar. A él no le importa que (Anthony) Blinken o (Brian) Nichols digan lo que digan. Él quiere ver una comisión de alto nivel, mínimo, la vicepresidenta de EE. UU. (Kamala Harris) viniendo a Managua y sentarse en El Carmen a negociar con él», señaló el analista político.
Mientras que para Sáenz, Ortega cerró la posibilidad de un diálogo «porque para Ortega la palabra diálogo no significa lo mismo que para la gente que quiere la democracia, que quiere justicia».
«En este caso (de los familiares de los presos políticos), hablar de diálogo (es un), diálogo entre personas civilizadas, pero, para Ortega el único concepto de diálogo es el de contubernio, que es un diálogo de malhechores para ver cómo se reparten el botín», reiteró el exdiputado.
«Son perversamente su ficha de cambio»
Por su parte, la directora en funciones de Human Rights Watch manifestó que «estos juicios revelan que el régimen de Ortega claramente no va a sentarse a dialogar voluntariamente a estas alturas».
Además precisó que «los presos políticos son, perversamente, su ficha de cambio. Si cede en eso, luego solo le quedará ceder en condiciones electorales más limpias, y cuánto más limpias sean, menos chances tiene de ganar. No habrá diálogo por voluntad del régimen, solo se conseguirán concesiones ante un escenario de presión internacional fuerte», señaló.
En esa misma línea, el sociólogo apunta a que Ortega evidentemente tiene varias metas:
1- «Quisiera cambiarle la opinión que tienen todos los países del mundo sobre él».
2- «Quisiera cambiar por ejemplo, la idea que hay de los presos políticos —que es injusto tenerlos presos— y él quiere demostrar que es correcto, que está poniendo orden y ley».
3- «Y lo otro que quiere es lograr, es generar pánico, terror en la sociedad y que a nadie se le ocurra jamás nunca volverse a oponer (a su régimen)».
Ortega manda a base de la fuerza represora
Al ser consultados por la forma en que gobernaría Ortega estos próximos años con las cárceles llenas de presos políticos, tanto Sáenz como el sociólogo señalaron que Ortega dejó de gobernar el país desde mucho antes del estallido de la crisis de abril de 2018, y coinciden por separado en que Ortega «manda porque tiene a las fuerzas de la Policía y el Ejército a su disposición».
«Ortega no está gobernando desde hace muchos años, inclusive desde ante de 2018 ya no gobernaba. Él está basado en la Policía y en el silencio del Ejército», dijo el sociólogo.
«Esto no es que va a dejar de gobernar, desde hace mucho tiempo él no gobierna. Es decir, en Nicaragua no hay gobierno, lo que hay es un grupo violento armado que ostenta el poder y hace uso de los otros poderes», agregó.
Sáenz dijo que «Ortega manda porque tiene las fuerzas represivas a su disposición y la falta de escrúpulos para utilizarlas. Pero no gobierna, porque si gobernara no hubieran salido casi 200 mil nicaragüenses del paraíso orteguista en el 2021».
A la vez insistió en que «si gobernara para los nicaragüenses no habrían subido los precios de los alimentos de acuerdo con las cifras oficiales 15 por ciento. Y si gobernara, pues habría justicia en el país, no estaríamos viendo este acto de venganza y de crueldad frente a los prisioneros políticos, eso no es gobernar. Ortega manda porque tiene las fuerzas represivas a su disposición».
¿Qué opciones de presión quedan para salvar a los presos políticos?
En cuanto a poder lograr la libertad incondicional de los más de 160 presos políticos de Nicaragua, Taraciuk dijo que «es esencial que exista una presión fuerte y concertada de la comunidad internacional hacia Ortega».
«Deben multiplicarse las sanciones internacionales dirigidas a altos funcionarios implicados en abusos y corrupción, que solo deberían levantarse si se liberan los presos políticos y se negocian condiciones para una elecciones limpias. Deben ser coordinadas entre los gobiernos y atacar las bases que sostienen a Ortega en el poder», señaló la directora en funciones de HRW.
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En cambio, el sociólogo señaló que para lograr la liberación de todos los presos políticos «la palabra clave es organización social y política».
Aunque Sáenz, dijo que «con Ortega en el poder no hay justicia, para nadie. La única forma de llegar a la justicia es sin Ortega en el poder».
La programación de los próximos juicios
Para este lunes 7 de febrero está programado el juicio de la dirigente de Unamos, Suyén Barahona. El martes 8 está programado el juicio del periodista Miguel Mendoza, el miércoles 9 el del politólogo José Antonio Peraza, y el viernes 11 el del excanciller Víctor Hugo Tinoco.
De acuerdo con la programación, el lunes 14 de febrero se realizará el juicio de la abogada María Oviedo y el miércoles 16 el del exdiplomático Mauricio Díaz.
Luego de una pausa, los juicios se retomarían el jueves 24 de febrero con el proceso contra el aspirante a la candidatura presidencial Noel Vidaurre y el del comentarista político Jaime Arellano, quienes permanecen en prisión domiciliar.
Para el lunes 28 de febrero está programado el juicio contra el dirigente social Irving Larios, mientras que al gerente general de LA PRENSA, Juan Lorenzo Holmann, le han programado su juicio para el lunes 21 de marzo. En esta programación todavía no están incluidos unos treinta presos políticos. La mayoría de ellos permanecen en las instalaciones del nuevo Chipote.
