En las cárceles de Nicaragua hay 170 presos políticos. El Ministerio Público reactivó a partir de este 1 de febrero los procesos judiciales en contra de los detenidos desde mayo de 2021. LA PRENSA te brinda las claves para entender lo que ocurre en el país con los reos.
1. Empiezan los juicios
El Ministerio Público informó que a partir de este martes 1 de febrero se realizarían los juicios «orales y públicos» en contra de los presos políticos. La comunicación se hizo a través de un comunicado en el que tildaron a los opositores de «criminales y delincuentes».
«Estos mismos criminales y delincuentes han reincidido, atentando contra los derechos del pueblo y la sociedad nicaragüenses, comprometiendo la paz y la seguridad», señaló este lunes la institución sancionada por EE. UU. Para Acción Penal, al emitir el comunicado, los fiscales del Ministerio Público cometieron delito porque al llamar criminales y delincuentes a los acusados violentan la presunción de inocencia a la que tienen derecho.
El artículo 34 de la Constitución establece que todo procesado tiene derecho a que «se presuma su inocencia, mientras no se pruebe su culpabilidad conforme la ley». Y el Código Procesal Penal añade que «hasta la declaratoria de culpabilidad ningún funcionario o empleado público podrá presentar a una persona como culpable».
2. ¿De qué los acusan?
Los delitos por los cuales están acusando a la mayoría de los detenidos de mayo a noviembre 2021 son «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y «difusión de noticias falsas». Estos delitos están contemplados en Ley de Ciberdelitos y Ley de Soberanía, ambas recién creadas por el mismo régimen.
3. Los primeros condenados
Hasta el momento se ha juzgado a cuatro presos políticos. Los primeros fueron Donald Margarito Alvarenga Mendoza y Douglas Alfredo Cerros Lanzas, condenados por «propagación de noticias falsas» y «menoscabo a la integridad nacional». Alvarenga fue condenado a 12 años de prisión.
Este primero de febrero fue el juicio de Yader Parajón y Yaser Vado. Ambos declarados culpables. Las sentencias serán dictadas el próximo viernes. A Parajón se le condenó por «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional» y a Vado por el delito de divulgar noticias falsas.
4. Las condiciones de los presos políticos
La condición de salud de los presos políticos que fueron detenidos a partir de mayo de 2021 es alarmante han insistido sus familiares después de las visitas que les han realizado.
En las cuatro visitas que el régimen ha permitido, las familias reportan pérdida de peso, de memoria, de dientes, mala alimentación, desmayos, y muchos otros problemas médicos. Las familias además han dicho que son sometidos a interrogatorios constantes, pasan 24 horas con luz o en la oscuridad.
Algunos de los detenidos entraron a las celdas con padecimientos que se han agravado y otros han desarrollado padecimientos estando privados de su libertad, según han denunciado sus familiares.
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5. Las familias han pedido «dialogar»
El 25 de enero un grupo de familiares de 26 presos políticos firmaron un pronunciamiento en el que llamaron a un proceso de unidad. Hasta el momento las familias de 120 presos políticos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en diferentes sistemas penitenciarios y delegaciones policiales han mostrado su respaldo a cualquier iniciativa en pro de la liberación de los privados de libertad.
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«Ante esta situación, apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia, para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes, dispuestos a escucharnos los unos a los otros, para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido», afirmaron los familiares en el pronunciamiento leído a través de una conferencia virtual.
En las reuniones del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) también se ha hablado de la posibilidad de un diálogo con el régimen, ya que creen que es la única ruta para sacar al país de la crisis sociopolítica.
En las cárceles de Nicaragua hay 170 presos políticos.