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CONTENIDO EXCLUSIVO.Se cumplen dos años de la severa y controversial reforma que aplicó el régimen de Daniel Ortega al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) en 2019, sin embargo, esta, al igual que sus pares del pasado, ha sido un total fracaso. Especialistas en la materia explicaron a LA PRENSA el motivo de este resultado y el porqué las finanzas de la institución aún no levantan cabeza.
A dos años de la reforma, el INSS continúa acumulando déficit y debido a esa situación el Gobierno se vio forzado el año pasado a transferir recursos de un préstamo que obtuvo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar que la entidad, de la cual dependen casi dos millones de nicaragüenses, cayera en impago.
Daniel Ortega recibió en 2007 —cuando asumió nuevamente el poder en Nicaragua— el sistema de Seguridad Social “sano” y con un superávit de más de mil millones de córdobas, sin embargo, los números oficiales indican que desde el 2013 se registra un déficit que no ha dejado de crecer con el paso de los años y que en todo 2020 totalizó 3,598.5 millones de córdobas.
Especialistas en la materia han comentado que desde 1990 en el país se han aprobado alrededor de 20 reformas a la Seguridad Social y todas han fracasado, porque se han formulado sin consenso y sin que intervengan en el proceso de ley cinco actores claves: trabajadores, empleadores, pensionados, académicos y legisladores, convocados por el Estado.
¿Cómo afectó a los nicaragüenses la reforma de 2019?
El INSS viene acarreando un déficit desde 2013 y su estado financiero ha empeorado, en parte como consecuencia de la mala administración e inversiones poco transparentes, pero además por la disminución de afiliados a raíz de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018 y por la pandemia de la covid-19, además de los problemas estructurales que agobian a la economía: como son los bajos salarios y la enorme informalidad del mercado laboral que Ortega en 15 años de administración no ha podido corregir.
La reforma de 2019 afectó tanto a los nicaragüenses como a las empresas del país, que de por sí ya se encontraban devastadas por la caída del consumo, la inversión extranjera y la fuga de capitales.
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El decreto presidencial 06-2019 firmado por Ortega indicaba que, según estudios económicos que no especificó, había una “necesidad de mejorar el balance financiero del sistema de pensiones del INSS”.
En detalle, el paquete de reformas al Seguro Social, que redujo hasta en un treinta por ciento las futuras pensiones, entró en vigencia el 1 de febrero luego que fue publicado en La Gaceta, diario oficial. Dicha reforma aumentó el aporte de los trabajadores y empleados y achicó las nuevas pensiones.
Con la reforma, los cotizantes experimentaron una reducción en su salario, luego del aumento de 0.75 por ciento de su aporte al sistema, el que pasó de 6.25 por ciento a 7 por ciento.
Por su parte, el sector empresarial formal debió pagar hasta 3.5 por ciento más en su contribución ese año, el que se incrementó sin gradualidad de 19 a 22.5 por ciento, afectando la competitividad del sector privado.
También aumentó lo que se paga en otro tipo de seguros. Por ejemplo, si una persona o trabajador por cuenta propia estaba cotizando a través del Seguro Facultativo integral (es decir, para pensión y atención médica), su contribución pasó de 18.25 por ciento a 22.25 por ciento. En caso de que estuviera cotizando solo para optar a una pensión y sin atención médica, este pasó de diez a 14 por ciento.
Asimismo, pese a las inconformidades del sector privado y civil, la mayor estocada estuvo en el cambio que se hizo en la fórmula que se utilizaba para calcular las pensiones, lo que afectó más a los trabajadores cercanos a su edad de jubilación. Estos vieron caer más de 30 por ciento sus pensiones respecto a las que se aprobaron antes de que entrara en vigencia esta reforma.
El régimen impuso que se tomaría como referencia para calcular las pensiones los salarios de las últimas 375 semanas cotizadas (7.2 años de vida laboral) y no las 250 semanas (unos cinco años), como se hacía anteriormente.
Además, lo anterior implica que el trabajador requiere esforzarse para devengar y mantener un salario alto en los últimos siete años de su vida laboral, lo que resulta un esfuerzo difícil, en un país donde lo que más impera son salarios raquíticos dada la estructura económica dominada por la informalidad.
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El Gobierno también orientó eliminar el salario máximo cotizable. Hasta enero de 2019, el techo salarial correspondía a 96,841.56 córdobas, sin embargo, a partir del 1 de febrero no existía límite máximo para la remuneración objeto de cotización. Por tanto, el colaborador debía pagar el 7 por ciento sobre el valor del salario total.
“La gente, en términos generales, recibiría entre el 30 y 40 por ciento menos de su salario, porque también cambiaron el cálculo con el fin de reducir las pensiones, el factor base se redujo de 37 a 20 por ciento, pero además en términos generales antes tenías que trabajar 43 años y ahora hay que trabajar 53 años, eso implica que ya vas a recibir menos”, dijo un especialista en la materia en febrero de ese año.
Otras reformas
Ortega ya había intentado una reforma en abril de 2018, sin consultarlo tampoco con la sociedad civil, misma que sirvió de detonante de las protestas sociales que el régimen violentamente reprimió, dejando cientos de fallecidos. Esa reforma, que era menos fuerte que la de 2019, incrementaba la cuota patronal y laboral, y además traía consigo una nueva cotización para los jubilados a partir del 1 de julio de ese año.
Acorralado por las protestas del 2018, Ortega se vio obligado a derogar el paquetazo de ajuste al INSS, pero en el 2019 la reformuló con medidas más duras y cuyos resultados a dos años del ajuste apuntan a repetir el fracaso de sus anteriores ajustes.
En diciembre de 2013 se hicieron públicas unas reformas al INSS que ejecutó el Gobierno en consenso con el sector privado y los sindicatos. Dichas reformas mantuvieron la edad de jubilación en 60 años, así como la cotización base de 750 semanas, sin embargo, los resultados del ajuste fueron un fracaso, lo que forzó una reforma en el 2018.
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En 2013, Gustavo Porras, quien en ese entonces fungía como secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), indicó que la cuota patronal aumentaría en uno por ciento en el 2014 y en 2015, medio por ciento en el 2016 y el medio por ciento en el 2017, hasta alcanzar el tres por ciento. Además, agregó que la cuota era deducible del Impuesto sobre la Renta (IR).
Cabe destacar que en ninguna parte de la reforma de 2019 —al igual que la aplicada en 2013 y la que se intentó implementar en abril de 2018— se abordó una de las raíces del problema: los malos manejos administrativos y de las inversiones de la institución.
“Es una de las reformas más duras del mundo”
Manuel Israel Ruiz, especialista en temas de Seguridad Social, sostuvo en abril de 2021 a LA PRENSA que la reforma de 2019 fue “jurídica y cuantitativamente más violenta, más dura que la de abril de 2018. Dijeron ‘ahora no vamos a tocar a los pensionados, vamos a tocar a los que andan trabajando y no saben si se van a pensionar mañana. A esos son los que vamos a golpear duro, hasta reducirles entre un 60 y un 30 por ciento de sus pensiones’”.
A su criterio, la reforma aplicada hace dos años es más dura por varios motivos, por ejemplo, encontró al país en peor situación económica y aplicó medidas de urgencia, no graduales.
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Desde la aprobación de la reforma, para que alguien obtenga una pensión equivalente al 70 por ciento de su salario promedio debe cotizar 2,756 semanas. Es decir, 53 años. “Si empezás a cotizar a los 20 años de edad, significa que vas a retirarte a los 73, si querés retirarte con el 70 por ciento”, del salario, señaló Ruiz en su momento.
Indicó que hay tres razones por las que es “imposible” cotizar 53 años. La primera es que somos humanos, a veces nos enfermamos y requerimos de subsidio; la segunda es que podemos perder el empleo y pasar varios años intentando regresar al mercado laboral formal, y la última es que somos mortales: existen muchas posibilidades de que fallezcamos antes de cumplir 2,756 semanas cotizadas.
También compartió que antes de la reforma, si una persona tenía un salario de 12 mil córdobas y había cotizado, por ejemplo 30 años, “iba a recibir el 88 por ciento de 12 mil: 10,560 córdobas, pero con la reforma, en vez de 88 recibe solo el 47 por ciento, es decir: 5,640 pesos”.
Ruiz afirmó que esta era una de las reformas más duras del mundo. “Me atrevo a decir que no existe en América Latina algo parecido a lo que ocurrió en febrero de 2019”.
¿Por qué no funcionó la reforma impuesta en 2019?
Un especialista en el tema, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, considera que la principal razón por la que las reformas impulsadas a lo largo de los últimos años y especialmente, la de 2019, no obtuvieron positivos resultados es estas “no están orientadas a aumentar los ingresos del Seguro Social”.
“El Seguro Social vive de los ingresos de los asegurados, ingresos por cotización, el trabajador da una parte, el empleador da otra parte y el Estado da un poquito. Para que el Seguro viva necesita que esa gente esté dando dinero, pero además necesitamos que cada día aumenten más los que cotizan”, indicó.
Asimismo, compartió que en 2018, “con el desbarajuste que hubo, se fueron más de 240,000 trabajadores, y mientras no se repongan esos 240,000, y los que deberían de haber ingresado naturalmente durante todo este tiempo, por más reformas que hagás, el Seguro no va a mejorar”.
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El régimen de Ortega aseguró que en 2021 se registró una recuperación de 46,748 empleos formales, según la evolución de la base de afiliados al INSS, sin embargo, aún hacen falta más de 140 mil plazas que fueron destruidas desde la crisis sociopolítica de 2018, según las estadísticas del Banco Central de Nicaragua (BCN).
“Ahorita subieron más de 45,000 afiliados, pero se fueron 240,000, es decir que no hemos ni repuesto esos que se fueron, además todavía hacen falta todos los que no entraron nuevos, deberíamos de estar alrededor de millón y medio ahorita, si el país estuviera normal y creciera económicamente con sus fuentes de trabajo”, añadió.
Sobre la probabilidad de hacer reformas este o el siguiente año, el especialista sostuvo que no es posible llevarlas a cabo. “¿Qué reformas se puede hacer para poder lograr subir los ingresos? Matar a la gente cobrándole más. Que los trabajadores den mucho más de lo que están dando y que el empleador y el Estado den más, para equilibrar los que se fueron”, expresó.
El especialista explicó que, si se multiplican los 144,242 trabajadores que hacen falta por 10,000 córdobas mensuales, por ejemplo, y dicho resultado se vuelve a multiplicar por 0.25, los datos indicarán que son 360.60 millones mensuales que está dejando de recibir el Seguro Social. Y si se multiplica por 12 meses, los resultados arrojan que son 4,327.2 millones anuales los que no ha recibido desde la rebelión de abril.
“¿Qué reforma se puede hacer para que entre ese dinero? No, no la hay. ¿Cómo lo resuelven? El Gobierno tiene que estar dándole alguna transferencia de algún lado, para poder pagar, porque el INSS ya no puede pagar. La única reforma grande que se puede dar aquí es que se cambie de sistema”, concluyó.
Otro gran problema: la corrupción
Por su parte, un economista y consultor externo, quien también prefirió el anonimato por temor a represalias, indicó que “no es que el INSS haya fracasado por falta de leyes o legislación, sino por la corrupción como tal”.
“Sobre las pensiones reducidas, en principio es cierto que tienen un carácter social, pero en el fondo también tienen uno político, eso debió de haberse hecho a través de un proceso presupuestario anual, que cada año la partida para estas personas aparezca en el Presupuesto y no que eso fuera el peso de la gente asegurada que cotiza, esto hizo que el sistema colapsara”, indicó.
Siguiendo esta línea, recalcó que “no es un problema de reformas, es un problema donde se mezclan la corrupción, la política, pésimas decisiones, y una falta de perspectiva a largo plazo”.
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“Todas las inversiones que han hecho de manera corrupta también han provocado que el INSS quiebre. Recuperar esa institución es muy difícil porque la demanda de pensiones va elevándose y la cantidad de gente que se va afiliando va decreciendo cada vez más”, lamentó.
“El INSS apenas representa el 33 por ciento del empleo formal, mientras en otros países es el 50 o 60 por ciento, pero aquí es el 33 por ciento por la gran informalidad que hay en el país”, agregó.
Sobre la probabilidad de una futura reforma, el economista indicó que sí es posible. “Lo más probable es que va a haber un ajuste si no hay una recuperación de las finanzas, y le van a reducir la pensión a la gente que se va a asegurar después (es decir los futuros pensionados). Eso está pasando en Alemania y en otros países, pero en esos casos es porque la gente va envejeciendo y va demandando cada vez más pensiones, aquí no, aquí todavía el bono demográfico está a años de entrar en crisis”, aseguró.
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Por su parte, otro economista indicó bajo anonimato que la reforma de 2019 fracasó y seguirá fracasando mientras se siga aplicando “a manera de parche”. Es decir, a su criterio, lo único que busca es conseguir dinero, pero no es suficiente porque no alcanza para cubrir los enormes déficits que tiene la institución.
“En sí no se está atacando el problema, ya es tiempo de hacer una reforma profunda al instituto, lo único que se les ocurre es buscar cómo aumentar o cambiar los parámetros para medir las pensiones, reducir aquí, allá, etcétera, pero esos son solamente cambios cosméticos de un gran problema que requiere soluciones integrales”, precisó.
“Este es un tema que no es político, es técnico, tienen que quitar la contaminación política. Todas las reformas que se han aplicado no han funcionado porque realmente el problema del INSS va mucho más allá. Mientras se siga utilizando al INSS como una caja chica haciendo inversiones fallidas y estar dilapidando el dinero de los contribuyentes, no se va a resolver este enorme problema”, concluyó.
El Gobierno proyecta para este año que el INSS complete un nuevo ciclo de crisis en sus finanzas con un déficit de 3,603 millones de córdobas al finalizar el 2022, con lo que la entidad cumplirá diez años de crisis, pese a las duras reformas que esta actual Administración ha aplicado.
