El régimen de Daniel Ortega comenzó a recortarle la asignación del seis por ciento presupuestario a la Universidad Centroamericana (UCA) en 2019, un año después de iniciada la crisis de 2018.
Sin embargo, de acuerdo con el catedrático Ernesto Medina, quien fue presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) en los años noventa, la asignación de recursos a esa universidad ha sido cuestionada desde hace más de una década por las autoridades del CNU.
«En los últimos años que yo estuve participando en el CNU, en el 2005, ya había discusiones para afectar a la UCA, porque como es de definición privada, siempre se pensaba que había una desventaja entre las universidades estatales, que son gratis, frente a la UCA que recibía ingresos por pagos de matrículas», declaró Medina.
Medina comentó que en ese entonces hubo una “fuerte presión” para afectar el presupuesto de la UCA, aunque aseguró de que esto no prosperaba debido a que en estas discusiones primaba el aspecto académico y no político, a como ocurre en la actualidad.
«Había una presión fuerte para afectar el porcentaje de distribución que le correspondía a la UCA, aunque habíamos rectores que nos oponíamos a eso, y el argumento que dábamos es que la UCA estaba haciendo reformas muy importantes, que eran los cambios que necesitábamos, pero que nadie se atrevía a hacer, pero todo se abordaba desde el punto académico, el factor político no tenía mucho peso hasta ese momento», señaló Medina.
Lea además: CNU reduce presupuesto asignado a la UCA y el alma mater se ve obligada a replantear su programa de becas
En 2018 la UCA recibió 251.8 millones, en 2019 el CNU redujo hasta en un 26.7 por ciento el presupuesto asignándole solo 184.5 millones de córdobas, sin embargo, para este año el golpe fue mayor destinándole únicamente un millón de córdobas, es decir menos del uno por ciento de lo entregado en 2018, lo que a criterio de las fuentes esto representa una «pasada de cuentas» por su posición crítica ante la represión impuesta por el régimen a partir del 2018.
«Lo que está ocurriendo ahora es una pasada de cuentas, sencillamente, lo que es lamentable que se utilicen criterios políticos totalmente irracionales para afectar a una universidad que ha sido un ejemplo, preocupada por la calidad, por promover la investigación, vinculada con la sociedad, con programas interesantes y que debería de ser una prioridad para un gobierno más inteligente y decente», refutó Medina.
Ambigüedad de la Ley
La Ley 89, o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, fue aprobada por el Frente Sandinista el 5 de abril de 1990 y publicada en La Gaceta No. 77, el 20 de abril del mismo año. Dicha Ley, en su artículo 55 define el patrimonio de las universidades y centros de Educación Técnica Superior financiados por el Estado, incluyendo el aporte del mismo.
En dicha ley se estableció el traspaso del 6 por ciento del Presupuesto General de la República a las universidades que son parte del CNU, que actualmente la conforman 10, entre ellas la UNAN-Managua, UNI, UCA y Upoli, sin embargo, a criterio del académico Medina, esta ley es «ambigua» porque deja aspectos importantes en el vacío que se pueden interpretar a conveniencia del Gobierno.
«El problema es que la ley no es clara, la ley lo que dice es que el 6 por ciento debe de distribuirse entre las universidades, pero como te digo es una ley ambigua que no ayuda a encontrar argumentos generales y ese porcentaje histórico ahora se convierte en un problema para la UCA», señaló.
Al respecto, el analista político Eliseo Núñez señaló que si bien la Ley 89 no especifica si el régimen puede expulsar a la UCA del CNU y de esta manera cortarle por completo los beneficios, de lo que sí está seguro es que la Administración orteguista controla los recursos públicos.
«Tienen una visión de apropiarse del dinero público y creer que es de ellos y solo ellos lo pueden administrar y que basados en su propios intereses tiene que estar a la disposición de alguien. Ese dinero es de todos los nicaragüenses, no del régimen, y llegaron al mínimo, la UCA está prácticamente sin presupuesto, lo que ellos no pueden hacer es sacarla, pero pueden decidir sobre el presupuesto», declaró Núñez.
Por su parte, Medina manifestó que el CNU le otorga solo un millón de córdobas a la UCA «para no quitarle todo, porque saben que eso se podría interpretar como una violación a la misma ley que dice que la UCA es parte de esa distribución».
La deuda moral
El catedrático reconoció que la UCA a lo largo de su historia ha sido golpeada y recordó que con la Revolución esta casa de estudios fue “desmantelada” de sus principales facultades para crear lo que hoy es la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
«La UCA fue aceptada por la Revolución para cumplir con los planes que tenía con las universidades y cuando decidieron fraccionar a la Universidad Nacional y formar cuatro universidades, que supuestamente respondían mejor a la idea de planificación central, a la UCA la desmantelaron, le quitaron sus principales facultades de Ingeniería para crear la UNI y fue para reconocer el sacrificio que hizo por el Gobierno, para la UCA eso tuvo un costo enorme», señaló.
«O sea, moralmente este Gobierno está cometiendo una barbaridad con la UCA», agregó el académico.
Formación de profesionales estancada
El catedrático Jairo Flores, investigador en Educación, destacó la importancia que tiene el hecho de que las universidades públicas, y algunas de las privadas, subsistan con el presupuesto asignado del 6 por ciento constitucional y aseguró que al cercenar lo asignado a la UCA, indudablemente esa decisión incide en la formación estudiantil.
«Resulta complejo para un estudiante que no recibe una beca interna o externa; que le quiten una beca de alimentación o transporte, o incluso que tenga que pagar el costo del arancel completo; este tendrá mayor dificultad para continuar estudiando, o en el peor de los casos que, por falta de recursos, tenga de desertar. Con un presupuesto raquítico, ninguna universidad puede capacitar sistemáticamente a sus docentes, no puede mejorar su infraestructura ni mucho menos aminorar los gastos de sus estudiantes», resaltó Flores.
Al respecto, Medina destacó que el Estado debe de ayudar a todas las universidades que estén contribuyendo al desarrollo del país y encontrar un modelo que sea más justo. «Este Gobierno que dice que es revolucionario y que vela por los pobres, lo que ha hecho es mantener un sistema injusto, de tener un sector de la población con el privilegio de ir a una universidad subvencionada por el Estado y luego otro sector de la población que tiene que ir a una universidad privada».
La Dirección de la UCA comentó a LA PRENSA que si bien la universidad mantiene la renovación de becas a los estudiantes activos, con este recorte las autoridades se ven impedidas de otorgar nuevas becas a los cientos de jóvenes de escasos recursos que este año buscan estudiar en esa alma mater.
«Hasta este momento la universidad no ha dejado de renovar anualmente las becas de estudiantes activos. No obstante, ha tenido que reducir significativamente el número de becas asignadas a estudiantes de nuevo ingreso», dijo la UCA a este Diario.