Por cuarto año consecutivo, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) redujo la asignación presupuestaria que cada año recibe la Universidad Centroamericana (UCA), procedente del 6 % constitucional. Para este 2022 le fue destinado únicamente un millón de córdobas, lo que equivale a menos del 1 % de lo asignado en 2018, cuando empezó la reducción.
Por esta razón, la universidad se ve obligada a replantear su programa de becas, ya que este depende de la asignación de dichos recursos. La dirección de la UCA comentó que si bien la universidad mantiene la renovación de becas a los estudiantes activos, con este recorte las autoridades se ven impedidas de otorgar nuevas becas a los cientos de jóvenes de escasos recursos que este año buscan estudiar en esa alma mater.
«Hasta este momento la universidad no ha dejado de renovar anualmente las becas de estudiantes activos. No obstante, ha tenido que reducir significativamente el número de becas asignadas a estudiantes de nuevo ingreso», dijo la UCA a este Diario.
Esta casa de estudio privada —que figura entre las 10 mejores universidades de Centroamérica— ha defendido abiertamente a los estudiantes que iniciaron las protestas contra el régimen de Daniel Ortega en abril de 2018. En el siguiente año, como medida de represalia la dictadura comenzó a realizar recortes en el presupuesto destinado a la UCA.
En 2018 la UCA recibió 251.8 millones, en 2019 el CNU redujo hasta en un 26.7 por ciento el presupuesto asignado a la UCA, entregándole solo 184.5 millones de córdobas, situación que obligó a esta casa de estudios a tomar las mismas medidas que aplicaron este año: reducir el número de becas.
«Mediante varios comunicados, desde 2019, la UCA ha informado sobre las reducciones en la asignación anual que recibe de fondos del Estado de Nicaragua. En estas comunicaciones se ha indicado que los recortes presupuestarios limitan las posibilidades de la universidad para otorgar becas totales o parciales a estudiantes provenientes de familias que no cuentan con los recursos para costear la educación universitaria de sus hijos», recalcó a LA PRENSA la dirección de la UCA.
Gestiones sin éxito
Las autoridades indicaron que la casa de estudios ha realizado diferentes gestiones legales y administrativas para tratar de revertir estas drásticas reducciones que solo afectan a los jóvenes de escasos recursos, pero asegura que «los resultados (de estas acciones) no han sido favorables».
Cabe destacar que el CNU es controlado por Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la UNAN-Managua y leal a Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Revanchismo político contra la UCA»
A consideración del analista político y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, esta acción del régimen a través del CNU es para colapsar el presupuesto público de la universidad más prestigiosa del país, como consecuencia de un «revanchismo político» por la postura crítica que ha tenido la UCA ante las arbitrariedades de la dictadura a partir de 2018.
«Ahora vemos al régimen tratando de cerrar a la UCA por una revanchismo político porque bajo este mismo esquema que durante años llevaron, ellos creen que se merecían el dinero que extraían del seis por ciento porque defendía a las universidades. Ellos se miran como unos grandes defensores de los universitarios, entonces consideran que la UCA los traicionó porque ellos creen que consiguieron el dinero para la UCA», manifestó Núñez.
Estas declaraciones el analista las contextualizó refiriendo que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), durante los años que lleva en el poder ha hecho creer que es un férreo defensor de la autonomía universitaria, sin embargo, cuando instalaron los gobiernos estudiantiles, en 1990, estos destinaban dinero del seis por ciento al partido sandinista y llegaron a financiar hasta actividades del partido.
Núñez concluye que este es el motivo por el cual Ortega cree que es un defensor de los universitarios. «El seis por ciento siempre ha sido un auxilio político para el Frente Sandinista. Manipuló y utilizó a los estudiantes durante 16 años haciéndolos creer que estaban luchando por un derecho de ellos (…) Lanzaron a los estudiantes a las calles a defender su derecho, que sí era un derecho real para una educación superior de calidad financiado por el Estado, pero el partido sandinista se benefició de esto todo el tiempo, no se puede ocultar esta verdad y esto vino a desembocar una educación superior con una calidad que no es la mejor», señaló.
