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CONTENIDO EXCLUSIVO.La mayor parte de su vida, Elvira Cuadra ha investigado sobre temas de seguridad y solución de conflictos en Nicaragua. Uno de sus primeros trabajos fue sobre el papel de la Policía y el Ejército durante la transición de 1990.
Cuadra comenta que la Policía y el Ejército pasarán inevitablemente por un nuevo proceso de transición en el cual tienen un papel importante que jugar. En esta entrevista, la socióloga nos habla sobre la posible abolición del Ejército, la limpieza profunda a la que debe ser sometida la Policía, y también la participación de ambas instituciones en la crisis política.
¿Cómo ve la situación de Nicaragua?
Para 2022 la situación del país es compleja. Yo no diría complicada, si no compleja porque tenemos en curso la crisis sociopolítica que inició en 2018 y que se ha mantenido en el tiempo y que no se logró resolver con las elecciones de noviembre (2021) que era un poco como la expectativa que tenía la población. El segundo elemento es que está de por medio una crisis sanitaria por la pandemia, pero no solo por la pandemia, sino por la política sanitaria con la que los Ortega Murillo han decidido enfrentar esta pandemia. El tercer elemento que hace compleja esta situación tiene que ver con los efectos económicos que estas dos crisis han generado sobre toda la población de Nicaragua.
Eso es algo que combina tanto elementos estructurales desde 2018 como por ejemplo los altos niveles de pobreza, el desempleo de la población, la marginalidad, el costo de los productos básicos y que además se han acentuado por la cuestión sociopolítica, pero también por efecto de la pandemia. Estos tres elementos combinados tienen un efecto muy fuerte sobre toda la población tanto en términos económicos como en términos sociales
¿Cómo se encuentra la delincuencia común en Nicaragua?
La percepción de seguridad de la población y la realidad también ha cambiado significativamente durante los últimos años. Ahora hay más inseguridad y hay más violencia y esa inseguridad y violencia están relacionadas con dos causas principales. Una de ellas es la inseguridad y violencia originada por razones políticas, como la política de represión que el gobierno ha impuesto sobre la sociedad nicaragüense desde 2018 y el otro factor tiene que ver con la delincuencia y la criminalidad en general que tiene que ver con el incremento de los asesinatos, de los femicidios, de robos y aparte de que hay hechos reales, también hay un mayor sentimiento de inseguridad de parte de la población.
Si la población se siente más insegura, ¿la Policía no está cumpliendo con su tarea entonces?
Es que la Policía está más dedicada a cumplir con el papel que le han asignado en esta política de represión gubernamental y las funciones ordinarias, o las que están definidas en la ley y que corresponde con su papel como institución del orden público, pues ha pasado a un segundo plano.
Usted ha dicho que la Policía estaba deteriorada desde antes 2018, ¿Por qué?
La Policía ha experimentado un proceso de transformación desde 2007 hasta la fecha que ha tenido varios momentos. Uno de ellos lo podemos ubicar entre 2007 o 2008, y entre 2014, que fue un proceso de cooptación de parte de los Ortega Murillo y que se operó a través de la entrega de prebendas, la distorsión de la carrera policial, con promociones adelantadas sobre todo en rangos de algunos oficiales y con la compra de lealtades. Desde 2014 hasta 2018, ese proceso de cooptación fue sustituido hacia una subordinación de la institución policial cuando se aprobó una nueva ley de Policía que estableció una relación directa entre la Policía y la figura presidencial.
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Eliminaron todos los mecanismos civiles de supervisión y control de la institución, por ejemplo, se le quitaron todas las facultades al Ministerio de Gobernación para que tuviera un papel de supervisión sobre la institución, la formulación de la política de seguridad y otras cosas. Además, se introdujo un elemento que no estaba antes y es darle potestad al presidente en este caso para decidir la permanencia indefinida del director o la directora según él lo considerara conveniente. Esos son como algunos elementos claves que marcan claramente ese proceso de subordinación, y luego de 2018 para acá, hay pues una perversión más fuerte de la Policía porque deja de ser una institución nacional y se convierte en uno de los principales aparatos de represión del gobierno.
¿Qué tan fortalecida está la Policía en este momento?
Bueno, tiene más efectivos, tiene más presupuesto a pesar de que han sido sancionados la institución como tal y sus principales mandos, pero a contrapelo ha perdido todo el reconocimiento y la legitimidad de la que gozaba ante la población hasta antes de 2018, porque era una Policía que tenía altos porcentajes de confianza. Eso lo perdió. Ya no cuenta con el respeto y la confianza de la gente, entonces ha quedado reducida a un aparato que tiene una función muy instrumental dentro de la lógica política que maneja el régimen Ortega Murillo.
¿Han golpeado las sanciones a la Policía?
Sí, han golpeado a la institución y en términos individuales a los oficiales miembros de la Policía. La sanción que el gobierno de los Estados Unidos aplicó a la institución como tal, dificulta la realización de una serie de operaciones que tiene que realizar de manera ordinaria y ha significado que tienen que dar vueltas u ocupar otras vías institucionales para poder mantener la operación cotidiana de la Policía.
Usted ha hablado de una limpieza en la Policía, pero ¿cómo podría llevarse a cabo?
Hay varias experiencias, incluso en Centroamérica. Hay varios países que han realizado procesos de restructuración policial. Están Guatemala, El Salvador u Honduras que es uno de los países más cercanos y es una de las experiencias más cercanas y de las más interesantes tanto por las buenas prácticas como por las experiencias que habría que considerar para no repetir. El tiempo y la forma del proceso es algo que se debe decidir en Nicaragua, no hay un modelo específico. Lo que sí está claro es que esta Policía que hay en Nicaragua en este momento, va a requerir de un proceso de reforma profunda y se va a tener que hacer a lo inmediato prácticamente que se dé una transición, procurando que sea también un proceso rápido de tal manera que permita refundar las bases de una institución que debería contar con el reconocimiento nuevamente, la confianza, la intimidad de la población.
¿Cómo ve al Ejército en este momento?
El Ejército tiene una posición y un papel diferente al de la Policía. Ambos tuvieron procesos muy interesantes a inicios de los noventa que fueron procesos de profesionalización que alcanzaron que tuvieran un gran reconocimiento nacional e internacional. El Ejército ha estado menos expuesto públicamente que la Policía porque la naturaleza de sus funciones no lo obliga a tener una interacción tan cercana con la población, pero ese proceso de modernización y profesionalización quedó rezagado a partir de 2007, igual que el caso de la Policía. Daniel Ortega comenzó a desarrollar un proceso de cooptación de la institución. Igual también en 2014 se marcó un momento con la reforma al código militar en donde se cambia la naturaleza de la relación entre la presidencia y la jefatura del Ejército. La operación fue similar. Hacer a un lado al Ministerio de Defensa, que nunca fue muy fuerte en Nicaragua, pero que tenía por ley la facultad de formulación de políticas, la supervisión y control del Ejército, y lo mismo la Asamblea Nacional. Con esa reforma al código militar en 2014 se eliminaron todos esos controles y se estableció una subordinación directa de la jefatura a la presidencia. Eso ha dado como resultado la permanencia continua en el cargo del jefe del Ejército (Julio César Avilés) y dentro de la estructura no ha habido un proceso tan fuerte como el de la Policía de cambios en la carrera militar, ahí se ha respetado un poco más eso, pero igual hay una especie de política de parte de Daniel Ortega para premiar ciertas lealtades de oficiales.
Durante este periodo de crisis, el Ejército no ha participado visiblemente en esa política o en las acciones de represión, pero si es parte de un sistema de dispositivos organizados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que han funcionado para controlar, vigilar y actuar en contra de la ciudadanía para eliminar o detener cualquier forma de expresión o de protesta.
En algunas ocasiones se debate sobre la posible abolición del Ejército en un futuro. ¿Cómo ve esta propuesta?
Bueno, esa es una decisión que tiene un carácter trascendental para toda la sociedad nicaragüense. Es una decisión que no se puede tomar de manera apresurada. Si es cierto, ese sentimiento ha crecido, se ha instalado en un buen grupo de la población, pero es una idea sobre la que se tiene que pensar seriamente sobre todo de parte de los liderazgos políticos durante una eventual transición. Como dije, el Ejército ha tenido un papel diferente al de la Policía en el periodo de la crisis. La Policía va a necesitar un proceso de reforma profundo porque el daño que se ha causado en la institución es irreversible. Se le ha involucrado y es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Eso está señalado por diferentes organismos internacionales.
En el caso del Ejército, como no hay una participación tan visible, hay que hacer una investigación a fondo sobre su nivel de participación y responsabilidad, y en ese contexto de una eventual transición política, ellos tendrían la responsabilidad de controlar y desarmar a los grupos paramilitares que existen en el país. Eso quiere decir que tienen un papel importante en ese periodo.
Pero la misión de desarme de los paramilitares la tienen desde este momento porque así lo manda la ley, y eso no lo han cumplido
Sí, es una tarea que la ciudadanía les ha demandado. Ellos alegan que están apegados a la ley y a la Constitución e incluso, en algún momento, han negado la existencia de esos grupos paramilitares, pero la verdad es que sí existen. Sí están ahí, sí actúan. Puede ser que en este momento se nieguen a realizar esa tarea, pero como digo, en un proceso de transición política, si va a haber que asumir esa tarea y no le toca a nadie más que al Ejército realizarla. Ellos saben, el Ejército sabe que tiene un papel que jugar durante la transición y, por lo tanto, el tema de la abolición del Ejército tiene que ser una decisión que sea tomada con mucha madurez y con mucha responsabilidad, tanto de parte de los liderazgos de la transición como de la misma ciudadanía.
¿Si Costa Rica funciona sin un Ejército, Nicaragua también podría?
También tenemos el caso de Panamá. Los panameños no tienen Ejército desde 1989, y en Costa Rica eso tiene mucho más tiempo de ser de esa manera. La verdad es que considerando las características de la sociedad actual de Nicaragua, no se debería de requerir, en primer lugar porque la región centroamericana no está enfrentada en conflictos bélicos y no hay amenaza de conflictos bélicos, y durante las últimas décadas, lo que se ha privilegiado es la solución de conflictos entre países a través de mecanismos del derecho internacional y de las instancias internacionales, por ejemplo en el caso de la misma Nicaragua dilucidando sus diferencias con Colombia y Costa Rica en la Corte de La Haya. Las amenazas a la soberanía y al territorio nicaragüense son amenazas compartidas con los países de la región y tiene que ver con las fronteras, tiene que ver con las actividades de crimen organizado transnacional, pero no son de naturaleza mayor. En ese sentido, la decisión de que el Ejército permanezca o sea abolido, es una decisión que requerirá de mucha madurez y de responsabilidad política y debe ser tomada a la luz de las amenazas específicas y de los riesgos que esté enfrentando el país.
Antes se decía que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica
Esa es una frase cliché que dejó de tener sentido incluso desde antes de 2018 porque ya el escenario de la seguridad estaba cambiando antes de 2018 y se ha agudizado precisamente a raíz de la crisis sociopolítica y particularmente por la represión y el Estado de excepción de facto que el gobierno ha impuesto sobre la ciudadanía en Nicaragua. Ya la gente no se siente segura en Nicaragua. Eso lo podemos ver en los últimos sondeos de opinión que se han hecho en el país. La población siente mayor inseguridad y ubica este tema como uno de los principales problemas del país.
¿Qué es más peligroso, la dictadura o la delincuencia común?
En el escenario de la seguridad, o de la inseguridad, los factores de riesgo han cambiado significativamente. Antes de 2018 las causas o los factores de inseguridad estaban más vinculados con la delincuencia y la criminalidad, el crimen organizado, y algunos ya eran muestra de violencia política. De 2018 para acá ese escenario cambió significativamente y una de las principales causas de la inseguridad está relacionada con la represión y la violencia política gubernamental. En segundo lugar, la delincuencia y criminalidad común, y después otro tipo de causas.
Plano Personal
Elvira Cuadra tiene 56 años. Es socióloga graduada de la Universidad Centroamericana UCA, y también estudió una maestría en Ecuador.
Tiene más de 20 años investigando sobre análisis de conflictos y temas de seguridad. Uno de sus primeros trabajos de investigación fue sobre el papel del Ejército y la Policía en la transición de 1990 en Nicaragua.
También ha trabajado en temas de juventud y cultura política, gobernabilidad y construcción de democracia.
Le gusta leer, la música, disfruta de ir a la playa y le encanta cocinar, sobre todo cuando es para la familia o amigos, dice.
Fue directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), al cual el régimen de Daniel Ortega despojó de su personalidad jurídica en 2018.