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CONTENIDO EXCLUSIVO.Nicaragua y China, dos países gobernados por regímenes autoritarios, recientemente anunciaron acuerdos bilaterales de cooperación, sin embargo, no será lo único que los una. Ambos tienen una extensa lista de violaciones a los derechos humanos: encarcelamiento a sus opositores, censura a los medios de comunicación independientes y la persecución a quienes piensan diferente, un nivel de represión que puede empeorar en Nicaragua a medida que la dictadura de Daniel Ortega en el 2022 consolide relación con el Partido Comunista chino.
Un sociólogo, que pidió anonimato por miedo a ser encarcelado por el régimen de Daniel Ortega, explica que China y Nicaragua son sistemas políticos que anuncian métodos liberales, pero, en la práctica son excesivamente cerrados, muy centralistas.
«En China su herencia cultural es de una sociedad esclava. Ambos sistemas son violadores de DDHH (Derechos Humanos), no hay libertad para ningún movimiento que no sea conocido por los administradores públicos. Se parecen, además, en que sus pueblos no se han puesto de pie aún», dice el sociólogo.
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Braulio Abarca, abogado defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, concuerda con el sociólogo y asegura que el gobierno de China es reconocido a nivel mundial por cometer graves violaciones a los derechos humanos, por basarse en una economía capitalista brutal y en un modelo explotador hacia la población que trabajan dentro de este modelo de explotación social-comercial que anulan los derechos humanos de las personas.
«Este gobierno se caracteriza por cometer cualquier tipo de actos y vejámenes en contra de quienes alcen su voz. Incluso China no tiene ningún tipo de aceptación de aplicaciones, redes sociales, y acuerdos comerciales que puedan tener involucrados temas de derechos humanos y democracia», dice Abarca.
Según un reporte de Amnistía Internacional (AI) el 2020 y 2021 estuvieron marcados por la dura represión ejercida contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en China y las personas a las que se identificaba como disidentes.
«China siguió persiguiendo de manera implacable a activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos que, a lo largo de todo el año, fueron sometidos sistemáticamente a hostigamiento, intimidación, desaparición forzada, detención arbitraria y en régimen de incomunicación, y largas condenas de prisión», se lee en el informe.
En China, cualquier defensor de derechos humanos y activistas pueden ser acusados de delitos como «subvertir el poder del Estado», «incitar a la subversión del poder del Estado» y «provocar peleas y crear problemas».
Una situación muy similar ocurre en Nicaragua, que, desde el 2018 -año en que se dieron las protestas contra los atropellos del régimen Ortega Murillo- se ha encarcelado a defensores de derechos humanos.
Un ejemplo de las agresiones es la detención de la defensora, María Oviedo, quien trabajaba como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). Ella fue detenida el pasado 29 de julio por oficiales de la Policía cuando, junto con sus dos hijos visitaba a su familia en la ciudad de León y luego fue trasladada al Chipote.
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Oviedo enfrentó una audiencia sin garantías procesales y un juez le impuso la detención judicial que puede significar desde 15 a 90 días tras las rejas. El Ministerio Público informó que su detención estaba basada por violaciones a la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Soberanía, la Independencia y Autodeterminación para la Paz.
Ocultan cifras
Otro de los señalamientos que se lee en el reporte de Amnistía Internacional sobre China es de «obstaculizar» la circulación de información vital durante las primeras semanas del brote de covid-19 en Wuhan en 2019. En cambio, el 21 de febrero había ya más de 5,511 investigaciones penales abiertas contra personas que habían publicado información sobre el brote de covid-19, a las que el Ministerio de Seguridad Pública acusaba de «inventar y difundir, a sabiendas, información falsa y perjudicial».
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Frontera (RSF), Nicaragua ocupa el puesto 121 con un retroceso de cuatro lugares con respecto al informe anterior, cuando estaba en la posición 117, mientras que China se mantiene desde 2021 en el puesto 177.
Nicaragua también violó este derecho a la información, ocultando a los nicaragüenses las cifras reales de los contagios y las muertes por covid-19. Incluso, el Ministerio de Salud (Minsa) mantiene -aún en los picos de contagios y muertes- un total hermetismo con la información. Pero las redes sociales -aún sin ser controladas por el régimen- evidenciaron otra realidad: muertes a diario.
El pasado 17 de noviembre, fue la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que informó que en Nicaragua circulan las variantes alfa, gamma, beta y delta del covid-19, según información enviada por el Minsa. Sin embargo, el Minsa nunca informó en sus reportes semanales sobre estas variantes ni sobre los riesgos de contraerlas.
Incluso, tanto en Nicaragua como en China, el personal médico que informaba sobre los contagios y el mal manejo de los ministerios de salud, fueron despedidos, apresados y obligados al exilio.
En China, por ejemplo, el caso del doctor Li Wenliang -una de las ocho personas que habían intentado dar la voz de alarma antes de que se comunicara el brote- fue arrestado por la policía local cuatro días después de haber enviado, a través de un grupo de chat, un mensaje de advertencia a otros colegas para que utilizaran equipos de protección individual a fin de evitar los contagios. Luego murió por este virus.
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«Las violaciones a los DDHH de la población china, se conocen poco, porque el sistema político que es dual (capitalismo/comunismo), le permite callar y cerrase cuando así les conviene. Por ejemplo, cuando algún medio saca información interior reprimen al comunicador y sofocan al medio. No hay libertad de prensa, son muy cerrados», explica el sociólogo.
China, la mayor cárcel del mundo para los periodistas
Según un trabajo de LA PRENSA en días anteriores, la organización Reporteros Sin Fronteras, en su investigación El gran salto hacia atrás del periodismo en China, publicado el 7 de diciembre de 2021, revela la campaña de represión sin precedentes que el régimen chino ha llevado a cabo contra el periodismo y el derecho a la información en todo el mundo en los últimos años. Por quinto año consecutivo, China mantiene el título de la mayor cárcel de periodistas del mundo, según los datos recabados por RSF.
«El país más poblado del planeta, con 1,400 millones de habitantes en 2020, sigue siendo de lejos el que encarcela al mayor número de periodistas: 127 estaban presos el 1 de diciembre. En 2021, el número de encarcelados en la China continental ha disminuido ligeramente, pero las detenciones en Hong Kong han contribuido a que el conjunto de periodistas presos suba un 2 por ciento a escala de todo el país», indica el informe de RSF.
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En el caso de Nicaragua, el régimen de Ortega mantiene en la cárcel a tres periodistas, el reconocido cronista deportivo Miguel Mendoza; al periodista y propietario del Canal 100% Noticias, Miguel Mora y a Cristiana Chamorro, periodista y exdirectora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), los dos últimos figuraban entre los siete aspirantes presidenciales que habían decidido participar en la contienda electoral para enfrentarse a Ortega el pasado 7 de noviembre.
Después de Cuba, Nicaragua es la nación con más periodistas encarcelados en América Latina, según el reporte de RSF, lo que muestra el creciente deterioro del país en materia de libertad de prensa y que se acerca a la experiencia en China.
Crímenes de lesa humanidad
En el 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estuvo en Nicarargua realizando una investigación determinó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
A través de 463 páginas, los expertos del GIE describieron el horror de 43 días, tiempo en el que se contabilizaron 109 muertos, de estos 95 se produjeron por disparos de armas que impactaron en cráneo, cuello y tórax a manos de la Policía orteguista y paraestatales.
Asimismo, en abril de este año, la organización Human Rights Watch señaló a China de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad contra uigures y otros musulmanes túrquicos en la región noroccidental de Xinjiang.
«Las autoridades chinas son responsables de políticas generalizadas y sistemáticas de detención masiva, tortura y persecución cultural, entre otros delitos. Se requieren acciones coordinadas en el plano internacional para sancionar a los responsables, promover la rendición de cuentas y exigir que el gobierno chino revierta el curso», señaló el informe.
