Más de 1,200 millones de dólares en inversión privada llegarán desde Estados Unidos a Centroamérica, en un periodo aún no definido, en un esfuerzo que está impulsando el Gobierno de Joe Biden para frenar la inmigración hacia ese país. La inversión sería captada principalmente por los países que conforman el Triángulo Norte, es decir El Salvador, Honduras y Guatemala.
Esto ocurrirá en momentos en que el régimen de Daniel Ortega está enfocado que buscar cooperación de Pekín, para lo cual la semana pasada rompió relaciones diplomáticas con Taiwán y se alineó al principio de una sola China, donde espera conseguir recursos y proyectos de inversión, sin nada aún concreto a la fecha. En paralelo, la dictadura mantiene una férrea disputa con Estados Unidos.
El Departamento de Estado informó que desde que la vicepresidenta Kamala Harris pidió en mayo de este año el llamado al sector privado aprovechar las oportunidades que ofrecen estos países de la región, estas respondieron al mensaje con un compromiso de inversión de más de 1,200 millones de dólares de empresas estadounidenses y latinoamericanas.
“Juntos, podemos trabajar para superar los obstáculos a la inversión, promover oportunidades económicas y brindar apoyo durante mucho tiempo”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado.
Y si bien el Triángulo norte es el principal emisor de migrantes irregulares hacia Estados Unidos, lo cierto es que Nicaragua también se está sumando a esa realidad, debido a que miles están huyendo de la represión de Daniel Ortega y el impacto de tres años de recesión, lo que ocasionado la destrucción de más de 150 mil empleos formales, en una economía que de por sí ya tenía problemas para crear un empleo de calidad.
Las seis áreas de inversión
Según el Departamento de Estado, el Gobierno de Estados Unidos trabajará en seis áreas de inversión y reformas en Centroamérica.
La primera en una agenda de reforma, que tendrá como enfoque central “respaldar una mayor transparencia, previsibilidad y estabilidad en el entorno propicio para los negocios al facilitar los esfuerzos del gobierno regional para adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de licencias, permisos, adquisiciones, regulación e impuestos”.
También en el área de inclusión digital y financiera. En este sentido se espera inversión para “ampliar el acceso asequible a Internet y la participación en la economía digital; facilitar el acceso a las tecnologías financieras y al capital para las pequeñas empresas, en particular las empresas propiedad de mujeres e indígenas; y garantizar que las personas más vulnerables y con más probabilidades de migrar tengan acceso a los servicios públicos básicos y las instituciones financieras”.
Igualmente se espera inversión en el área de seguridad alimentaria y agricultura climáticamente inteligente. Al respecto, el Departamento de Estado espera que hayan “compromisos para combatir la escasez de alimentos mediante el aumento de la productividad agrícola y la resiliencia de los cultivos”.
Se apoyará en el área de adaptación climática y energía limpia. En este campo, esperan apoyar en “la resiliencia de la región al cambio climático a través de esfuerzos de adaptación y mitigación; apoyar a las industrias afectadas por el cambio climático; y transición a energías limpias”.
En paralelo habrán esfuerzos en el área de educación y desarrollo de la fuerza laboral. La idea es “expandir los programas de capacitación laboral; apoyar un mayor acceso a la educación técnica y secundaria; y crear empleos en el sector formal mejor remunerados, especialmente para las mujeres y en las zonas rurales”.
Y finalmente se apoyará en el acceso a la salud pública. Al respecto se va a “ayudar a los gobiernos regionales a abordar el impacto del covid-19 en sus poblaciones; construir economías sanitarias robustas y resilientes para afrontar los retos sanitarios futuros; apoyar el acceso a agua potable y saneamiento; y garantizar el acceso inclusivo a la atención médica”.
Más compromisos para la región
El Gobierno de Estados Unidos se comprometió a trabajar en la conexión de las empresas con las agencias de ese país que laboran en la región, como la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés); la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de EE. UU., El Departamento de Comercio, el Departamento de Trabajo, entre otros; organizaciones no gubernamentales, bancos multilaterales de desarrollo; agencias de la ONU, otras organizaciones internacionales; y funcionarios gubernamentales.
Asimismo “coordinar a las partes interesadas del sector privado para garantizar un progreso sostenido a través de iniciativas estratégicas y de alto impacto alineadas con los objetivos de impacto social, y facilitar empresas conjuntas entre socios nuevos y existentes en los sectores público, privado y social global”.
También “trabajar con gobiernos e instituciones socios para promover reformas que aborden los impedimentos a la inversión y fomenten un entorno propicio para los negocios”.
Además se va a “establecer métricas para medir el impacto de los compromisos asumidos en respuesta al Llamado a la acción, para rastrear la efectividad del programa e identificar tendencias clave en métricas clave de impacto económico y social”.
Y se va a “convocar foros públicos y facilitar discusiones sobre desafíos, tendencias y avances hacia las metas de impacto social aspiradas. La Alianza para Centroamérica es una organización sin fines de lucro que se desarrolló en apoyo del Llamado a la Acción del Vicepresidente. La Alianza tiene como objetivo coordinar soluciones prácticas para promover las oportunidades económicas, abordar los desafíos urgentes del clima, la educación y la salud, y promover las inversiones a largo plazo y la capacidad de la fuerza laboral en apoyo de una visión de esperanza para Centroamérica”.