El Gobierno de Colombia, presidido por el presidente Iván Duque, reaccionó a través de su Cancillería a los ataques vertidos por el mandatario nicaragüense Daniel Ortega quien acusó este jueves 16 de diciembre a ese país de ser un “narcoestado, donde asesinan todos los días”. La repuesta de la Administración de Duque es que “Colombia, a diferencia de lo que ocurre en Nicaragua, es un estado de Derecho”.
Añadió a través de un comunicado oficial publicado por la Cancillería que Colombia “goza de instituciones sólidas, sana división de poderes, libertad de expresión y de participación política, inversión nacional y extranjera en todos los sectores, lo cual nos tiene a la vanguardia del crecimiento mundial este año”.
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Además aprovechó su respuesta para expresar su profunda preocupación ante la estrategia que ha decidido usar Ortega que a su criterio es “para distraer la atención de una comunidad internacional que rechaza con vehemencia la nueva dictadura que se instala en el país centroamericano, generando el repudio de los países vecinos y la preocupación regional por el riesgo de que el pueblo nicaragüense viva el horror del éxodo, el desarraigo, la pérdida de libertades y el brutal empobrecimiento que viven hoy el pueblo venezolano y el pueblo cubano”.
Ortega en su intervención durante la graduación de oficiales de la Policía cuestionó que “con qué moral puede hablar Colombia de seguridad en Nicaragua, de derechos humanos en Nicaragua, si ahí se violan los derechos humanos permanentemente”.
Colombia ha sido uno de los países que ha votado a favor de las resoluciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación de Nicaragua. Fue una de las 25 naciones que desconoció la legitimidad de las votaciones del 7 de noviembre, en las que el Consejo Supremo Electoral designó a Ortega como presidente, con los opositores presos. También votó a favor de la resolución que el pasado 8 de diciembre concluyó que Nicaragua no respeta sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana.
Ataques para “distraer atención y la censura internacional”
La Cancillería afirmó que frente a los múltiples reclamos internacionales para que se celebren en Nicaragua unas elecciones libres y transparentes, para que se restaure la personería de los partidos políticos opositores y se libere a los candidatos de la oposición encarcelados —en alusión a los siete aspirantes que Ortega mantiene encarcelados desde mayo pasado— para lograr el fraude de un simulacro electoral sin competidores que presenció el mundo entero en ese país, “la respuesta de Ortega consiste en atacar a Colombia para distraer la atención y la censura internacional sobre su total ilegitimidad“.
El Gobierno de Duque refirió que en Nicaragua la calidad democrática tiene el “tamaño de su dictador” y por ello, sostiene que los demócratas del mundo “seguiremos instando a la comunidad internacional para que aplique a todos los miembros del régimen de Nicaragua las sanciones económicas y personales que eviten que gane tiempo para seguirse lucrando, destruyendo la riqueza nacional y pisoteando la dignidad humana, como le sucedió a Venezuela”.
Diferendo en La Haya
El 1 de octubre de este año, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya finalizó la ronda de audiencias orales públicas sobre el caso de Nicaragua contra Colombia llamado «Presuntas Violaciones de Derechos Soberanos y Espacios Marítimos en el Mar Caribe», en el que el equipo de defensa nicaragüense realizó su última intervención. La Haya a través de un comunicado informó que comenzará ahora su deliberación y la sentencia del tribunal se pronunciará en audiencia pública, cuya fecha se anunciará en el momento oportuno, indicó el organismo.
Se conoce que el caso podría tardar hasta seis meses, según han señalado especialistas. En la misiva la CIJ presentó un breve resumen de las tres audiencias celebradas en esta semana, y sobre la realizada este viernes aseguró que Nicaragua presentó sus comunicaciones finales sobre las reconvenciones de Colombia.
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El litigio entre ambos países se debe a una nueva demanda que interpuso Nicaragua, en noviembre de 2013, en la que solicitó a la CIJ que declare que Colombia violó el derecho internacional por “usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses, mantener su presencia en las zonas marítimas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo de 2012 y expedir el Decreto de 2013 que creó la denominada Zona Contigua Integral”.
En 2012, la CIJ resolvió una disputa abierta desde 2001 y estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. La máxima autoridad judicial del derecho internacional otorgó miles de kilómetros cuadrados del territorio marítimo colombiano a Nicaragua y dejó islas colombianas enclavadas en la jurisdicción nicaragüense.
Colombia sin embajador en Nicaragua
El 28 de julio, el Gobierno de Colombia llamó a consultas a su embajador en Nicaragua, Alfredo Rangel, en rechazo al arresto de opositores que se ha dado en los últimos meses en el país. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que el llamado del embajador Rangel responde a “la sistemática persecución contra la oposición política, el periodismo y el liderazgo social en Nicaragua”.
En reciprocidad, el 9 de agosto, la vicepresidenta designada y vocera, Rosario Murillo, informó que el régimen llamó a consultas a sus embajadores en Colombia, Costa Rica, Argentina, México, países que también habían retirado a sus representantes en Managua.
Recientemente, el 10 de diciembre, el régimen de Ortega, publicó en La Gaceta el Acuerdo Presidencial 208-2021 que deja sin efecto el nombramiento de Yara Suhyén Pérez Calero como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua en Colombia, cargo que asumió el 3 de febrero de 2016. El acuerdo surte efecto a partir del próximo 31 de diciembre.