CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Este miércoles concluye el período legislativo 2021 en la Asamblea Nacional que se caracterizó, desde el inicio, hasta su clausura, por ser una instancia del Estado al servicio del régimen de Daniel Ortega, garantizado con la presencia de 70 diputados del partido gobernante.
El trabajo legislativo del año inició con la aprobación en segunda legislatura, de la reforma al Artículo 37 de la Constitución Política, estableciendo la cadena perpetua para quienes cometan «crímenes de odio». La ratificación se hizo efectiva el 18 de enero, la aprobación en primera legislatura fue en noviembre de 2020, como parte del trámite requerido cuando se hace una modificación constitucional.
A inicios de febrero, los legisladores, de mayoría oficialistas, aprobaron las reformas al Código Penal con lo que se extendía el tiempo de detención de una persona que que se vincula a un delito, aún sin habérsele acusado formalmente, de 48 a 90 días. Con ello quedaba lista la herramienta con la que a partir de mayo, se detuvieran a opositores al régimen de Daniel Ortega, que a la fecha suman más de 40, en su mayoría ya acusados del supuesto delito de de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Ortega había advertido sobre estas reformas el 15 de septiembre del año pasado, amenazando a los opositores.
Le puede interesar: Pruebas contra opositores: Mensajes de texto, en redes sociales, declaraciones a medios y testimonios de 32 policías
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó hasta este martes 14 de diciembre, 42 leyes (incluidas 10 leyes de digestos jurídicos de diferentes materias), 38 decretos, aprobación de 6 asociaciones y fundaciones y cuatro declaraciones, de acuerdo a un registro realizado por LA PRENSA.
También se aprobó un informe en abril pasado y posteriormente una resolución en mayo, ambos referidos al proceso de elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Lea además: Cuáles son y cómo te afectan las leyes represivas aprobadas por la dictadura
El Legislativo nicaragüense está conformado por la mayoría de diputados oficialistas, la bancada del Frente Sandinista la conforman 70 diputados de un total de 91 legisladores, que aprueban leyes, decretos, declaraciones y otras iniciativas y propuestas enviadas por el Ejecutivo, en manos de Daniel Ortega, y también propuestas de ellos mismos.
De acuerdo a una nota periodística realizada por LA PRENSA en enero, cada legislador tiene un salario bruto estimado en 96,000 córdobas (unos 2,705 dólares al tipo de cambio oficial); los siete miembros de la junta directiva devengan 5,000 córdobas mas, es decir alrededor de 101,000 córdobas (2,846 dólares). Además de la asignación de combustible y otros beneficios.
La Secretaría del Espacio Ultraterrestre
El 17 de febrero, los legisladores aprobaron la Ley creadora de la Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y Otros Cuerpos Celestes, iniciativa que generó preguntas y críticas.
Con esta nueva legislación el Estado pretende dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos derivados de instrumentos internacionales, en la que Nicaragua es Estado Parte, «además permitirá formular, proponer y ejecutar las líneas generales de la política en asuntos de espacio ultraterrestre, la luna y otros cuerpos celestes».
Miembros de la Academia de Ciencias de Nicaragua, consultados por la cadena CNN, consideraron la iniciativa como una ficción, completamente alejada de la realidad social del país, como los anuncios oficiales del lanzamiento de un satélite y la construcción de un canal interoceánico, proyectos que no muestran avances.
Súper autoridad sanitaria
El 18 de marzo, en medio de la pandemia por covid-19, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Creadora de la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria (ANRS), dos días después que fue presentada ante el plenario, lo que fue criticado por el diputado liberal Maximino Rodríguez, debido que no tuvo un proceso de consulta.
Esta nueva legislación establece una separación del Ministerio de Salud (Minsa) de las funciones de regulación, administración y control de todo lo referido a la salud, aunque a la vez este nueva entidad formará parte del Minsa, pero con independencia administrativa y financiera.
Las funciones que asume la ANRS han sido ejercidas por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Regulación Sanitaria.
Las reformas electorales
El 4 de mayo, los diputados aprobaron las reformas a la Ley 331, Ley Electoral y eligieron a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), con lo que se inhibió a los opositores participar en las elecciones generales y legislativas el 7 de noviembre.
La votación en lo general, quedó 85 votos a favor, de los 70 diputados del FSLN y sus aliados en la Asamblea Nacional, 4 en contra; dos del PLC (Azucena Castillo y Adilia Salinas), uno del partido regional Yatama (Brooklyn Rivera) y uno del ALN (Alejandro Mejía). La aprobación de la reforma se dio en una extensa sesión ordinaria, cuando el régimen conmemoraba el Día de la Dignidad Nacional.
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó y emitió en octubre de 2020, una resolución sobre la crisis de Nicaragua, que contemplaba siete puntos secuenciales para que Ortega garantizara unas elecciones libres, justas, transparentes y competitivas, encaminadas a solucionar la graves situación del país, por lo que, el organismo regional estableció mayo de este año como fecha límite, para que esas medidas fueran implementadas. Con la aprobación dicha reforma electoral Ortega cerró la posibilidad de cambios democráticos.
En las votaciones del 7 de noviembre, el Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por magistrados al partido gobernante, le asignó a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, el 75.87 por ciento de los votos y 75 diputados en la Asamblea Nacional.
Los créditos internacionales
Un exdiputado que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, manifestó que el trabajo legislativo es una extensión del régimen de Ortega, usado para aprobar leyes represivas y cumplir con los requisitos para la aprobación de créditos internacionales.
De los 38 decretos aprobados en 2021, 14 están ligados a contratos de préstamos externos.
La fuente valoró que el Legislativo nicaragüense, bajo el régimen orteguista, «ya no es un poder del estado», porque «ha perdido su naturaleza» de debatir los proyectos de ley. Se refirió puntualmente a la Ley de reforma al Código Procesal Penal (Ley 406), aprobada el 2 de febrero que extendió de 48 horas a 15 y 90 días el tiempo de detención de una persona sospechosa de haber cometido un delito, aún sin habérsele acusado formalmente.
«La Asamblea se ha convertido en una ventanilla de tramitación del ejecutivo y en una herramienta de represión jurídica, se aprobaron leyes utilizadas para encarcelar a los opositores y reformas como la del Código Procesal Penal, que amplía el plazo de 48 horas a 90 días para investigarte, todas inconstitucionales», manifestó la fuente.
Lea también: Orteguistas aprueban cadena perpetua y concretan «combo» de leyes represivas
Las ONG
La opositora en el exilio, Haydee Castillo, coincide con el exdiputado al considerar que la Asamblea de Nicaragua perdió su función de ser un órgano de debate y contrapeso de los otros poderes del Estado. Castillo la calificó como un «refugio de serviles a la familia dictatorial Ortega-Murillo».
«El rol que ha jugado esta Asamblea del régimen desde 2007 a la fecha y más desde 2018 para acá, ha sido desmantelar el marco jurídico de protección y de ejercicio de los derechos humanos, para legislar a favor de legalizar el comportamiento violatorio a los derechos humanos, que ha caracterizado el abuso de poder de la pareja dictatorial Ortega Murillo», manifestó la opositora.
Castillo señaló particularmente la numerosa aprobación de personalidades jurídicas de organizaciones evangélicas en la Asamblea Nacional y, en contraste, la cancelación de ONG críticas al régimen orteguista, lo que le hace suponer que estas organizaciones cristianas aprobadas, apoyan a Ortega.
«Muchísimas iglesias evangélicas han servido de soporte a este comportamiento violatorio de los derechos humanos del régimen y han estado a su servicio, avalando toda esta actitud que el régimen ha mostrado, una actitud despótica, corrupta y violatoria a los derechos humanos», dijo Castillo.
Según el registro de aprobación de Asociaciones, LA PRENSA constató que seis están relacionadas a iglesias evangélicas.
Reformas financieras
En agosto, el Legislativo aprobó un paquete de reformas de leyes vinculado al sector financiero, donde además de establecer multas más severas a las instituciones y altos cargos, reforzó el poder de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) para emitir normas que apunten a garantizar el origen lícito del capital de las instituciones financieras con la finalidad de prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
En total se reformaron parcialmente tres leyes: la Ley de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, Ley 316; Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, Ley 561, y la Ley de Mercados de Capitales, Ley 587.
Las universidades
Durante el mes de octubre, la Asamblea Nacional aprobó una reforma y una ley ligadas a las universidades. El 14 de este mes fue aprobada la reforma a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad de la educación y reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Ley 704), conocida como Ley creadora del CNEA, vigente desde hace 10 años.
Según lo establecido, la reforma tiene el propósito de agilizar los procesos de acreditación institucional y de carrera, para que las universidades de Nicaragua, que estén en capacidad y disposición, puedan obtener su acreditación institucional o de programas, en menor tiempo del establecido en la Ley vigente.
El mismo día fue aprobada la Ley de reconocimiento de Estudios, Títulos, Diplomas y Grados Académicos”, que implica la creación de un Registro Nacional de estos recursos académicos otorgados a los estudiantes cuando concluyen la educación superior y también ordena el reconocimiento de los títulos otorgados en el extranjero.
Asimismo señala que las universidades estatales serán las únicas facultadas para reconocer e incorporar títulos y grados académicos otorgados en el extranjero «conforme a sus estatutos o reglamentos internos».
Esta ley ordena un costo accesible para gestionar el título universitario, que según la nueva Legislación no debe superar los 1,500 córdobas. Además, las instituciones tendrán 180 días para remitir el registro de los graduados y títulos otorgados los 10 últimos años.
Durante 2021, también se registra la aprobación de 11 leyes sobre los digestos jurídicos en diferentes materias, entre las que se encuentran la tributaria, la civil, derechos humanos, administrativa, infraestructura, constitucional, administración financiera y bienestar y seguridad social.
Un digesto jurídico es un compendio de las leyes vigentes, ordenadas por materias.
Legisladores aprueban reforma al Legislativo
El 5 de octubre los diputados aprobaron la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Ley 606), que cambia algunos períodos y tiempos del trabajo legislativo y modifica las causales de suspensión de los diputados.
Con la aprobación de la reforma a la Ley 606 quedó establecido que el diputado acusado de cometer un delito será suspendido de ese cargo previa privación de la inmunidad. Antes, ese artículo establecía que el diputado primero debía ser condenado mediante sentencia firme, para suspenderlo de su escaño.
La enmienda eliminó el receso parlamentario que establecía un «período no mayor de 40 días comprendido en los meses de julio y agosto de cada Legislatura».
Ahora los diputados solo tendrán un receso parlamentario en el período que inicia el 16 de diciembre y concluye el 8 de enero del siguiente año.
Además, la reforma reduce de 48 horas a 24 horas el plazo para que la Junta Directiva del Legislativo pueda notificar el cambio de lugar de una sesión, establecido en el artículo 7, sobre la sede de la Asamblea Nacional.
Tras las sanciones, cambios «urgentes»
El 19 de noviembre, el Legislativo aprobó con trámite de urgencia, la reforma a la Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), para cambiar la representación legal y administrativa que le corresponde al presidente de esa institución, José Antonio Castañeda Méndez, pero que ya no podrá ejercer por motivo de la sanción aplicada por Estados Unidos el pasado 15 de noviembre.
Cuatro días después, los diputados, aprobaron también con trámite de urgencia, una reforma a la Ley Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica -Enatrel- (Ley 583) y sus reformas, para restructurar sus órganos de dirección tras las sanciones del 15 de noviembre.
Reforma presupuestaria
El 5 de octubre se aprobó una reforma al Presupuesto General de la República 2021, para integrar una partida presupuestaria de 700 millones de córdobas que ampliará la partida de egresos destinados a un «Fondo para adquisición de vacunas e insumos necesarios contra el covid-19», fue aprobada con 88 votos a favor, de un total de 90 diputados presentes en la sesión de la Asamblea Nacional.
El reciente 9 de diciembre, fue aprobada una segunda reforma presupuestaria ordenada por Ortega, para incorporar 17,086 millones de córdobas en los ingresos provenientes principalmente de la recaudación de impuestos, mandando a guardar gran parte de estos recursos al Banco Central de Nicaragua. De este total, al Presupuesto General de Gastos solo se incorporaron 8,874 millones de córdobas, tras los ajustes correspondientes.
Al día siguiente fue aprobada la Ley General de Presupuesto General de la República para 2022.
Más ONG cerradas y derogados los acuerdos con Taiwan
Las últimas dos sesiones del Poder Legislativo, del 13 y 14 de diciembre fueron dedicadas principalmente a la suspensión de personerías jurídicas y a derogar los acuerdos con Taiwán, país con el que el régimen oficializó ruptura de relaciones diplomáticas el 9 de diciembre.
En los dos últimos días los legisladores aprobaron la cancelación de 12 personalidades jurídicas con lo que se totalizan 51 organizaciones canceladas durante el año. El lunes fueron la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg), del sandinista Alejandro Martínez Cuenca, la Asociación Universidad Hispanoamericana (Uhispam) y la Asociación Consejo Nicaragüense de Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), ambas dirigidas por el sandinista Leonardo Torres, también miembro del consejo directivo del Banco Central de Nicaragua
Al día siguiente, fueron canceladas nueve personerías jurídicas más, entre las que se encuentran el Club Campestre Las Colinas, la Asociación Graduados del INCAE (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas) de Nicaragua, la Asociación de Consultores para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa – Acodep, la Asociación de Economistas de Nicaragua y la Asociación Cámara Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Industria Turística – Canatur.
También le fueron canceladas sus personerías jurídicas a la Fundación Veritas Humanas – Fundació Veritas, la Fundación Hispanoamericana – Hispan, la Fundación de Turismo – Futurismo y la Federación Coordinadora Superior de Universidades Privadas – COSUP.
La cancelación de estas asociaciones fue presentada por Franya Urey Blandón, directora del Departamento de Registro y control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, bajo el argumento de que las Juntas Directivas de estas asociaciones se encuentran acéfalas, violentando lo establecido en la Ley General sobre Personas Jurídicas son fines de lucro; la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin fines de lucro y el Estatuto de cada una de estas entidades sin fines de lucro.
También la exposición de motivo asegura que no han reportado al ente regulador sus estados financieros correspondientes y que no han presentado los Convenios -Donantes y ONG- sobre sus proyectos y actividades, que definan claramente sus fuentes de financiamiento.
La Asamblea Nacional también aprobó este martes el Acuerdo de la Facilidad de crédito suscrito entre Nicaragua y el Eximbank de Rusia, por un monto de 16.8 millones de euros; y un Protocolo de Acuerdo por el que se establece una «Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, para tener en cuenta la Adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea». Además, se aprobó la Ley del Digesto Jurídico nicaragüense de la materia sistema de administración financiera
Este miércoles 15 de diciembre se realizará una sesión solemne de clausura de la 37 Legislatura y el período legislativo. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, dijo que si en el período de vacaciones hubiera una situación de urgencia, los diputados tienen que estar atentos al llamado.
