Nicaragua llega nuevamente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) este lunes, sin embargo expertos en derecho internacional coincidieron en que hoy no se debe esperar que se acelere la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana al país, que significaría someter a votación la suspensión de Nicaragua del sistema interamericano.
Uno de los expertos que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato remarcó que la Carta Democrática prioriza sobre todo las acciones diplomáticas antes de dar un paso extremo como sería suspender a un Estado Miembro, aunque éste ya haya tomado la decisión de retirarse, como es el caso de Nicaragua.
La fuente indicó que el propósito de la reunión es hacer una valoración colectiva de la situación de Nicaragua, como ordenó la Asamblea General de la OEA, a través de la resolución aprobada el pasado 12 de noviembre.
En la Carta Democrática, la «apreciación colectiva» es un elemento que se menciona en el artículo 20, cuando se debe tomar una decisión sobre qué hacer con un Estado Miembro en el que se produjo la «alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático».
«La valoración colectiva es un requisito bajo los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática. Si, tras esa valoración, una mayoría cualificada (2/3 de los estados miembros, es decir, 24 en la actualidad) concluyen que se ha producido una alteración inconstitucional del orden democrático, entonces convocan una sesión extraordinaria de la Asamblea General (cancilleres) para decidir medidas a tomar», explicó el experto.
El artículo 21 establece la suspensión del Estado que violentó el orden democrático, pero solo con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.
Ruptura del orden democrático
En Nicaragua está más que probado que hay una ruptura del orden democrático y una sistemática violación de los derechos humanos. Está a la vista que el sistema electoral funciona bajo el control de los partidarios del régimen de Daniel Ortega, que solo actúan para cumplir sus intereses y mantenerlo en el poder.
Particularmente este año electoral, Ortega encerró a todos sus rivales políticos o los obligó a salir del país; a la vez, en Nicaragua nadie puede expresarse libre y públicamente en contra del Gobierno desde 2018, cuando el régimen orteguista ordenó la represión armada contra las protestas civiles, lo que dejó más de 300 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además, esta situación de Nicaragua fue constatada en agosto de 2019 por una Comisión de Alto Nivel de la OEA, que aunque no se le permitió entrar al país, se reunió con los opositores y víctimas en el exterior, con lo que confirmó que en Nicaragua hay «una alteración del régimen constitucional que deteriora seriamente el orden democrático» debido a la serie de violaciones a los derechos humanos que se cometen bajo las órdenes de Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
Aún con todos estos elementos a la mano, que podrían justificar la expulsión de Nicaragua, el experto ve improbable que la OEA suspenda a Nicaragua.
¿Vienen más gestiones diplomáticas?
La suspensión, según el experto, «es el último paso de esos procesos diplomáticos y se reserva para casos extremos».
«Es poco probable que el Consejo Permanente decida aplicar los artículos 20 o 21 de la Carta Interamericana. Probablemente emprenderán gestiones diplomáticas de alto nivel, antes de otra sesión en la que sí convocarían la sesión de cancilleres», manifestó la fuente.
Por otra parte, el experto valoró que la expulsión o la salida de Nicaragua no es lo más conveniente para el organismo.
«Una suspensión, sobre todo cuando Nicaragua ya ha notificado su intención de retirarse como estado miembro, reduciría la interlocución entre el organismo y el Estado. Eso haría que la solución sea más difícil de consensuar», agregó.
Énfasis en derechos humanos
El experto indicó que en la sesión de hoy se presentarán informes que confirmen la situación de Nicaragua, algo que también pidió la Resolución de la Asamblea General. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, Michelle Bachelet; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y la presidenta saliente de la CIDH, Antonia Urrejola, serán algunas de las voces que se espera escuchar en esta sesión.
«Eso sugiere un énfasis en DD. HH., además de la ilegitimidad del proceso electoral, que recoge la resolución de la Asamblea General», expresó la fuente.
Por otra parte, un exdiplomático y también experto en derechos internacional, manifestó, también bajo anonimato, que habrán nuevos elementos que se abordarán por primera vez en la reunión de hoy del Consejo. Uno de estos tiene que ver con la resolución adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró a Nicaragua en desacato de medidas provisionales (órdenes de liberación) a favor de numerosos reos políticos, encarcelados de forma totalmente arbitraria.
El exdiplomático dijo que «se trata de medidas de protección que requieren decisiones de urgencia, dado que está en juego la vida de estas personas.
«La Corte, ante la reiterada desobediencia del Estado de Nicaragua, ha remitido el caso a la Asamblea de la OEA, a fin de que el máximo órgano del sistema interamericano tome las decisiones pertinentes. Esto deberá ser dilucidado en el Consejo, que es quien convoca a la Asamblea extraordinaria, puesto que no se puede esperar hasta la próxima Asamblea ordinaria en junio del año que viene para dar una respuesta», explicó la fuente.
La salida de Nicaragua de la OEA
El otro elemento nuevo tiene que ver con la decisión de Nicaragua de denunciar la Carta de la OEA, para salirse de esa organización.
El exdiplomático aseveró que la OEA ya ha agotado todas las vías diplomáticas, mientras que la posición de Nicaragua ha sido rechazar todas propuestas del organismo, por eso finalmente el Gobierno de Daniel Ortega decidió concretar la denuncia del Pacto de Bogotá e iniciar la salida del sistema.
La fuente señaló que este elemento nuevo podría inclinar a algunos países a la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, incluso superando los 25 votos con los que la Asamblea General rechazó las recientes elecciones sin competencia.
Lo que falta por ver en la OEA es poco, según el exdiplomático: «Convocar a la Asamblea extraordinaria y decidir la suspensión de Nicaragua», pero apuntó que eso no resolverá ni pondrá fin al problema del país.
La reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA fue anunciada el pasado miércoles 24 de noviembre, para evaluar la situación de Nicaragua de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
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