Si algo ha molestado a Daniel Ortega y Rosario Murillo son las sanciones impuestas a gente de su círculo de confianza y poder, de manera especial las que ha dictado Estados Unidos. Desde que comenzaron a aplicarse a finales de 2017, las ha calificado como agresiones que dañan al país, que afectan a los nicaragüenses ha señalado, pero en realidad se han aplicado a violadores de derechos humanos y personas allegadas involucradas en actos de corrupción. Hasta ahora, el único daño que han provocado es a algunos de los negocios de la familia Ortega Murillo.
Primero forzaron el cierre de la amplia cadena de distribución de combustibles que habían instalado en todo el país – Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic) – ; y las más recientes podrían afectar sus negocios en el sector eléctrico, donde igual que con los combustibles, tienen una amplia participación que les permite incluso, fijar los precios.
Los combustibles y la energía eléctrica son dos de los sectores donde la familia Ortega Murillo tiene más intereses. En el primero, controlan la importación y comercialización; y en el campo de la electricidad, están metidos en la generación, distribución y comercialización con Disnorte y Dissur.
Estos dos sectores son los que más sangran a los nicaragüenses y deterioran su poder adquisitivo, ya que tanto el precio de los combustibles, como las tarifas de energía eléctrica que se pagan en el país, son de los más altos de la región.
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Imponen las tarifas más altas de la región y del mundo
Las sanciones impuestas por Estados Unidos el 15 de noviembre, incluyen a funcionarios de toda la cadena del sector eléctrico:
- José Antonio Castañeda Méndez, presidente del consejo directivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Esta es la institución encargada de regular al sector eléctrico.
- Salvador Mansell Castrillo, ministro de Energía y Minas (MEM) y presidente de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel). Ambas instituciones están involucradas en la generación y transmisión de la energía.
- Rodolfo Francisco López Gutiérrez, director de la Empresa Distribuidora de energía, (Distribuidora del Norte-Disnorte y Distribuidora del Sur-Dissur), encargada de la comercialización de la energía.
El año pasado cuando la caía de la demanda de combustibles en medio de la pandemia desplomó el precio internacional del petróleo, tuvieron la oportunidad de bajar la tarifa eléctrica. Pero ellos no trasladaron ese alivio a los consumidores finales como ocurrió en los países vecinos. Al contrario, las mantuvieron en niveles, que las hacen las más altas de la región e incluso, comparables con las tarifas de países ricos de diversos continentes, tal como lo demuestra el ranking de GlobalPetrolPrices.com.
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Según un ranking elaborado por el sitio especializado GlobalPetrolPrices.com, en marzo de 2021 los hogares nicaragüenses pagaron en promedio 17 centavos de dólar por cada Kilowatt hora (KWh) que consumieron. Esa tarifa supera la de Noruega y Colombia de 14 centavos de dólar por KWh; también la de Estados Unidos y Hong Kong de 15 centavos; y la de Rumanía y Singapur 16 centavos de dólar por KWh.
Unión Fenosa se fue en 2013, Ortega es quien tasa y distribuye la energía
Los cobros excesivos y otros abusos que muchos nicaragüenses siguen atribuyendo por costumbre o desconocimiento a la extinta Unión Fenosa – compañía española que administró antes el rubro en el país -, ahora oficialmente son responsabilidad de una empresa estatal, cuyo director, Rodolfo Francisco López Gutiérrez fue sancionado. Aunque conocedores del sector aseguran que en realidad quien tiene el control de la distribución es Alba de Nicaragua (Albanisa), la empresa creada por Ortega con dinero de la cooperación venezolana.
Unión Fenosa es la empresa española que estuvo a cargo de la distribución desde 1989, luego traspasó acciones a Gas Natural y en total permanecieron en el país un poco más de dos décadas, pero se fueron en 2013. Al salir del mercado, supuestamente vendieron sus acciones a la también española TSK-Melfosur.
Pero según especialistas en la materia, en realidad ésta solo administraba la empresa distribuidora, ya que desde la salida del mercado de Gas Natural-Fenosa, quien asumió las riendas de la distribución fue Francisco (Chico) López, vicepresidente de Albanisa.
En diciembre de 2020, Ortega ordenó declarar de interés nacional la totalidad de las acciones que tenía en la empresa distribuidora el grupo español TSK-Melfosur. Aunque la nacionalización se aprobó en diciembre de 2020, desde febrero de ese año la empresa había abandonado el país.
Se presume que salió después de acordar con otra empresa privada de la que nunca se reveló el nombre, el traspaso de sus acciones en la distribuidora. Dicha empresa administró sus acciones hasta que se concretó la supuesta nacionalización; y desde entonces la distribuidora de energía oficialmente es una empresa estatal y operativamente quien realiza la actividad es Albanisa.
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¿Movida para evadir efectos de las sanciones?
En su momento, la nacionalización de la empresa distribuidora fue calificada por especialistas del sector como una “movida” de Ortega para sortear los efectos de posibles sanciones contra Albanisa. Aunque Albanisa estaba afectada por las sanciones aplicadas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde enero de 2019.
Albanisa es un consorcio de empresas creado por Ortega con dinero de la cooperación venezolana. Además del control de la distribución eléctrica, también tiene intereses en la generación de energía, donde opera bajo el nombre de Alba Generación.
Especialistas aseguran que “la movida” de Ortega al nacionalizar la empresa distribuidora, con la reforma a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica y otros movimientos, solo han servido para proteger los negocios de Ortega, ya que no ha provocado ningún beneficio a los consumidores.
A criterio de especialistas, desde que se fue del país Gas Natural-Fenosa en 2013, la calidad del servicio se ha deteriorado, las pérdidas han aumentado y las tarifas no han dejado de subir.
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¿Afectará el proyecto de generación con gas natural?
Expertos consideran que estos movimientos han creado un desorden a lo interno del sector. Desde 2015 Salvador Mansell —que también está incluido entre los sancionados del 15 de noviembre— asumió la titularidad el Ministerio de Energía y Minas (MEM), entidad encargada de la política energética del país. Pero él también es director de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel), encargada de la transmisión, esta combinación de cargos también mezcla las funciones.
A criterio del analista Oscar Rene Vargas, la sanción también podría tener repercusiones en el proyecto de la empresa New Fortress Energy, la empresa estadounidense que invirtió 700 millones de dólares en la instalación de una planta que generará 300 megavatios de energía a base de gas natural.
Según información oficial, la planta instalada en puerto Sandino ya está en fase de prueba, pero Vargas considera que su entrada en operación podría estar en riesgo, ya que su contraparte nicaragüense ha sido sancionada.