El Gobierno de Reino Unido por medio de una nota de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo aseguró este lunes que el proceso electoral de Nicaragua “no es una expresión plausible de democracia” puesto que el proceso no fue libre ni justo.
Sobre la cuarta reelección del caudillo sandinista Daniel Ortega, la Administración británica afirma que “fue una elección solo nominal. No fue libre ni justa. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, continúan en el poder solo después de que todos los candidatos creíbles de la oposición sean arrestados y descalificados para presentarse a las elecciones”.
En la declaración añade que “los abusos que se han cometido han impedido al pueblo nicaragüense tomar la decisión democrática que tiene derecho a tomar”.
Nicaragua hacia “trágica senda del autoritarismo”
La nación liderada por la monarca británica reina Isabel II denuncia que con esas maniobras los “Ortega están llevando a Nicaragua más allá por la trágica senda del autoritarismo. El pueblo de Nicaragua se merece algo mejor”.
En ese sentido, recuerda que en los últimos años a los nicaragüenses “se les ha negado sistemáticamente muchos de sus derechos humanos universales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. En 2018, las autoridades nicaragüenses reprimieron violentamente las protestas antigubernamentales. Más de 300 personas murieron y muchas más resultaron heridas. Desde entonces, el régimen de Ortega ha aprobado una legislación que le otorga un mayor control de los derechos civiles y políticos; ha eliminado las salvaguardias que aseguraban la imparcialidad de las autoridades electorales”.
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Sobre las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), refiere que “con el fin de servir a los propios intereses del régimen, las autoridades han utilizado repetidamente sus poderes para detener y amenazar a candidatos y representantes de partidos de oposición y evitar que se presenten a las elecciones y participen en actividades democráticas. El Reino Unido pide la liberación inmediata e incondicional de todos los líderes de la oposición y otros presos políticos en Nicaragua y el pleno restablecimiento de todos sus derechos civiles y políticos”.
Comparte la profunda preocupación de la comunidad internacional
El Reino Unido afirma que comparte la profunda preocupación de la comunidad internacional por “estos tristes eventos en Nicaragua, muchos de los cuales han sido documentados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
A la vez, “confirma su firme apoyo a los mensajes de preocupación emitidos por tantos países de la región, incluidos colectivamente en la Organización de los Estados Americanos, por el deterioro de los derechos humanos y políticos en Nicaragua y la subversión de los procesos democráticos”.
El Reino Unido dejó de ser Estado miembro de la Unión Europea (UE), en un proceso político conocido como brexit, desde el 31 de enero del 2020. El Reino Unido lo integran los Estados de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Además de Reino Unido, los países de Costa Rica, Estados Unidos, España, Chile, Alemania, Panamá, Uruguay y demás países que conforman la UE han declarado ilegítimo el resultado electoral en Nicaragua. La mayoría coinciden en demandar la libertad de todos los presos políticos. Por otro lado, los países que hasta ahora han expresado sus “felicitaciones” al régimen de Nicaragua han sido: Venezuela, Cuba y Bolivia, dirigidos por los pocos aliados de Ortega: Nicolás Maduro. Miguel Díaz-Canel y Luis Arce Catacora.
Sanciones contra funcionarios del régimen
Reino Unido junto con Estados Unidos, Canadá, los 27 estados miembros de la UE son los 30 gobiernos que han sancionado de forma individual a los funcionarios de la dictadura de Ortega, responsables de dirigir y ejecutar la represión contra la población que se levantó en manifestaciones desde abril del 2018.
El pasado 26 de abril, el gobierno de Reino Unido sancionó por “desvío de fondos públicos” a José Francisco López Centeno, vicepresidente de la compañía estatal Alba de Nicaragua (Albanisa). El Gobierno británico señaló que López ha estado involucrado en casos de “apropiación indebida”. “Durante su liderazgo, fondos públicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados”, indicó.
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También, el pasado 4 de mayo, el Reino Unido, a través de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro ordenó congelar los bienes y activos del director de la Policía, Francisco Díaz; el subdirector Ramón Avellán; los comisionados generales Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina; a la exministra de Salud, Sonia Castro, y a Néstor Moncada Lau, asesor para asuntos de seguridad de Ortega.