A pesar de que Nicaragua cuenta con un marco normativo aceptable para el combate contra el lavado de dinero, la falta de aplicación de este, sumado a la falta de autonomía e independencia de las entidades regulatorias y el deterioro de la institucionalidad democrática, propician un mal desempeño en la lucha contra este delito, según indicaron especialistas en la materia.
El lavado de activos se define como el proceso de encubrir el origen de fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales, como el narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, etcétera. Tiene como objetivo, hacer que el dinero obtenido mediante actividades ilícitas aparezca como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Es un delito asociado a otros delitos.
Boanerges Fornos, abogado y exfiscal departamental, dice que Nicaragua cuenta con un marco legal normativo bastante aceptable, donde ha implementado algunos aspectos de la Convención de Palermo. Además, las autoridades han creado la Ley de Unidad de Análisis Financiero, la Ley de Lavado de Activos, y la Ley de Beneficiario Final.
“Pero aquí el inconveniente no radica en nuestro marco normativo, sino que uno de los principales desafíos que tiene Nicaragua es que este se esté aplicando como debe aplicarse, ya que existe grave credibilidad de la labor que realizan las instituciones y sus funcionarios. Se percibe que existe un control político y que la actuación de los funcionarios y estas entidades responde a esos criterios”, explicó Fornos, durante el conversatorio sobre “amenazas y vulnerabilidades en materia de lavado de dinero en Guatemala, Costa Rica y Nicaragua”, realizado este viernes por la Fundación para la Paz y la Democracia (Funpadem).
Estas declaraciones ocurren mientras en Nicaragua se está experimentando una fuerte cacería contra opositores a la Administración de turno, donde la mayoría son acusados de supuestamente cometer este delito.
El especialista compartió que, debido a la posición geográfica de Nicaragua, el país es altamente propenso a caer en este tipo de delito. “Centroamérica es una ruta natural de tránsito. Del sur hacia el norte, de tráfico de migrantes, trata de personas, así como de tráfico de drogas y del norte hacia el sur, de tráfico de armas y de trafico de dinero. Los grupos delictivos aprovechan las fragilidades que existen en nuestros países, en sus democracias y en el funcionamiento de las instituciones, para permear las instituciones y para poder realizar su labor de lavado de dinero”, enfatizó.
Según el Índice de Antilavado de Basilea 2021 en Latinoamérica y el Caribe, que evalúa a países de alto riesgo para el lavado de activos, Nicaragua se ubica en el puesto número 18 con una puntuación de 6.75, mientras que en 2020 esta cifra se situó en 6.78. Los demás países centroamericanos se encuentran en posiciones superiores.
Fornos recomienda que, al tratarse de delitos de delincuencia organizada trasnacional, se deben identificar cuáles son los obstáculos y debilidades que tiene cada país a nivel interno, a fin de poder dar una respuesta de carácter fuerte y con visión regional y de esta manera, puedan trabajar los países centroamericanos de manera conjunta y enfocados en: la prevención, supervisión y persecución de este delito.
“En Centroamérica, algunos países tienen leyes de extinción de dominio, otros no. Unos países permiten la extradición de nacionales, otros no. Eso genera inconvenientes a la hora de poder dar una respuesta contundente a este flagelo, que afecta también a las economías formales, la recaudación tributaria de los Estados, la libre competencia con otras empresas que trabajan de forma legítima en el marco de una economía, de sus actividades comerciales, industriales, agropecuarias, etcétera”, expresó.
Asimismo, señaló que los regímenes con vocación autoritaria no construyen instituciones, sino que las debilitan, “por eso es importante el tema de políticas de persecución y de acuerdos regionales que permitan establecer mecanismos para evitar que las instituciones puedan ser utilizadas con fines de persecución política al amparo de estas normativas, y también con ello, evitar abusos en los ciudadanos que habitan en esos regímenes”.
Agregó que en Nicaragua existe la Unidad Administradora de Bienes Incautados, Decomisados, y Abandonados del Crimen Organizado, de acuerdo a la Ley de Crimen Organizado aprobada en octubre de 2010, sin embargo, “hasta el día de hoy no sabemos si materialmente existe y si hay una adecuada administración con esa unidad. En ese aspecto hay opacidad porque no se sabe si efectivamente se está realizando una distribución conforme a ley, si los está realizando la autoridad encargada y, por otro lado, cuál es el mecanismo para que estos recursos puedan ser enviados a las autoridades”, ejemplificó.
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Fornos considera que “al igual que lo que está siendo una fuerza de tarea para el Triángulo del Norte, debe ser una iniciativa que debe nacer del seno de las naciones centroamericanas, para identificar las debilidades, obstáculos, mecanismos y herramientas que tenemos para poder superar esos inconvenientes y obtener resultados positivos en el combate del lavado de activos. No debemos verlo solo desde la perspectiva de la persecución, sino que es importante con una visión de prevención y supervisión”.
Por otro lado, el economista y analista político nicaragüense, Enrique Saenz, quien fungió como moderador del conversatorio, compartió que el lavado de dinero “no es solo un problema técnico y financiero, sino que nos atañe a todos y a todas, porque no solo están las afectaciones económicas y las amenazas que representan la presencia del crimen trasnacional, sino también está la amenaza de captura del Estado o desnaturalización de las funciones públicas, que al final pueden traducirse en afectaciones a nuestros derechos y a nuestras libertades ciudadanas”.
Escenario en la región
Durante el conversatorio, José Luis Campos, miembro de la Comisión Anticorrupción del capítulo de Costa Rica de la Cámara Internacional de Comercio, sostuvo que hay que dejar de asociar el delito de legitimación de capitales como unido solamente al tráfico de drogas. Y que este, debe abordarse globalmente, no únicamente a nivel de cada país.
“Centroamérica es un punto geográfico muy apetecible para el banqueo de capitales, por su cercanía con Estados Unidos. Sin dudas, convierte a la región en un centro muy apetecido para todo tipo de financiamiento de actividades delictivas”, advirtió.
Siguiendo esta línea, compartió que entre las dificultades que se encontrarán en la lucha para prevenir y sancionar el delito de legitimación de capitales está la estructuración de las leyes penales y procesales penales, “nuestras legislaciones sancionatorias fueron diseñadas para criminalidad no compleja”, agregó.
“En el delito de legitimación de capitales tenemos un esquema mucho más complejo y sofisticado, hay personas jurídicas involucradas, mucho tema financiero, actividad trasnacional y evidentemente el sistema no estaba preparado para este tipo de delincuencia”, mencionó.
Por tanto, el experto recomienda que el abordaje debe ir más allá de lo legal y “debe involucrar a instituciones como los registros de la propiedad y órganos de inteligencia financiera para poder tener una investigación más completa, dado que existe un gran volumen de prueba que debe ser analizada”.
Por su parte, el guatemalteco Gabriel Gómez Méndez, quien fungió como jefe de la Unidad de Análisis Financiero de ese país y como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, explicó que el lavado de dinero es un delito relativamente nuevo y tiene una dinámica particular porque adquiere nuevas formas de comisión, como las remesas y las criptomonedas, lo que exige nuevas modalidades en su prevención y combate.
Manifestó que la Unidad de Análisis Financiero indicó que del 2020 al 2021, en Guatemala se duplicaron las transacciones de lavado de dinero, siendo las dos principales causas el dinero proveniente del tráfico de migrantes, es decir, las remesas y, en segundo lugar, las criptomonedas.
“El Salvador es el primer país del mundo que reconoce las criptomonedas, ¿Esto puede ser o no una debilidad para la región? Depende de cómo lo tomemos y afrontemos. Nos toca sentarnos y pensar si es momento de emitir regulación para esto, no simple y sencillamente decir ´se prohíbe´, porque como hemos visto en las estadísticas y estudios, el lavado de dinero a través de estos productos existe, nos toca salir y buscar la forma de regular esto”, recalcó.
Además, mencionó que “la UNAN acaba de hacer un estudio donde hablan que en 2018 se cometieron delitos financieros que alcanzaron un valor de 5.8 billones de dólares, equivalente al 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y una estimación de la ONU apuntaba que solo se confisca el 0.2 por ciento del total del dinero que se lava, no llegamos ni al 1 por ciento”, lamentó.
¿Qué propuestas podrían desarrollarse a nivel nacional y regional para combatir este delito?
“En el ámbito nacional, se necesita fortalecer los marcos legislativos internos, los criterios de autonomía e independencia de las entidades, para esa forma garantizar las adecuadas políticas institucionales en cada entidad, ya sea en la prevención, supervisión o la persecución con toda la independencia que requiere el tipo de combate a este flagelo”, sostuvo Fornos.
“Esto no puede manejarse a nivel país, tiene que manejarse a nivel regional y una primera propuesta sería la de unificar la legislación. La ley de extinción de dominio también puede ser muy útil para combatir este tipo de criminalidad”, indicó Campos.
“Para solucionar este problema tenemos que abrirnos como países e iniciar procesos profundos de investigación para entender cuáles son los problemas. Por ejemplo, una investigación completa solo sobre el tema de criptomonedas, otro solo sobre el tema de remesas, etcétera. Hay que hacer estudios profundos que nos permitan, no solo conocer cuál es el problema, sino que tener soluciones concretas y que participen representantes de los cinco países, tiene que ser un análisis que se haga como región”, enfatizó Gómez.