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La Policía allanó las oficinas de La Prensa el viernes 13 de agosto y desde entonces los oficiales se mantienen dentro del edificio.

Abogados explican qué es la defraudación aduanera y el lavado de dinero, acusaciones que el régimen hace contra LA PRENSA

Según la ley del país, comete defraudación aduanera "quien eluda total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos en la importación o exportación de bienes y mercancías"

Las empresas que no han cometido irregularidades en contra de la Dirección General de Aduanas (DGA) y pueden soportar la procedencia de sus ingresos económicos ante las instancias correspondientes no deben temer a señalamientos relacionados con delitos como defraudación aduanera y lavado de dinero, bienes y activos, pero sí a artimañas políticas, consideran juristas.

A las 5:00 de la tarde de este viernes, oficiales de la Policía a bordo de una camioneta se llevaron varias cajas con contenido desconocido, propiedad del Diario LA PRENSA, luego de que allanaran desde horas del mediodía a este medio de comunicación.

La Policía emitió un comunicado informando que “inició investigación en contra de Editorial LA PRENSA Sociedad Anónima y sus directivos por los delitos de Defraudación Aduanera, Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. Esto sucedió un día después que este Diario denunciara que la DGA le mantiene retenida en sus almacenes fiscales materia prima, entre estas más de 20 toneladas de papel para imprimir el periódico, el cual dejó de circular desde este viernes por la misma razón.

“En cumplimiento de Orden Judicial, equipo técnico de la Dirección de Auxilio Judicial, acompañado de funcionarios de la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), Procuraduría General de la República (PGR) y Ministerio Público realizaron allanamiento y registro en las bodegas de Editorial LA PRENSA Sociedad Anónima, las cuales permanecen bajo custodia policial”, dio a conocer la Policía.

Supuesta defraudación aduanera

El artículo 549, relacionado con la defraudación aduanera y contrabando menor, de la Ley 641, Ley Código Penal, explica que comete defraudación aduanera “quien eluda total o parcialmente el pago de los derechos e impuestos en la importación o exportación de bienes y mercancías cuyo valor sea mayor de cinco mil e inferior a cien mil pesos centroamericanos”, y “será sancionado con multa equivalente al doble del valor del bien o mercancía introducida o exportada”.

La abogada Brenda Arana explicó que la defraudación como tal se da cuando hay un engaño con el fin de evadir impuestos.

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“El concepto de defraudación como tal es engaño, podría ser que se mintió en una póliza cuando se mete maquinaria o material al país. La Policía podría estar investigando si LA PRENSA supuestamente falseó información, la falsedad que puede hacer una empresa es en cuanto a calidad y en cuanto al precio del bien, con el fin de evadir impuestos. Por ejemplo, metemos unos bolsos y en mi póliza aduanera yo pongo que los bolsos me costaron 50 centavos de dólares, cuando el valor real es 2.50 dólares, entonces estoy subvaluando con la intención de pagar menos impuestos”, explicó la especialista del derecho.

Sobre el lavado de dinero

“El lavado de dinero se da cuando no se conoce el origen de los fondos, pero aquí en Nicaragua interpretan a conveniencia la terminología de lavado de dinero, pero mientras se conozca el origen de los fondos no debería tener ningún problema la empresa. Por ejemplo, ustedes compraron materia prima y vendieron un producto, ahí hay una inversión y hay un beneficio. Si yo invertí un córdoba y saco 100 córdobas, entonces se debe a que el negocio es rentable. Mientras una empresa tenga legalmente su contabilidad y esté declarando lo que corresponde al Fisco no debería tener ningún problema”, explicó el abogado Óscar Vargas, experto en Derecho Penal.

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El lavado de dinero es una actividad delictiva que consiste en ingresar fondos de fuentes ilícitas a la economía formal y es una de las formas que usan las agrupaciones delictivas a través de la creación de empresas fachada, agregó.

La Policía agregó —respecto LA PRENSA— que continuará realizando investigaciones y “remitirá expediente a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales”.

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