Escribo sobre este tema pensando en una educación superior impartida por universidades estatales que gocen de plena autonomía, como volverá a ser en Nicaragua en el futuro, o universidades privadas que se proponen la excelencia en su quehacer académico. La autonomía a la que me refiero es la autonomía universitaria responsable, con rendición social de cuentas.
Los procesos de cambio que se dan en la sociedad contemporánea necesariamente influyen en el quehacer de las universidades y de la educación superior en general. A su vez, las exigencias provenientes de la revolución científico-tecnológica impactan las estructuras académicas y les imponen la perspectiva interdisciplinaria, como la respuesta más adecuada a la naturaleza del conocimiento contemporáneo.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la educación superior contemporánea? Puedo mencionar, entre otros, los siguientes:
En primer término, el reto de atender una matrícula en constante crecimiento, sin sacrificar la calidad inherente a una educación de tercer nivel. Las exigencias de la calidad no se contraponen, necesariamente, a la ampliación de las inscripciones, desde luego que la moderna tecnología educativa permite resguardar la calidad y, a la vez, aceptar cantidades cada vez mayores de alumnos. “Mas no significa necesariamente peor, pero sí significa diferente”. La educación superior a distancia está llamada a jugar un papel cada vez más importante en la tarea de enfrentar el reto cuantitativo. De ahí la variedad de experiencias que ya se han incorporado al quehacer de la educación superior actual. Sin embargo, el reto de la democratización educativa no se satisface con la ampliación de las matrículas al nivel superior, pues en realidad la democratización hunde sus raíces en los niveles precedentes de enseñanza. La educación superior de nuestros días sigue siendo el privilegio de un segmento reducido de la población juvenil.
El siguiente es el reto de la pertinencia o relevancia de los estudios. La falta de correspondencia entre el producto de la educación superior, representado por los conocimientos y destrezas de sus egresados y las necesidades sociales, genera las críticas más duras en contra del sistema superior de enseñanza, cuyos costos financieros son cada vez mayores y compiten con los destinados a los otros niveles educativos. La pertinencia no debe juzgarse por su respuesta a las necesidades de un determinado sector de la sociedad. El concepto de pertinencia social es el dominante, es decir, la pertinencia a las necesidades de todos los sectores sociales.
El equilibrio entre sus funciones básicas de docencia, investigación y servicio, es otro de los retos que solo se resuelve si todas contribuyen al logro de su misión fundamental: formar ciudadanos y ciudadanas profesionales dotados del saber y las destrezas adecuadas y, a la vez, contribuir al adelanto, ampliación y difusión del conocimiento. El cabal ejercicio de sus funciones aproxima la educación superior a la sociedad civil y a los sectores productivos. Las relaciones con el sector productivo y, en particular con la industria, representan un campo novedoso y promisorio para las universidades, de mutuo provecho para la Academia y para el mundo empresarial, siempre que no se olvide el carácter de bien social de la educación superior ni se pretenda reducir el papel de la universidad al de un mero eslabón de la economía de mercado y el conocimiento a simple mercancía.
Otro reto clave y de primer orden es el de la calidad. La calidad es un concepto complejo, pues comprende la calidad de los docentes, de los estudiantes, del currículo, de los métodos de enseñanza, de las tecnologías puestas a su disposición, de los recursos didácticos y del ambiente pedagógico. No obstante que la preocupación por la calidad ha estado presente desde los orígenes de las universidades, los conceptos de calidad, evaluación y acreditación de la educación superior son recientes en la educación superior latinoamericana.
Cuando hablamos de calidad, evaluación y acreditación nos encontramos ante conceptos interrelacionados, que no pueden ser abordados separadamente. Hay principios comunes a los procesos de evaluación y acreditación, que podríamos resumir en: a) Respeto pleno a la autonomía; b) Voluntariedad; c) Temporalidad; d) Propósito: mejoramiento de la calidad y no control; e) Prioridad a la acreditación de programas más que de instituciones. Los Sistemas Nacionales de Evaluación y Acreditación deben diseñarse de tal forma que, en última instancia, sea la Academia quien evalúe a la Academia, es decir, que los Consejos Nacionales responsables de administrar el Sistema estén integrados por académicos de alto nivel y de reconocida solvencia. El Estado debe limitarse a avalar las resoluciones que dicten estos Consejos, que deberán de disfrutar de plena autonomía administrativa, financiera y académica.
El reto de mejorar la administración de la educación superior ha conducido a la introducción del planeamiento estratégico como tarea normal de la administración universitaria. A su vez, la “cultura informática” implica la utilización por parte de la educación superior de todos los recursos que ponen a su disposición las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación (NTIC).
Finalmente, cabe aludir al reto de la internacionalización de la educación superior, que es un reflejo del carácter mundial del conocimiento, la investigación y el aprendizaje.
Todos estos retos generan las “nuevas culturas” de pertinencia, calidad, gestión estratégica, informática e internacionalización que, necesariamente, conducen a transformaciones que afectan todo el quehacer de la Educación Superior (misión, organización, estructuras académicas, métodos de enseñanza-aprendizaje, pensum, etc.). Tales transformaciones deben plasmarse, en última instancia, en un rediseño curricular que es el verdadero termómetro para medir el grado de transformación que experimenta una institución universitaria. Puede afirmarse que una universidad es su currículo y la manera en que este se imparte.
El autor es jurista, escritor y académico.
